Dominio público

Pongan punto final a la ley Montoro

Ricard Vilaregut

Doctor en Ciencia Política. Ejerció de coordinador de gobierno en el ayuntamiento de Badalona en el periodo 2015-2018

Dolors Sabater

Exalcaldesa de Badalona en el periodo 2015-2018, actualmente es concejal en la oposición del Ayuntamiento badalonés, y presidenta del Grupo Municipal Guanyem Badalona en Comú.

En diciembre de 2013, en plena crisis económica, con miles de desahucios y el paro desbocado, el Ministro de economía del PP aprobó "una nueva Ley de Bases de la Administración Local, que constituía un instrumento adecuado para que nuestros gobiernos locales afronten los complejos retos que les presentan los albores de siglo XXI ", pero que por encima de todo se aprobó para dar cumplimiento estricto al nuevo artículo 135 de la constitución del estado, aprobado por PP y PSOE dos años antes para alcanzar la estabilidad financiera que le reclamaba Europa. El mismo artículo inspiró su otra ley, la Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, reiterada en este nuevo supuesto "instrumento adecuado para los gobiernos locales" para asegurar su cumplimiento.

Se las llama Leyes Montoro y son más de dos, pero todas buscan lo mismo y recortan servicio público.  La más conocida es Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local - más conocida como la LRSAL- y si queremos unos Municipios que puedan responder a las necesidades de la ciudadanía, hace falta  derogarla cuanto antes sea posible. Es una urgencia de primera necesidad. Pasados ??5 años de aplicación de la LRSAL, podemos reafirmar que la Ley Montoro es un instrumento que ahoga administrativa y económicamente a los municipios, y a pesar que unos cuantos de sus artículos han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional tras una lluvia de recursos, la ley sigue ejerciendo un efecto más que perverso contra el mundo local. Y por tanto contra los vecinos y vecinas de todos los pueblos y ciudades.

La LRSAL, una ley de amplio contenido organizativo, no esconde su verdadero objetivo, que podemos ver apenas al inicio del preámbulo. Encontrar allí el verbo "consagrar" certifica la amenaza: "La reforma del artículo 135 de la Constitución Española (...) consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas. ( ...) exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la administración local así como mejorar su control económico-financiero." Es importante advertir que la Ley podría llegar a engañarnos cuando pretende aportar mejoras organizativas. Porque en la diagnosis de las principales problemáticas de los gobiernos locales detecta carencias plausibles, como el solapamiento de competencias entre gobiernos locales y el resto de administraciones públicas por la existencia de demasiados niveles de gobierno, la ineficiencia en la gestión, las duplicidades en las prestaciones de servicios, la existencia de algunas estructuras desproporcionadas, poco productivas y poco eficientes... pero sobre todo nos podría llegar a seducir porque habla con vehemencia de hacerle la vida imposible a la corrupción. Todo muy correcto. Pero evidentemente, como quien no quiere la cosa, también habla de incumplimiento en la consolidación fiscal y de estabilidad presupuestaria.

Y en qué objetivo la LRSAL ha focalizado todos sus esfuerzos? Efectivamente, en el último, el que habla de incumplimiento en la consolidación fiscal y la necesidad de estabilidad presupuestaria, a base de no dejar invertir, no dejar contratar personal, poner mil y una trabas burocráticas que hacen imposible ejecutar el presupuesto anual ordinario. Y como todo lo que no se gasta va para pagar deuda y rebajar déficit, los municipios se convierten en la principal fuente extractiva para conseguir acabar con la deuda del estado. Su propósito, hacer la vida imposible a los ayuntamientos y ponerles muy, pero que muy difícil que gasten. El nuestro, que hace falta acabar con esta ley, con estas leyes, para poder poner la política al servicio de la vida.

Montoro consiguió lo que quería: que los municipios fueran el instrumento para sanear las arcas del estado, al mismo tiempo que avanzaba con un objetivo de fondo: debilitar y desprestigiar la administración pública en general y a los gobiernos locales en particular, provocar de facto la externalización de servicios, y despolitizar la política local, reduciéndola a un espacio de representación simbólica. Precisamente a la administración de más proximidad, que conoce mejor que nadie las necesidades de sus vecinos y vecinas ... y que recibe también sus presiones, y lógicas exigencias. La crisis como excusa y oportunidad para implementar agenda neoliberal. Doctrina del choque en estado puro. De manual.

Porque en esta auténtica caja negra de la LRSAL, la arbitrariedad de los cuerpos de intervención del estado en la aplicación de la regla de gasto, se encuentran actualmente atrapados los concejales, alcaldes y alcaldesas de los gobiernos locales, impotentes ante una ley estatal que no les deja hacer el trabajo, encajando, como pueden, las quejas de una ciudadanía que no acaba de entender que no se arreglen, con más diligencia, calles, equipamientos, escuelas, etc. o si entender porque no se desarrollan políticas públicas con planificación a largo plazo. Por no hablar de unos trabajadores públicos enterrados en papeleo burocrático, cada día que pasa con más trabajo, menos recursos, y más estigmatizados. Precisamente lo que quería Montoro.

Cierto que algunos ayuntamientos han conseguido dominar la bestia y desobedecer con medida la ley en beneficio del bien común: han planificado la secuencia de un año de superar el techo de gasto para no tener que recortar servicios con dos años de plan de ajuste, consecutivamente, y lo han hecho con plena conciencia, con valentía política y un gran esfuerzo de ejecución. Pero no son la mayoría. Cuando el plan de ajuste es una imposición no prevista y única medida contra la intervención estatal de las finanzas locales, quien lo padece es la ciudadanía. Estamos hablando de recortes, recortes y más recortes.

Sin duda que un diseño institucional que ya de entrada relega el municipio a un papel subsidiario y la propia casuística de cada municipio también son factores relevantes que explican los problemas en la capacidad operativa de los ayuntamientos, pero la derogación de la LRSAL y su sustitución por otra ley que realmente facilitara la tarea de los ayuntamientos para dar más y mejores servicios públicos a la ciudadanía, ayudaría mucho. No olvidemos que el municipio es donde se desarrolla y sostiene la vida cotidiana de las personas, donde aterrizan las consecuencias de las decisiones políticas y técnicas que se toman en las otras administraciones. Los municipios no tienen ni voz ni voto en la política de cuantificar económicamente pensiones o prestaciones a la dependencia, por ejemplo, pero atender las desigualdades y la vulnerabilidad que provoca su escasez sobre los cuerpos y las vidas de las personas que las padecen es responsabilidad municipal. Y así todo. Hablamos del derecho a la vivienda? Es una relación inversamente proporcional entre quien tiene el poder y los recursos y quién tiene el reclamo para el cuidado y la dignidad de la vida en cada esquina, en cada camino, cada plaza, calle, barrio o aldea.

En 2017 el Tribunal Constitucional, en respuesta al recurso más potente interpuesto ya en 2014 contra LRSAL -secundado por casi 3.000 ayuntamientos, entre ellos casi la totalidad de los catalanes- declaró extinguido el principio de conflicto en defensa de la autonomía local que establece la Ley Orgánica 7/1999 y según el cual los entes locales, podían impugnar las leyes o normas con rango de ley del Estado y de las Comunidades Autónomas que lesionan la autonomía local constitucionalmente garantizada. Un duro golpe  contra la autonomía local. Hay que revertirlo.

Ahora que hay negociaciones para formar un gobierno en el estado, es el momento de hacer un llamamiento a los partidos con representación en el Congreso para que lo pongan sobre la mesa. Es una urgencia, una prioridad. Los miles de cargos electos locales lo celebrarán, y lo más importante, la ciudadanía lo notará en la mejora de su vida diaria. Deroguen la ley Montoro. Punto y final, por favor.