Opinion · Dominio público

Brutalidad policial y legal para frenar la movilización social en Colombia

María Jesús Pinto

Tomás GisbertInvestigador del Centre Delàs de Estudios por la PazActivista e investigadora en Derechos Humanos

Tomás Gisbert
Investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz
María Jesús Pinto
Activista e investigadora en Derechos Humanos

Colombia ha visto en 2013 las mayores movilizaciones sociales de los últimos años. En febrero el primer paro cafetero y cacaotero, siguieron la lucha el campesinado del Catatumbo, los y las estudiantes, el paro minero campesino de agosto, la minga indígena en octubre,… El gobierno de Santos ha respondido a la movilizaciones con una escalada de la represión que ha dejado en lo que va de año un saldo de 15 personas muertas a manos de la policía, de ellas 12 por bala; 800 heridas, 23 por bala sólo el 29 de agosto en Bogotá y más de 3000 personas detenidas, de las que 180 enfrentan procesos judiciales.

El pasado 15 de noviembre  tuvo lugar en el Congreso colombiano una Audiencia pública, convocada por los congresistas Ivan Cepeda, del Polo Democrático, Carlos Andres Amaya del Partido Verde y Hernando Hernández, congresista indígena, para debatir sobre la brutalidad de la represión policial con participación de las víctimas directas de la represión, organizaciones sociales y autoridades policiales e institucionales. Esta Audiencia se dio en el marco de la Campaña “Defender la Libertad: asunto de tod@s”, compuesta por un gran número de organizaciones sociales colombianas, que realizó su II Encuentro Nacional el 16 de noviembre.

El testimonio de las víctimas fue realmente escalofriante, conmovedor y valiente, sabiendo que después de muchas de estas audiencias, las personas que denuncian son amenazadas, perseguidas y en algunos casos asesinadas. Se oyeron voces de familiares que testimoniaron sobre asesinatos por balas de la policía de hijos, hermanas, compañeros; de las víctimas de la sevicia y encarnizamiento en la represión; de la ocultación por policías de sus placas y números de identificación; de palizas a heridos de bala cuando yacían indefensos suelo; atropellamiento de personas heridas con motos policiales; disparos rasantes a los cuerpos de manifestantes; proyectiles lacrimógenos en viviendas; vandalismo policial destruyendo bienes muebles e inmuebles de la población civil; barbarie en el reconocimiento de asesinatos “Maté a tu hijo ¿y qué?”; detenciones arbitrarias y judicializaciones; abusos sexuales contra las mujeres… Es difícil transmitir los sentimientos que impregnaron el auditorio, la rabia con que se expresaron muchas personas, mirando a los ojos a los mandos policiales presentes, acusándoles y pidiendo explicaciones y justicia por las muertes y heridas de sus familiares, denunciando que sigue reinando la impunidad de los responsables. Ese dolor compartido se reflejaba en los rostros de la gente asistente, en sus lágrimas silenciosas, en los gritos de “policías asesinos”.

La respuesta en la Audiencia pública del mayor general Yesid Vásquez, Inspector General de la Policía colombiana, que como máxima autoridad ostenta las mayores atribuciones disciplinarias, no pudo ser más cínica. Después de intentar presentar a los policías como víctimas, no se pronunció en absoluto sobre la brutalidad policial testimoniada, ni proclamó la intolerancia de la institución policial frente a los abusos policiales, remitiendo únicamente a supuestas investigaciones internas o de la fiscalía, sin comprometerse en absoluto en la depuración de responsabilidades.

Como dijo al final de la audiencia el congresista Ivan Cepeda, en esa Audiencia no se estaba tratando de excesos policiales sino de una estrategia profunda de represión sobre el derecho a la libre opinión y manifestación y de crímenes cometidos que son una clara violación de los Derechos Humanos. Estas acciones han correspondido no sólo al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), como principal ejecutor, sino que ha sido una constante en las diferentes actuaciones policiales. Muchas voces pidieron en la Audiencia, así como se viene haciendo en otros ámbitos sociales el desmonte del ESMAD.

El incremento de la represión y la brutalidad policial, y el uso contra la población civil indefensa de armamento propio del conflicto armado no puede explicarse sólo como el fruto de acciones puntuales de agentes aislados. Como dijo un estudiante en su testimonio “no hay una manzana podrida, está podrido el cesto”.  Responde a directrices políticas enmarcadas por la respuesta del gobierno y del estado a la movilización social, en consonancia con la fuerte apuesta por un modelo económico que abre completamente el país al hambre y a la falta de derechos: los retrocesos del sistema de salud, la falta de inversión en la enseñanza, el expolio de la inversión extranjera, como son los Tratados de Libre Comercio, los megaproyectos, el extractivismo minero y energético o la agroindustria y el acaparamiento de tierras acaban con los recursos y medios de vida de comunidades campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes y clases populares. El origen de la protesta social no hay que buscarlo en un conflicto armado, que esperemos que llegue pronto a su fin, sino en la existencia de un modelo económico expoliador, azuzada por el incumplimiento sistemático por el gobierno de los acuerdos alcanzados en las diferentes mesas de interlocución.

Frente a la protesta social el gobierno ha respondido con la estigmatización, acusándolas de estar promovidas por la guerrilla; con el señalamiento público de dirigentes sociales y comunitarias, que dan origen a amenazas de muerte proferidas por las bandas paramilitares y al asesinato de las mismas; la judicialización de la protesta, con montajes judiciales contra dirigentes, muchos de ellos en prisión; las detenciones arbitrarias (de las 3000 personas detenidas en este año sólo 180 tienen abiertas diligencias judiciales); el uso de armas largas,  armamento propio del conflicto armado; la militarización de la represión y de los territorios rurales y urbanos. En este año las fuerzas armadas se han desplegado en las calles de Bogotá y en diferentes departamentos del país, aplicando de facto medidas del estado de excepción y de sitio sin que estos hayan sido declarados ni controlados jurídicamente. Al mismo tiempo, el gobierno  ha aprobado dotar con más personal y medios al terrorífico ESMAD y propone un presupuesto para las fuerzas militares y de policía para 2014 un 29% superior al de 2013, ascendiendo del 14% al 17,9% del presupuesto total del país.

Así pues, la respuesta frente a la protesta social no es sólo un hecho puntual, sino que es de más largo alcance deteriorando la escasa “libertad y democracia” del pueblo colombiano. El gobierno de Juan Manuel Santos está modificando el marco legislativo con el fin de acabar con la protesta social que se opone a su política económica. La ley de Seguridad Ciudadana de 2011 ha convertido la protesta prácticamente en una actividad delictiva con la introducción de delitos como el de obstrucción de vías  con penas de 2 a 4 años de cárcel, con multas muy elevadas, y con el agravamiento de las penas por violencia contra servidor público, y la perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. La protesta es un derecho gravemente constreñido por la autorización previa del estado. Recientemente, en septiembre de 2013, el Ministro de Defensa, ocupando el terreno de los Ministerios de Justicia o Interior, ha presentado el proyecto de ley 091 para endurecer aún más la Ley de Seguridad Ciudadana. De momento no ha sido modificado el Fuero Penal Militar, como pretendía el Gobierno, al ser anulada su reforma por la Corte constitucional colombiana, no por su contenido sino por un defecto de tramitación. Este fuero pretende hurtar a la jurisdicción ordinaria los delitos cometidos por policías y militares, ampliando las competencias de la jurisdicción militar y creando una jurisdicción penal policial, para blindar un estado de impunidad ya hoy generalizado. Todo ello está reforzando en Colombia, más si cabe, un marco legislativo favorable a la violación de los derechos humanos.

Colombia no es un caso aislado. Las políticas económicas neoliberales están avanzando por el continente americano con la criminalización de la protesta social, la judicialización de líderes y lideresas sociales y la aprobación de leyes cada vez más restrictivas para la expresión del descontento social. En estos momentos el Estado español no está al margen de esta corriente, como lo muestra el reciente proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Y lo que prima en todos los casos no es la seguridad humana, una ciudadanía libre de necesidad y de temor sino, en abierta oposición, la seguridad del estado y de las inversiones expoliadoras.

La situación es grave y es preciso alzar la voz más que nunca para defender que la protesta y la movilización social no son un delito, son un derecho humano fundamental que forma parte indisoluble del derecho a libertad de expresión y de reunión, imprescindible para que los pueblos y comunidades empobrecidas puedan hacer oír su voz y confrontar políticas y acciones que atentan contra sus medios y sus propias vidas. “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”.