El Consejo Europeo del pasado 25 de noviembre aprobó el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea y una Declaración Política que enmarca la relación futura entre ambas partes. Un texto que subraya principios como la defensa de la integridad del mercado interior y de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, que definen el proyecto europeo.

Que a esta encrucijada -una de las más complejas de la reciente historia del continente- se le esté dando un cauce razonable de solución desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, el orden en las instituciones y la economía es, en mi opinión, un motivo de satisfacción y tranquilidad. La UE, el Consejo y la Comisión han hecho su trabajo, y el Gobierno británico, también. Quedan los Parlamentos. El lunes 3 de diciembre hemos conocido la decisión del Parlamento británico de aplazar la votación del Acuerdo. Una decisión que no va a hacer cambiar la posición española y europea, porque el Acuerdo es el mejor posible, y no cabe ningún tipo de renegociación. Cabe esperar que en Londres se entienda que el Acuerdo contempla de manera suficiente los intereses de ambas partes y que ha de ser aprobado, porque la alternativa del ‘no acuerdo’ es peor para todos, y una evidencia más de un mundo como el actual, dominado por pulsiones nacionalistas e irracionales.

El reciente informe del Banco de Inglaterra sobre las consecuencias del Brexit para la economía británica (disminución del crecimiento de la productividad, depreciación de la libra, aumento de la inflación y rebaja del crecimiento salarial real) es preocupante, pero las predicciones tampoco son demasiado alentadoras. Tomando como referencia mayo de 2016, justo antes de la celebración del referéndum, las previsiones indican un retroceso del PIB que podría oscilar entre el 1,25% -en un escenario de cooperación, es decir, con acuerdo y salida ordenada-, y el 8,25% -sin acuerdo-; o lo que es lo mismo, una recesión mayor a la sufrida en 2008. Por tanto, sea cual sea el desenlace, el Brexit tendrá consecuencias dolorosas para un país con el que España mantiene lazos estrechos. Hay que tener presente la importancia del mercado británico para las empresas españolas. Más de 300 compañías operan en un país que, según datos de 2017, es nuestro tercer destino de exportación de bienes y servicios, y séptimo proveedor de bienes. Nos movemos entre el primer y segundo puesto en el ranking de inversiones bilaterales. En 2016 el mercado británico fue el segundo destino de las inversiones españolas. Además, es el principal emisor de turistas. Uno de cada cuatro visitantes internacionales proviene de las islas británicas.

En estos meses de negociación, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España hemos dialogado con todos los sectores económicos, hemos escuchado sus preocupaciones y a su vez hemos ido transmitiéndoles de manera periódica a los negociadores europeos. ¿Qué esperaban? Entre otras cosas, el respeto al principio de que un país que se va no puede tener una situación mejor que los que se quedan; la salvaguarda de la integridad del mercado único; que se evitaran las perturbaciones en el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, y un respeto a los estándares laborales, sociales, medioambientales y de ayudas públicas que garantice que la competencia entre las dos áreas económicas sea limpia. En gran medida se ha conseguido. Para los sectores económicos con los que trabajamos de manera estrecha desde el Ministerio, el Acuerdo tiene muchos elementos positivos, tanto en el período inmediatamente posterior a la salida como en lo que se prevé para el futuro en el acuerdo político.

Reino Unido es, y seguirá siendo, un mercado muy relevante para España, y el hecho de que se produzca una salida ordenada que garantice la continuidad el funcionamiento fluido de los mercados y las cadenas de valor es clave, porque el sector industrial y manufacturero tiene en el Acuerdo un marco adecuado para continuar con su actividad exportadora. También es positivo para nuestras empresas con mayor actividad inversora, para nuestros servicios financieros, y por supuesto para un sector vital para nuestra economía, como es el sector turístico. Aunque el Reino Unido abandonará el mercado interior, el Acuerdo recoge los elementos necesarios para que la intensidad de nuestra relación económica se mantenga, con unas reglas de juego equilibradas y equitativas. El escenario de ‘no acuerdo’ perjudicaría gravemente a los operadores económicos, sobre todo a las cadenas de valor con eslabones en el Reino Unido y el continente cuyos productos circulan sin obstáculos entre los centros de producción, ya que, de un día para otro, tendrían que afrontar trámites burocráticos en las aduanas y nuevos requisitos regulatorios que cumplir. Este elemento es relevante para España, dado que el patrón de los intercambios de mercancías se caracteriza por el peso del comercio intraindustrial, de manera particular en los sectores de automoción, componentes o farmacéutico.

En segundo lugar, el acuerdo contempla un período transitorio en el que Reino Unido seguirá aplicando la legislación comunitaria. O lo que es lo mismo, un período de estabilidad normativa para los operadores de ambos lados del Canal de la Mancha. Tiene un valor notable, por ejemplo, para las exportaciones de productos agroalimentarios, bebidas y tabaco españoles a Reino Unido, que suponen casi el 20% del total de las exportaciones de bienes, y en general para todos los sectores sujeto a requisitos regulatorios, como los anteriormente citados.

En tercer lugar, hasta que la Unión Aduanera sea reemplazada por un Acuerdo de Asociación Económica, el acceso a aquel mercado se hará sin aranceles, cuotas ni controles, salvo los lógicos en agricultura y pesca. El nivel de protección del mercado británico frente a terceros países también se mantiene. Productos españoles de sectores en los que Reino Unido no tiene una producción de características similares (por ejemplo, algunos alimentarios) habrían corrido el riesgo de que Reino Unido liberalizara su importación en el momento de la salida.

Por último, se establecen disciplinas a fin de que los estándares que señalaba anteriormente no puedan menoscabarse para obtener ventajas competitivas.

Aunque hayamos construido una confortable ‘pista de aterrizaje’ para gestionar la salida, Reino Unido se va, y en algún momento pasaremos a ser países terceros en un país que tendrá sus propios controles aduaneros, sistema fiscal, licencias, estándares técnicos, etc. Hemos de estar preparados para una nueva situación, en la que las empresas tendrán que familiarizarse con nuevas prácticas y procedimientos aduaneros, nuevos requisitos regulatorios y nuevos actores compitiendo en el mercado británico.

El Gobierno de España ha trabajado en todos los escenarios posibles, colaborando con la Comisión, el Consejo y los demás Estados miembros para proteger nuestros intereses. En este sentido, Pedro Sánchez lanzó este miércoles en el Congreso un nuevo mensaje de tranquilidad e insistió en que las empresas que operan en y con el Reino Unido han de desarrollar planes de contingencia y adaptación, sea cual sea el escenario que finalmente se produzca a partir del 29 de marzo. En esta línea, desde el Ministerio venimos trabajando con los sectores para identificar los potenciales efectos del Brexit, celebrando sesiones informativas en las diferentes Comunidades Autónomas y poniendo en marcha una campaña informativa a través de la Secretaría de Estado de Comercio.

Los elementos del Acuerdo están perfilados en la Declaración Política. Cabe señalar que están en línea con nuestros intereses principales de libre comercio de bienes y servicios, un campo de juego equilibrado en el que no pueda utilizarse la degradación de estándares laborales, sociales, medioambientales o las ayudas públicas para obtener ventajas competitivas, la cooperación regulatoria, y acuerdos aduaneros orientados a reducir la carga administrativa sobre las empresas, sin perjudicar la función esencial de la aduana en la UE de protección del mercado interior. También libertad de inversión. En resumen, una relación intensa, equilibrada en derechos y obligaciones. En esta línea, confío en que Reino Unido siga siendo uno de nuestros principales socios. Como ha señalado el Presidente del Gobierno, los desafíos globales exigen respuestas globales, un proyecto común, más integración, más unión, y no ver la pluralidad como un problema, sino como una fuente de oportunidades y de riquezas de las sociedades.