Opinion · Dominio público

Guatemala frente a la regresión autoritaria

Luis Guillermo Velásquez Pérez

Politólogo y Profesor Universitario Universidad de San Carlos de Guatemala Piches1993@gmail.com / lgvelasq@gmail.com @Piches_

Durante el primer semestre del año, en el debate público, las elecciones generales del 16 de julio se presentaron como una salida institucional a la crisis política que se había generado a raíz de la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala[1] y de una serie de discrepancias entre el gobierno y la Corte de Constitucionalidad. Estos sucesos profundizaron las fracturas políticas y los discursos polarizantes entre los distintos actores que inciden en la vida pública del país. Al punto de generar un ambiente de “golpe de Estado en cámara lenta” que disminuyó en la medida en que se acercaba el inicio de la campaña electoral.

A pesar de que existe la posibilidad de que se articule una bancada reformista integrada por 20-30 diputados derivado de los resultados parlamentarios del pasado julio, un hecho inédito en los últimos veinte años, las elecciones dejaron de representar una salida institucional a la crisis cuando fueron rechazadas las inscripciones de Thelma Aldana y Zury Ríos, y se oficializaron las victorias de Sandra Torres y Alejandro Giammattei[2]. Por una simple razón: ninguno tenía el interés de tomar partido en la disputa a favor o en contra de la lucha anticorrupción que la Comisión Internacional y el Ministerio Público han liderado desde 2015. Posiciones que sí habían asumido las candidatas que finalmente quedaron fuera del proceso. Generando incertidumbre frente al futuro inmediato y reforzando un ambiente político de fricción entre regresión autoritaria y normalización democrática que la región centroamericana ha experimentado durante el último lustro.

La segunda vuelta se definió con una abstención electoral del 57% y estuvo marcada discursivamente por los valores tradicionales, el empleo, la seguridad y, en menor medida, por la continuidad de la lucha contra la corrupción, pero desde comisiones nacionales centralizadas. En ese contexto, Torres, de tradición socialdemócrata, optó por dar un giro conservador y disputar los votos de los que irían a las urnas movilizados por la Iglesia o por los líderes comunitarios. Una lección que le dejó su derrota en 2015 cuando le apostó a un segmento progresista que prefirió quedarse en casa. Pero asumió un riesgo que la llevaría a su derrota porque sus alianzas con los grandes caciques resultaron siendo volátiles y dependientes de las elecciones locales y porque una buena parte de su “antivoto” continúa residiendo en el votante urbano conservador. Giammattei, cercano a viejos grupos militares, acudió a las alianzas territoriales con alcaldes recién electos y le apostó a quedarse con la estructura política del partido de gobierno.

Esta búsqueda de votos en el mundo conservador los posicionó públicamente a favor de la familia tradicional y en contra de los derechos LGBTIQ+. Pero también los llevó a enviar mensajes autoritarios. Torres ofreció militarizar la seguridad ciudadana y Giammattei a tener “tolerancia cero” con las manifestaciones y los bloqueos. En medio de estos discursos homogéneos, la diferencia más visible entre ambos[3] fue durante la última semana cuando difirieron respecto al “Acuerdo Tercer País Seguro” que firmaron los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, cuyo propósito es convertir al primero en una especie de campo de concentración para migrantes centroamericanos durante el tiempo en el que realizan su solicitud de asilo en el país norteamericano.

Giammattei se enfrenta a un panorama de gobernabilidad complicado porque está forzado a modificar la correlación de fuerzas en las cortes y negociar con un mayor número de bancadas para darle viabilidad a los proyectos que trasciendan del ejecutivo. Pero confiado en la capacidad de renovación y adaptación del status quo. Su victoria terminó de cerrar la ventana de oportunidad que abrió la lucha contra la corrupción[4] por medio de una contienda electoral que olvidó la crisis, la obvió, se la saltó, como si nunca hubiera existido. Dejando de ser una salida para convertirse en la vía para reconfigurar el problema de la captura de la democracia, el mercado y la institucionalidad pública en un escenario geopolítico de crecientes crisis económicas, políticas y migratorias. Y, que, seguramente generará otro tipo de crisis nacional y regional en el futuro. No hubo reforma ni restauración, pero sí se abrió el camino para la reconfiguración cooptada del Estado. Guatemala amanece mañana más cerca de Honduras y Nicaragua que de El Salvador y Costa Rica.

NOTAS
[1] El mandato culmina el 3 de septiembre por decisión unilateral del gobierno guatemalteco.
[2] Candidatos que disputaron la segunda vuelta electoral el domingo 11 de agosto.
[3] Sandra Torres se opuso. Mientras, que, Alejandro Giammattei declaró que no le había encontrado ningún problema.
[4] Entre 2009 y agosto de 2018, la CICIG y el MP habían presentado ante el organismo judicial más de 82 tramas de corrupción, identificaría más de 60 estructuras, procesaría a más de 650 personas, propondría 34 reformas legales y lograría la condena de más de 200 personas.