Economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos
@fluengoe
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El Banco Central Europeo (BCE) a lo suyo, a lo de siempre. En su informe anual, que acaba de ver la luz, insiste, en referencia a la economía española, en uno de sus temas favoritos: el déficit público. En el texto advierte sobre las graves consecuencias de incumplir los estrictos objetivos fijados desde la Comisión Europea (CE) y señala, además, que las cuentas públicas ocultan un importante déficit estructural. La hoja de ruta para este organismo, la única posible, es redoblar los esfuerzos para avanzar en la dirección del equilibrio presupuestario.

No tiene ningún sentido sacralizar, como si fuera un principio inmutable e incontrovertible, las denominadas, con un lenguaje tramposo y equívoco, políticas de "austeridad presupuestaria". Cuando se ha rescatado y saneado los balances de los grandes bancos, principales responsables de la crisis económica, cuando el BCE canaliza en masa dinero hacia las entidades financieras y las grandes corporaciones, sin ninguna exigencia a cambio, y cuando las grandes corporaciones y los ricos disfrutan de prebendas fiscales sin cuento hay que decir con claridad que no ha habido austeridad ni disciplina, sino despilfarro.

Por lo demás, seguir las recomendaciones/imposiciones de esta institución es un grave error. Una economía como la nuestra, con graves carencias productivas y atravesada de una fractura social que no ha dejado de crecer necesita imperiosamente aumentar el gasto público, que, por cierto, está situado, en proporción al Producto Interior Bruto, por debajo de los estándares comunitarios.

También hay que ser conscientes de que prolongar e intensificar las políticas austeritarias en materia presupuestaria, implementadas con especial rigor en las economías más débiles, sólo puede conducir a la ampliación de las asimetrías estructurales entre el centro y la periferia. Estas asimetrías ya eran visibles en la Unión Europea (UE) desde hace décadas, han sido un factor desencadenante de la crisis económica, han dificultado su superación e incluso comprometen la propia supervivencia del edificio comunitario y de la zona euro.

Pero no se trata sólo, ni quizá fundamentalmente, de errores (en los que se persevera otra vez). Detrás de las políticas de ajuste presupuestario hay una clara intencionalidad política. Existe una estrategia de gran calado que es necesario desvelar: privar al sector público de recursos y legitimidad, hacerle depender de los mercados financieros privados, convertir en negocio la salud, la educación y las pensiones, privatizar y mercantilizar empresas de titularidad pública, y destruir tejido social, resistencias y consensos que se articulan alrededor de lo público. Esta es la agenda oculta, que, en realidad, es cada vez más transparente. Por esta razón, en esta batalla nos jugamos el ser o no ser del cambio económico, social y político, aquí y en Europa.

Por mucho que lo demonice el BCE (y buena parte de las instituciones europeas e internacionales), para una política al servicio de las mayorías, aumentar el gasto público no es una opción, sino una exigencia. Luchar contra la pobreza y la exclusión social, abordar el cambio climático y la transición ecoenergética, apostar por la equidad de género, mejorar la salud y la educación, renovar la infraestructura, garantizar las pensiones... todo ello exige un decidido compromiso de las administraciones públicas; estos objetivos -cuya consecución es fundamental para que la economía sea al mismo tiempo eficiente, sostenible y equitativa- no pueden quedar en manos del sector privado y mucho menos de las grandes corporaciones.

No se trata sólo de recursos financieros -también es absolutamente imprescindible la activa intervención de una ciudadanía comprometida-, pero sin estos los objetivos anteriores quedan reducidos a un brindis al sol. Los recursos existen, están disponibles, pero hasta ahora se constata una evidente ausencia de voluntad política para movilizarlos, no sólo entre los gobiernos conservadores del Partido Popular sino también en los liderados por el Partido Socialista Obrero Español.

En nuestro país las grandes corporaciones, las rentas más elevadas y los grandes patrimonios apenas pagan impuestos. Tendencialmente, la carga fiscal soportada por los de arriba se ha reducido de manera sustancial; y en los años de crisis ha seguido la fiesta. Hay que puntualizar, asimismo que los que ocupan una posición privilegiada en la estructura social pueden ocultar o desviar una parte de sus fortunas y eludir de esta manera sus obligaciones tributarias; despachos de abogados, testaferros, intermediarios..., aprovechando los paraísos fiscales y mercados opacos, consagran a esta tarea, a cambio de suculentas retribuciones, todos sus esfuerzos.

No es de recibo entrar en el debate del déficit sin mirar en esa dirección y sin aplicar políticas decididamente orientadas a acabar con tan privilegiado estatus. Del mismo modo que tampoco cuadra poner el énfasis en el elevado nivel de la deuda pública sin poner en el centro del debate y de la agenda política la necesidad de proceder a su reestructuración; esta pasa por una auditoría pública y ciudadana que permita revelar su verdadera cuantía y naturaleza, determinar las responsabilidades y las obligaciones que se derivan de las mismas, y proceder a una reestructuración que, en su caso, incluiría moratorias y quitas.

En un sentido más amplio, y para concluir con estas breves reflexiones, me parece inaceptable la centralidad que tiene en el debate de política económica el cumplimiento de determinados objetivos de déficit y deuda, fijados arbitrariamente desde Bruselas y elevados a precepto constitucional. Urge deshacerse de esta camisa de fuerza, cuestionando el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento y reclamando la recuperación de la soberanía por parte de los estados nacionales. Es hora de lanzar un amplio debate económico que abra el foco y reordene las prioridades, situando la vida y las personas como piedra angular de una nueva política económica y de otra Europa.