En el Boletín Oficial del Estado ha aparecido publicada la Orden JUS/70/2022, de 25 de enero "por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Marquesa de Torroja a favor de doña Ana Torroja Fungairiño". Con la firma de la ministra de Justicia, Pilar Llop, no sólo se lleva a cabo la renovación de algo tan anacrónico y medieval como un título nobiliario sino que se ratifica, en plena democracia, una decisión tomada y firmada por un dictador, responsable de numerosas violaciones de derechos humanos.

Más allá de los méritos profesionales de Eduardo Torroja, abuelo de la cantante que ahora es marquesa, a quien Franco concedió el título de manera póstuma, la gravedad del hecho es la obediencia, en democracia, de un decreto firmado por un dictador. El BOE del 2 de octubre de 1961 publicaba el decreto 1762/1951 de 1 de octubre, día del aniversario del ascenso de Franco a generalísimo de todos los ejércitos y autodecidido por el propio golpista como Día del Caudillo. En él se concede el "Título del Reino de Marqués de Torroja" al ingeniero Eduardo Torroja "que consagró su vida a la investigación, a la docencia y la realización de importantísimas obras públicas en nuestra patria, a la que entregó todas sus actividades y enalteció su prestigio".

Durante décadas de recuperada democracia, los gobiernos han renovado títulos nobiliarios concedidos por Franco. Sucesivos ministros de justicia firman las expediciones del título sin hacer valoraciones políticas acerca del significado que tiene que una democracia ratifique un honor otorgado por la voluntad de un dictador. Nunca se plantearon revocarlos o, como debería ser, acabar de una vez por todas con la participación de un Estado moderno en la validación de la existencia de "nobles", algo que vulnera los principios igualitarios Constitucionales e incrusta en nuestra democracia comportamientos medievales.

Fue en el año 2009. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, firmó la renovación del título de Duque de Mola. Y entonces comenzó a denunciarse su existencia. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunció públicamente la asunción de la decisión de un dictador y el hecho de que una democracia renueve decretos redactados por un dictador. También fue preguntado el Gobierno, sin que diera respuesta, si alguno de los títulos franquistas había mantenido en democracia las exenciones fiscales que les otorgó el franquismo.

Cuando este Gobierno llegó a la Moncloa y comenzó a comunicar sus futuras medidas en materia de memoria democrática, anunció que eliminaría los títulos nobiliarios creados por el dictador. Después de esa afirmación aparecieron matices y se supo que algunos de los títulos otorgados por el Caudillo serían mantenidos cuando las personas que recibieron esos honores no hubieran participado de manera directa en la represión franquista.

Cuando el BOE con fecha de 8 de febrero de 2022 llevaba en sus páginas la orden de expedir la renovación del título de Marquesa de Torroja, en favor de la cantante Ana Torroja, el Gobierno dejó clara su decisión de asumir algunas de las decisiones del dictador en materia nobiliaria.

La discusión acerca de estos títulos y de estas supuestas noblezas no es la calidad del trabajo del ingeniero al que se reconoce. Se trata de dos cosas; por un lado, valorar y juzgar el colaboracionismo con una dictadura y considerarlo lícito o ilícito. El enaltecimiento de la patria a la que alude Franco en la concesión del título fue el fortalecimiento de un Estado fascista, sostenido sobre miles de cadáveres y una violencia ejercida con mano de hierro desde su creación hasta su disolución. Desde esa perspectiva cabe preguntarse si ha verificado el Gobierno que ninguna de las obras del ingeniero, que obtuvo su marquesado de la mano del dictador, fue realizada con mano de obra esclava de presos políticos, algo muy común en la posguerra.

En una democracia fundada sobre la derrota del fascismo cualquier título o distinción otorgada por los fascistas sería en primer lugar una prueba de colaboracionismo.

Por otro lado, está la adopción en democracia de una decisión tomada por un Caudillo. Que un dictador haya señalado a determinados personajes como merecedores de un reconocimiento especial sólo puede considerarse una decisión arbitraria, legitimadora de su gobierno y a todas luces antidemocrática. Desde esa perspectiva no es admisible que un Gobierno constituido en una democracia acepte como propio el reconocimiento otorgado por la mirada, la conveniencia y el capricho de un dictador. Se renueva un título nobiliario en un país en el que siguen en las cunetas miles de personas que demostraron su nobleza democrática al oponerse a un golpe de Estado y tratar de impedir la construcción de una dictadura. Se valida la decisión tomada por Franco en un tiempo en que muchos ingenieros tuvieron que exiliarse por defender la democracia, fueron apresados por los mismos motivos o vivieron la depuración del régimen que les impidió ejercer su profesión para el resto de sus vidas.

Cada vez que Eduardo Torroja se presentaba a un concurso no competía con un buen número de ingenieros que tenían prohibida su concurrencia al estar perseguidos, exiliados o represaliados lo que claramente suponía una ventaja para aquellos que estuvieron en connivencia con el régimen fascista en contra de quienes defendieron la legalidad democrática.

Con este gesto que renueva el título de la Marquesa de Torroja, el Gobierno pisotea la memoria de todos aquellos hombres y mujeres que no pudieron desarrollar sus vidas y sus profesiones con libertad. El Estado democrático asume decisiones de un dictador y ratifica los premios que otorgó a quienes colaboraron con su régimen. Se trata de un problema sencillo de resolver.

La Constitución Republicana de 1931 abolió los títulos nobiliarios en su Artículo 25; "No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios". Eso debería hacer este Gobierno terminar con esa política medieval y terminar con el colaboracionismo del Estado en la existencia de "la nobleza", que debería ser un club privado en el que sus miembros se titulen como les apetezca, sin que esa absurda distinción reciba la participación notarial del Estado.

Pero, viendo que este Gobierno no pretende sacarnos del siglo XIX en esas cuestiones, sí se le debe exigir que, en el marco de sus políticas de memoria, se anulen y extingan todos y cada uno de los títulos nobiliarios otorgados por el dictador, que deben ser anulados sin matices ni excepciones. También los concedidos por Juan Carlos de Borbón a la familia Franco y a otros personajes que colaboraron con él en la construcción del terror.

Un gobierno democrático tiene que rechazar los actos de un dictador. Un gobierno que quiera fortalecer y consolidar las libertades y los derechos debería reconocer a los ingenieros que fueron leales a la democracia, no abrazaron la dictadura y por no aceptar el ejercicio del poder franquista fueron represaliados y perseguidos. Esos sí que fueron nobles.