No solo hay que escuchar la ensordecedora música política, sino también leer la subyacente letra social del conflicto territorial que enfrenta a la Generalitat con el Estado español. A la lucha sobre cómo se configura el futuro de la relación de Cataluña con España, se suma la lucha por determinar quién va a presidir tanto la nación catalana como el conjunto del Estado. Buena expresión de ello es el diario La Vanguardia, un referente obligado de toda la derecha catalana, que eleva a categoría una anécdota– la cena de Iglesias con Junqueras en casa de Roures– a la vez que sugiere, por no decir que formula un deseo, el entendimiento de Felipe VI con Puigdemont que, por lo menos, aplace en el último minuto el ejercicio del derecho a decidir de los catalanes. No hay día, en esta cuenta atrás hacia el 1 de octubre, que no apelen a un gesto de la Zarzuela que evite su calvario político.

En los últimos cien años es la tercera gran crisis catalana, si se exceptúa una cuarta, resuelta por el derecho de las armas de Franco en 1939. No fue así, sin embargo, ni en 1917, ni en 1977. Francesc Cambó y Josep Tarradellas fueron llamados por Alfonso XIII y Juan Carlos I, respectivamente, tanto para encauzar las reivindicaciones nacionalistas, como para hacer frente a la huelga general, en 1917, e impedir, en 1977, un gobierno provisional democrático compuesto por el PSOE, PSUC y Esquerra Republicana, con casi un 70% de los votos catalanes en las elecciones de junio de aquel año. Esa llamada es la que espera hoy mismo la Barcelona de los poderosos, porque, en palabras del propio Rey Alfonso XIII al mismo Cambó, "no veo ninguna otra manera de salvar situación tan difícil que satisfacer las aspiraciones de Cataluña para que los catalanes dejen de sentirse revolucionarios".

Solo Felipe VI, si atendiera la mano que se le dirige desde la minoría catalana, podría encauzar el conflicto catalán a la vez que intentar frenar el imparable avance de la izquierda catalana hacia el Palacio de San Jaume y del conjunto de la izquierda estatal hacia el Palacio de la Moncloa. Pero el problema es que Rajoy no puede actuar como el conde de Romanones en 1917, ni mucho menos como Adolfo Suárez en 1977. La caverna madrileña, que ahora entinta su pluma-bayoneta con la sangre de las víctimas de las Ramblas, como ya las mojó antes en la matanza de Atocha, tiene atado y bien atado a quien, como Rajoy, es nieto de uno de los redactores del Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado después del inicio de la sublevación franquista. Con Cataluña, el Partido Popular recuerda mucho más a los 7 magníficos franquistas del PP que a la UCD de la que se reclama Rajoy.

Tampoco Pedro Sánchez, próximo inquilino de la Moncloa una vez desalojado el sobrecogedor Rajoy, ayudaría a Felipe VI en esta operación Tarradellas II, como ayudó Felipe González a Juan Carlos I a sacar adelante la versión original de la operación Tarredellas I. Más bien reeditaría aquel rotundo no de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE a la maniobra de Alfonso XIII, con el que incluso pudo lograr asimismo la negativa de Esquerra Republicana, porque de aceptar "desligaban a Cataluña de la causa de la República". Liberado de las horcas caudinas prusianas, el nuevo PSOE empieza hoy a ser tan autónomo como lo fueron ayer aquellos seis diputados socialistas que entonces quebraron el pacto de Cambó con el conde de Romanones. No cabe siquiera pensar que, como mal ocurriera tras la llamada de Juan Carlos I a Tarradellas, pueda neutralizarse hoy la esperanza popular de una alternativa sociopolítica a la herencia legada por Franco.

Esa Corona con, sin, sobre, tras la Generalitat, no va ser más que un sueño de una noche de verano de los poderosos catalanes. Por mucho guiño mediático a la Zarzuela, por mucho viaje del comercial Iñigo Urkullu a Barcelona vendiendo su mercancía– el pacto con la Corona–, el Rey Felipe VI no va a echar una mano a Puigdemont, que ha visto como su partido, que tuvo que sumarse al procés tras el engaño de Zapatero al parlamento catalán, se ha visto muy desbordado. El movimiento nacionalista está ya en manos de la izquierda catalana que antes del verano, con toda seguridad, se hará con la Generalitat y desbrozará la senda para el triunfo de una alternativa progresista en el Estado español. Es decir, contribuirá a resolver el problema territorial mediante un referéndum pactado.

El patriotismo, último refugio de los canallas, en definición muy certera de Samuel Johnson, intenta, tanto en Madrid como en Barcelona, cortocircuitar un gobierno progresista que de prioridad a todos los intereses populares, sean catalanes o españoles, sobre los de los poderosos. No hay que engañarse. Lo que busca la derecha, más allá o más acá del Ebro, es que continúen gobernando las opciones que vienen aceptando las limitaciones de soberanía popular y nacional heredadas de la dictadura y su bien entramado sistema socioeconómico. La yuxtaposición del conflicto territorial con el social facilita que las fuerzas de progreso puedan hoy plantearse tanto encauzar la tensa relación de Cataluña con España, como la conquista del poder político por los intereses populares. Sin resolver uno, no tiene resolución posible el otro. Nadie lo sabe más y mejor que esa derecha catalana que espera angustiada una llamada de Felipe VI, que como la de Godot nunca llegará.