Otra agresión contra un taxista, esta vez en Vitoria, ha puesto nuevamente de actualidad las medidas de protección que reclaman muchos miembros del gremio. Quieren que la Administración les facilite la instalación de mamparas de seguridad, cámaras de vídeo que graben lo que sucede en el interior de sus vehículos, sistemas de aviso y localización que los potenciales agresores no puedan captar...

Hay un serio debate al respecto. Algunos sostienen que la actividad de los taxistas supone un servicio público y que, en consecuencia, las administraciones están obligadas a velar por él. Si la sociedad quiere que haya taxis –dicen–, está obligada a ofrecer a los profesionales del ramo unas condiciones de trabajo seguras. Pero otros replican que los sistemas de seguridad para los que se reclama financiación pública son muy caros y que, tratándose de una actividad de utilidad colectiva pero de beneficio privado, han de ser los empresarios del gremio (que a menudo no son los que conducen el vehículo, por cierto) los que decidan si les compensa dedicarse a eso o si deberían emplearse en otros asuntos.

No veo mal que los poderes públicos ayuden a los propietarios de taxis para que se costeen algunas medidas de seguridad –facilitándoles créditos blandos, por ejemplo–, pero los empresarios del taxi habrán de asumir que son muchas las profesiones socialmente necesarias que comportan bastantes riesgos aleatorios. Pondré un solo ejemplo: cada vez son más frecuentes las agresiones sufridas en centros de estudios por enseñantes y alumnos. ¿A unos sí y a otros no?

Más allá de lo que buenamente puedan hacer para respaldar a tales o cuales profesionales que sufren asaltos y agresiones, convendría que los poderes públicos vieran más lejos. O más abajo, quizá. Para apuntar a la raíz del problema. Que estudiaran a fondo con qué insistencia se está enalteciendo la chulería y promocionando el matonismo como modelos de comportamiento. Y que obraran en consecuencia. Y si tienen que meter mano a unas cuantas cadenas de televisión, adelante. Quizá multando a unas cuantas por exaltar la violencia se sacara algún dinero para pagar mamparas.