04/02/201904/02/2019

(Esta publicación forma parte de una serie de cuatro artículos)

Obviar el trecho que media entre la cobertura que la prensa española ha venido haciendo de la «crisis venezolana» y aquello que cabe analizar desde el punto de vista de su adecuación a la realidad histórica o los criterios morales más elementales es algo que requiere de un sutil talento para el autoengaño. Es poco probable que un par de párrafos alcancen a ofrecer una estimación ajustada de esa distancia. Aproximarse a ella resulta en cualquier caso imposible sin un intento de trazar, por una parte, los contornos de la historia reciente de la «lucha por la democracia» en Latinoamérica y, por otra, los de la situación económica y política en Venezuela. Sólo tras perfilar esos contornos resulta razonable echar un vistazo a los principios que rigen aquella cobertura.

La situación política en Venezuela

Chávez gozó de unos índices de popularidad desacostumbradamente altos. Ciertamente, también gozó del favor de la coyuntura: la evolución del precio del petróleo le fue favorable. Ni la tendencia en su último par de años a concentrar excesivos poderes en el ejecutivo ni el peso de la propaganda doméstica y exterior lograron dañar su imagen entre sus bases y se impuso holgadamente en las elecciones de octubre de 2012. Tras la muerte de Chávez, se celebraron nuevas elecciones presidenciales en abril de 2013. Tan siquiera la confluencia de un recrudecido ataque mediático y la mímesis socialista ensayada por una oposición milagrosamente integrada lograron desbancar al heredero de Chávez, aunque su victoria fue mucho más estrecha que las de su predecesor. La oposición reaccionó con violencia a la derrota, tratando desde un primer momento de disponer los medios para alcanzar el poder sin pasar por las urnas. La arremetida de Capriles se prolongaría en la desmedida incitación a la violencia de López, miembro de una de las familias más poderosas de Venezuela.

Con López entre rejas y en medio de una orgía mediática, la oposición volvió a presentarse unida a unas elecciones, esta vez legislativas, en diciembre de 2015. La confluencia de una decena de partidos opositores lograría por primera vez imponerse al partido en el poder. En este punto surgen las tensiones que han conducido a la situación actual. Se denunciaron fraudes en las elecciones de diciembre. Aparecieron grabaciones en las que la secretaria de la gobernación del estado Amazonas compraba paquetes de votos opositores. El Tribunal Supremo declaró en desacato al órgano legislativo a causa de la negativa de éste a acatar su fallo y suspender a los tres diputados implicados. De haberlo hecho, la oposición hubiera perdido la mayoría absoluta cualificada en la cámara. Desde entonces, la oposición se ha negado a participar en las sucesivas elecciones legislativas y ejecutivas, optando en su lugar por el recurso a mercenarios en las calles y eslóganes estridentes en los medios. En este contexto, y aunque la oposición decidió no presentarse a las presidenciales, adelantadas a mayo de 2018, Maduro obtuvo en ellas 6,2 millones de votos, apenas un millón menos que en 2013. Lo curioso de este resultado es que la prensa española continúe incidiendo en la «abstención histórica en Venezuela» en lugar de indicar lo realmente reseñable: que la participación fue tan alta como en las típicas elecciones occidentales a pesar de que no se presentara la oposición.
Los zapatos que asoman bajo la cortina parecen seguir siendo los de López, que, tal y como informa la prensa española, ha conseguido mantener «viva la llama», motivo por el cual «hoy todos reconocen su parte del mérito».

El principio de objetividad y el de relevancia de la fuente

Los medios españoles han recurrido con disciplina militar a dos principios elementales del rigor periodístico para presentar los hechos que superficialmente hemos repasado hasta aquí: el principio de objetividad y el de relevancia de la fuente.

Siguiendo el primero de estos principios, por ejemplo, cuando Obama justifica la imposición de sanciones económicas al «régimen» arguyendo que Venezuela supone una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional» de Estados Unidos, un periodista objetivo ha de limitarse a reproducir con exactitud sus palabras. Apuntar a los obvios motivos por los cuales esa acción viola el derecho internacional, o a los motivos por los cuales semejante afirmación no alcanzan el nivel de la burla hubiera constituido una flagrante violación del principio de objetividad.
En cuanto al principio de la relevancia de la fuente, si el ministro de exteriores británico dice que en las últimas elecciones venezolanas «se impidió la participación de los candidatos de la oposición», un periodista preocupado por la relevancia de sus fuentes debe evitar profundizar en la cuestión contrastando dichas declaraciones con las de, pongamos por caso, un experto independiente para la promoción del orden internacional democrático del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues puede que tenga cosas inconvenientes que decir: «ha habido 27 elecciones en Venezuela desde 1998. Y el Centro Carter fue a Venezuela a observar esas elecciones, y expresó su muy buena opinión del sistema y de las salvaguardas de las elecciones en Venezuela. Entonces, si la oposición realmente se considera democrática, tiene que jugar al juego democrático, y tiene que participar en las elecciones. Sin embargo, ha optado por boicotearlas».

Observando escrupulosamente los señalados principios, los medios españoles se han limitado durante dos décadas a alimentar la clase de propaganda corporativa que cabía esperar de un país cuyas multinacionales –incluyendo las mediáticas, encabezadas por el grupo Prisa– tienen enormes intereses económicos en Venezuela. El espectro de opinión es de este modo tan estrecho que pasar de uno a otro de los cuatro periódicos más leídos del país supone, meramente, deambular por el laberinto de la retórica estridente, la ausencia de fuentes relevantes y la objetividad en la transmisión de notas de prensa estatales o corporativas.

A nadie extraña que los artífices de sucesivos golpes militares y guerras en Oriente Medio y Latinoamérica instiguen una nueva guerra civil. Los periodistas españoles debieran tener la suficiente altura moral como para detestar la idea de hacerse cómplices de las miles de muertes que esa guerra podría causar. Tampoco estaría de más que nos cupiera atribuirles la suficiente altura intelectual como para suponerles capaces de comprender que ello no equivale a «apoyar al ‘régimen’ de Maduro».
Estar del lado de la democracia y del pueblo venezolano puede significar muchas cosas, pero desde luego no puede equivaler a forzar un resultado electoral: «si votáis a nuestro candidato, os levantamos las sanciones». Esta presión exterior para el «cambio de régimen» no sólo es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, sino que ha resultado, una y otra vez, primero en miseria y luego en violencia. Estar del lado del pueblo venezolano sólo puede equivaler hoy a alzar la voz contra su estrangulamiento económico. Los periodistas demócratas contrarios a Maduro deberían aborrecer la idea del «cambio de régimen». Un demócrata votante del PP no puede desear –a menos que renuncie al adjetivo– que el PSOE salga del gobierno en el contexto de la constricción económica y la amenaza militar alemana. Es difícil concebir una idea más absurda, y es triste verse en la necesidad de hacer explícita semejante clase de truismos. Los demócratas contrarios a Maduro pueden –y quizá deban– abogar por un nuevo adelanto de elecciones, escenario nada inverosímil si no estalla una guerra civil. Pero antes deberían sugerir al pueblo español que exija al Estado español la defensa incondicional del derecho internacional, el cese de las amenazas militares y el levantamiento de las sanciones, porque aquel adelanto sólo tendría sentido con «garantías», y es claro que sin estos requisitos previos resulta absurdo hablar de «garantías». Si se defiende que las elecciones de mayo fueron ilegítimas porque no fueron libres, como se ha repetido insistentemente, resulta incomprensible que se suponga que en las actuales circunstancias puedan celebrarse elecciones «libres».

Lo ridículo no es que Maduro haga referencia a las obvias injerencias exteriores, sino que la prensa le ridiculice por su «habitual retórica del enemigo exterior». De hecho, apenas instalada en la Casa Blanca, la administración Trump comenzó a amenazar con intervenir militarmente en Venezuela. Desde el punto de vista de la prensa occidental, estas acciones no resultan reprensibles por su flagrante violación del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, sino porque ponen al gobierno venezolano en bandeja el argumento del enemigo exterior.

La no intervención en los asuntos domésticos de otros países es la base del derecho internacional. La indiferencia de Estados Unidos hacia esta base y todo lo que sobre ella se erige no puede sorprender a nadie con una mínima familiaridad con la historia reciente. Lo sorprendente es que ahora Canadá o los países europeos secunden abiertamente el habitual intervencionismo de Estados Unidos. Es más que probable que ello se deba a razones tan simples como el miedo a verse salpicados por sanciones, guerras comerciales u otras acciones análogas emprendidas por el director de la orquesta. En este sentido, el general canadiense Lewis MacKenzie le explicó en 2004 a Paul Jay que, al enviar sus tropas a Afganistán, su país pagaba en sangre el precio de enviar sus productos a través de la frontera. Si quiere participar en la función, cada instrumentista ha de sentarse en su sitio y tocar su partitura.
Queda implícito en lo antedicho el punto crucial, a saber: que la responsabilidad moral elemental de cualquier periodista consiste en dirigir contenidos verídicos y análisis relevantes a la audiencia apropiada. Informar acerca de las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte no está mal: quizá satisfaga la curiosidad al tiempo que pone al corriente de desgracias acerca de las cuales poco o nada puede hacer el lector español. Resulta por tanto imperioso que nuestros periodistas se pregunten por la utilidad social de dos décadas de denuncias de las «atrocidades» bolivarianas en paralelo al silencio respecto de la sintonía comercial y diplomática que nos une a la democracia modélica de Arabia Saudí, por poner un ejemplo obvio. El lector español tiene cosas extremadamente relevantes que decirle al Estado español acerca del Reino de Arabia Saudita. Respecto de Venezuela, lleva dos décadas siendo bombardeado sin tener nada moralmente relevante que decirle a nadie, excepto ahora, momento en el cual la prensa le invita a la complicidad con la violación del derecho internacional, el estrangulamiento económico del pueblo venezolano y la preparación de una guerra.