Según el CIS, el 84 % de los españoles están a favor de la promulgación de una ley de eutanasia que garantice la libertad de conciencia de las personas a morir cuando ellas decidan. La ley es un avance civil de hondo calado y aunque podría ser mejorada en algunos aspectos, tal y como indica la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), es un avance civilizatorio en nuestro país como lo ha sido la despenalización del aborto, la ley de matrimonio igualitaria o el divorcio. En gran medida, esta ley es tributo del activismo de la Asociación DMD y de su presidente, por años, el Dr. Montes, quien fuera objeto, en vida, de una inmunda campaña azuzada por el episcopado y replicada por el fanatismo católico en complicidad con el Partido Popular.

Pero si en España, al igual que en otros muchos países, todos estos derechos (matrimonio igualitario, divorcio, eutanasia, igualdad de la mujer etc.),  se han retrasado tanto es por la injerencia de las iglesias y  particularmente del catolicismo en la moral pública. La iglesia católica española se ha arrogado el derecho de modelar la moral publica en base a sus creencias particulares y aun hoy es el día en que intenta injerir en la política para imponer esa moral católica.

Lo hemos visto recientemente cómo el Congreso de los Diputados, en la tramitación de la mini reforma educativa, se ha plegado a los intereses de la Iglesia católica en la educación, sancionando la financiación publica de los colegios católicos y garantizando el adoctrinamiento de los menores en nuestro sistema educativo, tanto público como privado.  Además, ha utilizado todo esto, en los últimos tiempos, como moneda de cambio para mantener sus privilegios económicos y sociales.

Ocurrió con  la ley de divorcio exprés y ley de matrimonio igualitario donde el gobierno de  la época tuvo que elevar la asignación tributaria a la Iglesia católica, del 0,5% al 0,7%, para garantizar que la iglesia no hiciera tanto ruido y ahora mismo, mucho nos tememos, que también el Gobierno esté entresijos  ya que las conversaciones que lleva adelante la vicepresidenta del Gobierno, en total oscurantismo, con la Iglesia Católica podrían significar muchas concesiones para garantizar cierta discreción de la Iglesia Católica ante esta ley de eutanasia o en la ley trans.

En efecto, al   igual que cuando el divorcio exprés y el matrimonio igualitario se pagó el óbolo de la elevación de la asignación tributaria, ahora parece ser que vamos a pagar algo mucho más importante: vamos a ceder el patrimonio de raíz religiosa a la Iglesia Católica que, actualmente, como dice el escritor Julio Llamazares está secuestrado por esta institución.

Como sabemos, las inmatriculaciones de miles de bienes inmuebles  por la Iglesia Católica, incluido todo el patrimonio histórico de raíz religiosa, ha constituido un expolio sin precedentes y el Gobierno en vez de dar una salida  que restituya todos estos bienes a su situación anterior al expolio , esta negociando sotto voce un latrocinio que será digno de estudiar en la historia de los saqueos patrimoniales; también mantener el vergonzoso concordato de 1979 con la Iglesia Católica, parece ser que ha entrado en el lote. Es como si la sociedad civil, al avanzar en sus derechos en la legislación, tuviera que expiar sus pecados dando un óbolo a la Santa Sede.

La ley de eutanasia es un avance civil que no debiera costarnos nada ni debiera ser negociado a base de mantener tal o cual privilegio del catolicismo y de ello también era muy consciente el Dr. Montes al que hoy rendimos tributo y recuerdo.