Dominio público

¿Y si ni siquiera tenemos las preguntas?

Ana Pardo de Vera

No hemos resuelto el asunto sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales cuando estamos debatiendo sobre la imputación y detención en Francia de Pavel Durov, fundador de Telegram, y el cierre de la red social X, antes Twitter, en Brasil por orden del Supremo, y no de cualquier juez, sino de Alexandre de Moraes, símbolo de la lucha judicial contra la desinformación en el país.

El tema de los límites de la libertad de expresión, que a los periodistas nos aterra por razones obvias, sobre todo, porque no todos los políticos y jueces tienen un criterio basado en derechos humanos para tomar las decisiones que les son propias, se ha quedado pequeña frente a las informaciones falsas y manipulaciones que circulan por las redes sociales y que tanto daño hacen a las democracias, por su intencionalidad y por la vastísima difusión que consiguen. Lo de menos, en este momento, parece ser el contenido fake de un tuit o de un canal de Telegram, mientras la preocupación nuclear se va a la intención y la estrategia que amparan los miles de millones de bulos diarios alojados y difundidos profusamente tanto en X como en Telegram, pero también en Tik Tok o Facebook, entre otras.

¿Está Elon Musk, trumpista convencido, detrás de un plan perfectamente organizado mediante algoritmos y otras oscuras herramientas para tratar de convertir las democracias en un sistema que le satisfaga a él y a quien él decida, como argumentan muchos de los análisis que respaldan la decisión del magistrado De Moraes? ¿Puede demostrarse todo esto o la antigua Twitter es tan endiabladamente opaca que resulta imposible saber, por ejemplo, si la difusión de mensajes de odio racista, xenófobo, misógino u homófobo en X está siendo mucho mayor que los mensajes que apelan a los derechos humanos, la igualdad o las libertades fundamentales? Es verdad que desde que Musk se hizo con Twitter, la cloaca de esta red apenas deja respirar y se ha convertido en un medio de propaganda que favorece, sobre todo, a quienes están dispuestos a cargarse las democracias, precisamente, porque no atienden a sus consensos fundamentales. ¿Tienen más difusión los fascistas porque no tienen límites a la hora de atacar o mentir o realmente están organizados, aunque muchos no sean conscientes de que se les está utilizando? ¿Se puede demostrar el plan de Musk, en su caso, y la desigualdad de condiciones que existe en X entre demócratas y antidemócratas o tenemos que hacer un ejercicio de fe en un juez, por muy íntegro que parezca que es? ¿El dueño de X actúa como cómplice potenciando el odio en su red con herramientas ex profeso o lo tolera saltándose las normas democráticas expuestas, por ejemplo, en el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (UE)?

Lo mismo, aunque más allá del terreno de la desinformación, puede una preguntarse sobre Durov y las acusaciones que la Justicia francesa mantiene sobre él: las autoridades galas acusan al consejero delegado de Telegram de negarse a colaborar con ellas en casos de terrorismo, pornografía infantil, tráfico de drogas y lavado de dinero. Todas y todos sabemos que en Telegram, los delitos están a la orden del día: salvando las distancias, como ocurrirá en muchos de los bares de las ciudades, criminales de todo pelaje se citan en esta red para cerrar negocios, menudeo y tráfico de drogas, tramas de trata de personas, tráfico de órganos, pederastia,... Sin olvidar que el funcionamiento de Telegram da pie también a la difusión de bulos, mensajes de odio, estrategias violentas,... ¿Identifica el dueño del bar a esos criminales y hace la vista gorda o colabora con alguna de estas organizaciones que utilizan su establecimiento para cometer delitos tan graves? ¿O simplemente, sabe que los hay -porque habelos, hailos en lo real y en lo virtual-, pero no los tiene identificados?  ¿Y si la Justicia de un país localiza a una organización criminal determinada que va a un bar, por ejemplo, a dar luz verde a sus delitos sentados en torno a una mesa con cervezas y agentes policiales los localizan y piden información al dueño del bar y éste sabe, porque ve y oye, pero se niega a hablar ante la policía de turno? ¿Pueden las fuerzas de seguridad detenerlo por obstrucción a la Justicia si tienen pruebas de que sabe y, no digamos, si las poseen de que colabora con los criminales?


Ojalá fuera todo sencillo y no estuviera la solución completamente opacada por la falta de control en la que se dejó crecer y empoderarse a estas redes y otras desde las instituciones del mundo, sobre todo, las que se dicen democráticas. Es posible que todas las preguntas que he planteado aquí se puedan responder con más o menos argumentos, de mayor o menor acierto. El problema más grande son todas aquellas preguntas que no podemos siquiera hacernos porque no somos capaces de visualizar lo que hay realmente tras las plataformas de seres tan inmensamente ricos y oscuros como Durov o Musk. Si es que a ellos no se les han ido ya de las manos semejantes herramientas, aunque nos parezca lo menos probable ... e incluso, lo más peligroso.

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