Habrá medidas para contener el precio de los alimentos. Según ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, ya se ha constituido una comisión negociadora interna en el Gobierno donde negociar con la parte socialista la mejor forma para actuar sobre el alza de los precios de los alimentos y de las hipotecas. No es el primer intento por parte de Yolanda Díaz para tratar de poner freno a una subida de precios de los alimentos vertiginosa que está haciendo mella en los bolsillos de gran parte de la ciudadanía.

Mientras los últimos datos del IPC muestran signos favorables por cuarto mes consecutivo, principalmente por la bajada de los precios de la electricidad y del gas, observamos cómo los precios de los alimentos siguen desbocados y ya superan un incremento interanual del 15,4% en España -17,3% en la Unión Europea-. Los sueldos, sin embargo, no han subido lo suficiente como para hacer frente al alza de los precios sin perder poder adquisitivo por parte de la clase trabajadora. Pero, ¿por qué ocurre esto? Básicamente porque en periodos de grandes tasas de inflación, como el actual, las grandes empresas siempre intentan incrementar sus márgenes de beneficios ya que tienen el poder suficiente para hacerlo. De esta forma, son ellas las principales impulsoras de que la inflación siga subiendo.

Según el propio Banco de España, los beneficios empresariales han crecido siete veces más que los salarios en el año 2022. Es decir, las empresas han conseguido trasladar el encarecimiento de los costes a los precios de venta y, como consecuencia, han podido mejorar o mantener su rentabilidad en medio de esta galopante inflación. Tal y como refleja su Central de Balances Trimestral, los beneficios de las compañías no financieras han aumentado un 21% de media hasta el tercer trimestre de 2022, tanto por la recuperación de la actividad económica tras la pandemia como por las subidas de precios.

Siendo ésta la situación actual, y viendo que el Gobierno ya actuó anteriormente contra los altos costes energéticos o del transporte, parece sensato pensar que el siguiente paso lógico sería ayudar a rebajar la inflación en la alimentación y poder garantizar la asequibilidad de una dieta equilibrada y saludable a las familias. En el objetivo debería estar el establecimiento de una cesta básica de la compra. Una iniciativa que retoma la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero que no es nueva. Ya lo intentó en septiembre y, aunque no obtuvo los resultados previstos, sí permitió observar que se podía asumir una reducción de beneficios por parte de las grandes distribuidoras y que existía margen suficiente para, con voluntad negociadora, llegar a un acuerdo entre distribuidores, productores y consumidores.

Este acuerdo que Díaz llevó a cabo en septiembre no hizo gracia dentro del Gobierno de coalición. Ni a propios ni a ajenos. Tampoco Carrefour ayudó lo suficiente. Sin embargo, parece que tres meses después el Gobierno en su conjunto ve con buenos ojos avanzar por la vía prevista por la vicepresidenta. Ya se está trabajando en ello y parece que es una medida que se contempla para el tercer paquete del conjunto de actuaciones anticrisis que será aprobado antes de final de año para entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Una medida necesaria a tenor de los últimos datos ofrecidos por la Fundación Alternativas en su recientemente publicado Informe de la Desigualdad en España 2022, el impacto de la pandemia, donde se constata que un 23% de las familias ha tenido que recortar sus gastos en alimentos desde el inicio de la pandemia -4 puntos más que en 2018-. Asimismo, también ha incrementado el número de personas que reconocen tener que saltarse alguna comida (9,3%), que se han quedado sin nada que comer en la nevera (7%) o que, directamente, pasan o han pasado hambre (6%).

Seguramente habrá a quien no le suene bien la música. Quien diga que no nos preocupemos, que pasar hambre es normal si el mercado así lo dicta y que no hay mayor ley para el beneficio del conjunto de la sociedad que la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, si algo nos ha demostrado esta pandemia es que sin instituciones públicas robustas y un Estado de bienestar que cuide de todos y todas, estamos perdidos. Es por ello que medidas como ésta, que protejan sobre todo a las personas más vulnerables, son más necesarias que nunca. Quizá no estemos acostumbrados a ellas, pero no es más que un acuerdo entre distribuidores, productores y asociaciones de consumidores con el objetivo de fomentar una alimentación variada y equilibrada de calidad en un contexto de volatilidad de precios. Un acuerdo en el que no tenemos nada que perder y mucho que ganar.

Ya se hizo en Francia en el año 2011 cuando el entonces Secretario de Estado de Consumo francés, Frédéric Lefebvre, firmó un acuerdo con los principales representantes de las grandes superficies para poner en marcha la medida Le Panier des essentiels ("la cesta de productos básicos"). Una cesta que consistía en un mínimo de diez productos con al menos una fruta, una legumbre, una pieza de carne, una pieza de pescado, una pieza de queso o un producto lácteo y una bebida. Además, las grandes superficies francesas promovieron la venta de esta cesta en sus supermercados, seleccionaron los precios más atractivos para su composición y renovaban la cesta semanalmente. Y funcionó. ¿Por qué aquí no iba a funcionar?