Dominio público

España cede al chantaje de Marruecos y apoya, ya sin disimulo, la ocupación militar del Sahara Occidental

Juan Soroeta

Profesor de Derecho Internacional Publico de la Universidad del País Vasco

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante una sesión de control al Gobierno en el Senado. E.P./Jesús Hellín
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante una sesión de control al Gobierno en el Senado. E.P./Jesús Hellín

Todo parece indicar que la publicación de esta carta responde en realidad a una jugada más de la diplomacia marroquí. Aunque a estas alturas uno llega a pensar que todo es posible, no parece mínimamente sensato pensar que en plena guerra en el corazón de Europa nuestro país pueda dar un paso tan torpe como grave en relación con un conflicto que dificulta permanentemente sus relaciones internacionales con el vecino del sur. Seguramente se trata de una filtración realizada por la diplomacia marroquí de un documento que debía quedar en el ámbito estrictamente secreto de las relaciones bilaterales. Pero en realidad no es nada nuevo. Desde hace décadas España y la Unión Europea vienen pagando a Marruecos religiosamente el impuesto revolucionario a través, entre otras vías, de los acuerdos de libre comercio y de pesca, o de "aportaciones voluntarias" como la que el gobierno español llegó a hacer cuando Marruecos se pavoneaba públicamente de abrir las puertas de las vallas de Ceuta. Era un equilibrio difícil, pero mal que bien se mantenía.

El reconocimiento por Trump de su soberanía sobre el Sahara Occidental animó al gobierno de Marruecos a apretar las tuercas a España y a la Unión Europea para que hiciera lo propio. En un principio, España se opuso. Con González Laya en el Ministerio de Exteriores, se negó a convertir la Oficina de los Intereses españoles en El Aaiún, que ejercía las veces de consulado oficioso español, en consulado de España en Marruecos. Esta decisión y la de acoger a Brahim Ghali en España, que ingresó en estado grave en un hospital de Logroño, le costaron el cargo a la ministra. Pese a la imagen pusilánime que una vez más daba nuestro país ante el mundo, nadie se inmutó.

Pero lo más sorprendente del contenido de este correo diplomático es que el contexto internacional actual deja en evidencia a nuestro Gobierno. Hace tan solo unos días, Pedro Sánchez decía que la invasión rusa constituía "una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania (…) un ataque frontal a los principios, a los valores que han proporcionado a Europa años de estabilidad y también de prosperidad (…) España comparte con la Unión Europea intereses, pero sobre todo compartimos valores (…) Los valores de la paz, del respeto a la legalidad internacional". Concluía Sánchez afirmando que "estamos comprometidos con la legalidad internacional, y la manera más efectiva de trabajar por esa legalidad internacional es sancionar su violación".

Leer esta declaración y leer a continuación la carta mencionada produce, además de una gran indignación, perplejidad.

Los órganos principales de la ONU (Consejo de Seguridad, Asamblea General y Corte Internacional de Justicia) han reconocido expresamente del derecho del pueblo saharaui a su libre determinación, que debe llevarse a cabo mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que participen los saharauis y solo ellos. Marruecos y el Frente Polisario acordaron un plan de paz en el que se prevé la celebración del referéndum con una pregunta y dos opciones: independencia del territorio e integración en Marruecos. Cuando, después de una década de un interminable proceso de identificación, la ONU hizo pública la composición del censo para el referéndum, ante la evidencia de que, como ocurrió en la inmensa mayoría de territorios sometidos a dominación colonial, la opción independentista iba a vencer de forma abrumadora, Marruecos hizo pública su decisión definitiva de no celebrar nunca el referéndum, después de acusar a la ONU de haber favorecido a los saharauis. Fue entonces cuando propuso el plan de autonomía, que hoy España califica de "solución creíble y realista"… que es lo mismo que decir, que la independencia libremente decidida por el pueblo saharaui no lo es.

La autonomía, institución que, por otra parte, es totalmente desconocida por Marruecos, es una forma de integración. Podría ser una de las opciones en el referéndum, siempre que la otra fuera la independencia. Pero es algo que debe decidir el pueblo saharaui; no España. Lo que ha hecho nuestro Gobierno es apoyar la integración del Sahara Occidental en Marruecos. O lo que es lo mismo, apoyar la violación del derecho internacional. Esa misma legalidad internacional que hace solo tres semanas decía defender. En realidad, España, que sigue siendo la potencia administradora del territorio, no ha cambiado su posición, que ha venido denominando eufemísticamente de "neutralidad activa", porque nunca ha sido neutral; desde que abandonó el territorio ha defendido la ocupación. Lo que acaba de hacer es reconocerlo públicamente, incurriendo en responsabilidad internacional, por contribuir a la consolidación de una violación grave del derecho internacional, como es la ocupación militar. Tan grave en Ucrania como en el Sahara Occidental.