Dominio público

El caso Trudeau: lecciones de un fallido adelante electoral

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante un discurso de la campaña electoral.- AFP

El control de los ciclos electorales es la espada de Damocles de las democracias. La capacidad de disolver cortes y adelantar elecciones es tremendamente tentadora, pero como para el cortesano del tirano siracusano, no deja de estar condicionada por un peligro inminente. Los análisis coyunturales pueden envalentonar a muchos líderes políticos a jugar con el tempo político para intentar librarse de peores momentos venideros o recoger el apoyo popular antes de que este se disipe. En definitiva, con el objetivo de maximizar las probabilidades de reelección. Sin embargo, la historia reciente nos muestra que no siempre se obtienen los resultados esperados.

A mediados del agosto pasado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sorprendió a sus compatriotas con el anuncio de unas elecciones anticipadas más de dos años antes de su convocatoria natural. La decisión estuvo motivada por elementos muy claros. Desde el estallido de la pandemia todos los sondeos y proyecciones vaticinaban una cómoda mayoría absoluta para su partido, el Partido Liberal, quitándose las ataduras de una mayoría simple que desde el 2019 le obligaba a buscar consensos con el progresista Nuevo Partido Demócrata o con el nacionalista Bloque Quebequés.

 

Además, la ausencia de una figura alternativa en una derecha canadiense derrotista y fracturada, así como de un importante empoderamiento del propio Trudeau en el último año facilitaban, a priori, todavía más la decisión de acabar con la legislatura. Anuncio, campaña y elecciones en cuatro semanas. Mayoría absoluta y hasta 2025. A pesar de ello, la aritmética simple o las decisiones fáciles no siempre se dan en política.

Se puede dar, por tanto, una de las peores situaciones en política: que las necesidades del dirigente sean opuestas a las de la sociedad. Trudeau quiere unas elecciones que su propio país no ve necesarias. Su probabilidad de mayoría absoluta se ha evaporado, los sondeos le colocan a la par del Partido Conservador y su figura se ha visto duramente dañada en tan solo dos semanas. Signo de nuevos tiempos: hoy la población canadiense se muestra dividida al ser demandada por su primer ministro favorito entre el saliente Trudeau y el incipiente conservador O’Toole. La agenda que quería instalar el todavía primer ministro canadiense (ampliar sus poderes) ha tornado en una cuestión de supervivencia. La espada de Damocles pende sobre su cabeza.

La situación actual de Canadá no es el único caso de elecciones anticipadas que se vuelven contra los propios dirigentes que las convocan. La tentativa de Teresa May en 2017 como una suerte de plebiscito de cara a las negociaciones del Brexit es otro ejemplo. También la convocatoria de Syriza en 2015 en plenas negociaciones con la Unión Europea. Incluso las del PSOE en 2011 y 2019. No obstante, también abundan los casos donde esta decisión ha servido para obtener reelecciones o maximizar el apoyo electoral, como en la repetición del 2016 en España para el Partido Popular o la repetición que llevó a cabo el propio padre de Trudeau, Pierre Trudeau, en 1974.

Independientemente del resultado, la cada vez mayor información que cuentan los gobiernos sobre los posibles escenarios futuros convierte todavía más si cabe el adelanto electoral en un mecanismo atractivo. Sin embargo, por distintos estudios sabemos que los comicios anticipados tienen varias consecuencias negativas para la calidad democrática que van desde el hartazgo político hasta el cabreo, pasando por una reducción de la participación electoral. Precisamente el cabreo ciudadano ha sido el principal encargado de trastocar las ambiciones de muchos primeros ministros en sus intentos de aumentar poder llamando a las urnas antes de tiempo. Distintos estudios que han examinado elecciones anticipadas precisamente en Canadá mostraron cómo el resentimiento fue una consideración determinante para la ciudadanía, conllevando abstención o voto a la oposición.

El castigo, por una interpretación de elecciones interesadas o no-democráticas (por no corresponderse con su ciclo natural), puede acabar con toda ambición política. También en España, donde la duración de la actual legislatura es una incógnita desde que la misma comenzó su andadura. A pesar de los desaires de las distintas partes del gobierno de coalición, la realidad es más unívoca: todo dependerá del momento y de la decisión de Pedro Sánchez.

La aparente vuelta a la normalidad, con un proceso de vacunación enormemente eficiente y un dinero europeo a la vuelta de la esquina, parecen imposibilitar cualquier adelanto próximamente. Una coalición en minoría, un conflicto catalán todavía en gestión y unas fuerzas gubernamentales significativamente deterioradas a consecuencia de las elecciones madrileñas son indicios más que suficientes para creer que de todas las elecciones posibles que habrá en 2022 (andaluzas, valencianas) las generales no estarán entre ellas. La recta final que supondrá 2023, no obstante, sí abre más dudas al respecto.

Si finalmente coinciden calendarios y acudimos a una super-cita electoral en mayo, como ya ocurrió en 2019 con europeas, municipales y autonómicas, la tentación puede ser difícilmente resistible para el cabeza de gobierno. En un escenario no excesivamente optimista, donde la izquierda conservara el poder territorial que actualmente tiene, restando pequeños oasis como Madrid, Murcia o Andalucía para la derecha, un adelanto que intente recoger estos frutos es más que probable. La cuestión radicará en una excusa que no levante animadversiones que puedan acabar con esta ventaja. Si en 2019 las generales instalaron un marco tremendamente favorable para el PSOE de cara a municipales y autonómicas, en 2023 podría optarse por una estrategia inversa; construir marco de reelección nacional para asentar territorios.

La coalición está aproximándose a la edad promedio que la literatura especializada indica que tienen los gobiernos de coalición en minoría en las democracias parlamentarias (600 días globalmente, poco más de dos años en las autonomías de España), lo que puede ser señal de una incipiente marea política. Una inestabilidad que solo se consumará si a) las posibles ganancias en un adelante electoral superan a los posibles inconvenientes y si b) se encuentra una buena justificación. La correlación de debilidades en la que están insertas las fuerzas de gobierno dificulta que, en caso de hallarse la segunda condición se pueda dar la primera. Dicho de otra forma, acudiremos a las urnas si el PSOE se ve capaz de la reelección, que en un escenario multipartidista implica que este no descuide la salud de sus fuerzas aliadas (Unidas Podemos, Más País). El sistema electoral español es oscuro y puede albergar horrores.