Dominio público

La infancia no puede acabar siendo la víctima más desamparada de la pandemia

Joaquín Nieto

Director de la Oficina de la OIT para España

Un niño sirio trabaja en un taller en Estambul. REUTERS / Murad Sezer
Un niño sirio trabaja en un taller en Estambul. REUTERS / Murad Sezer

152 millones de niñas y niños en el mundo se encuentran en situación de trabajo infantil, arriesgando su bienestar, su salud y su futuro. Se trata de una realidad absolutamente inaceptable. Erradicar con el trabajo infantil es un compromiso de la comunidad internacional que se ha comprometido a eliminarlo completamente para el año 2025 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el objetivo de acelerar el proceso la Asamblea General de Naciones Unidas decidió declarar 2021 Año Internacional para la erradicación del trabajo infantil.

Los esfuerzos para reducir el trabajo infantil han dado resultados desiguales. En lo que va de siglo el número de niñas y de niños atrapados en el trabajo infantil se ha reducido en un tercio. Pero algunas regiones del mundo han logrado mejores resultados. En América Latina y el Caribe se redujo en casi la mitad, pasando de 20 millones a 10,5 millones. Los datos demuestran erradicar el trabajo infantil es posible, pero necesita un esfuerzo mayor.

Los mejores resultados latinoamericanos indican también que la reducción de la pobreza, la protección social y la escolarización, junto a buenos programas que incluyan el diagnóstico e identificación de situaciones vulnerables y medidas específicas de erradicación, son muy útiles. Sobre todo si se realizan a través del diálogo social tripartito entre gobiernos empleadores y sindicatos. Esos son los ingredientes de la ‘Iniciativa regional América Latina y el Caribe libres de trabajo infantil’, liderada por la OIT en la que están comprometidos una treintena de gobiernos y decenas de organizaciones de trabajadores, empleadores y de la sociedad civil; así como diversas agencias de cooperación que financian estos programas en representación de las instituciones públicas que representan. Es el caso del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Madrid,  quienes desde hace años viene contribuyendo a sostener los programas de erradicación del trabajo infantil en América Latina. En esta ocasión, como en otras, el dinero de los contribuyentes, dedicado a una causa justa, está consiguiendo resultados tan éticamente compartidos como lograr que la infancia sea una edad para la escuela y para los juegos, no para la explotación laboral y el sufrimiento.

Ahora, en tiempos de pandemia, a los factores socioeconómicos tradicionales que favorecen el trabajo infantil, se suma un riesgo asociado: el cierre temporal de las escuelas para detener la extensión de la COVID-19. Esta interrupción de la actividad educativa tendrá efectos en el aprendizaje, especialmente de los más vulnerables, pero también en la seguridad alimentaria, y en la participación de los padres y, especialmente, de las madres en el mercado laboral.

Los efectos más perjudiciales y de más largo plazo serán para quienes se encuentren en hogares pobres y en lugares con un menor desarrollo socioeconómico, ya que el acceso y la capacidad de la atención sanitaria son más limitados y el impacto económico de la crisis podría ser mayor debido a las desigualdades socioeconómicas. Aquellas familias bajo una mayor presión económica, podrían verse obligadas a recurrir al trabajo de sus hijos e hijas buscando así paliar la pérdida de ingresos debido a la pérdida del empleo. En este contexto, la OIT  considera que niños, niñas y adolescentes deben estar más que nunca en el centro de las prioridades de las medidas sociales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

Las niñas y niños atrapados en el trabajo infantil no pueden acabar siendo las víctimas  más desamparadas de la COVID-19.  La OIT es consciente de que todos los países han sido golpeados por la COVID-19 en su economía y en su empleo y que tendrán que dedicar recursos extraordinarios a su propia reconstrucción. Pero que la pobreza en cualquier país del mundo pone en riesgo la prosperidad de todos. Por ello en cualquiera de las circunstancias habrá  que proteger a la infancia en todos los países del mundo y habrá que seguir la senda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la cooperación internacional para alcanzarlos. Mantener en los programas de reconstrucción la financiación de la cooperación al desarrollo, e incluso incrementarla, es ahora más necesario que nunca, para que programas como los dedicados a la erradicación del trabajo infantil no decaigan. La infancia no puede acabar siendo la víctima más desamparada de la pandemia.