Para contestar a esta pregunta hay que tener en cuenta al menos cinco aspectos.

La primera de las cuestiones a considerar es que los salarios representan una proporción relativamente pequeña de los costes totales de las empresas -por supuesto, la casuística es muy diversa dependiendo de su tamaño y perfil tecnológico, así como del mercado en que se desenvuelven. La mayor parte de los costes son, en su mayor parte, de naturaleza no salarial, como la energía, los materiales y bienes intermedios, los servicios contratados o los gastos financieros. Por lo tanto, no tiene sentido defender con criterio general que el aumento de las retribuciones de los trabajadores impacta de manera decisiva sobre el nivel de precios de las firmas.

En segundo lugar, las empresas cuentan con libertad a la hora de fijar los precios a los que colocan sus bienes y servicios en el mercado, dependiendo, claro está, de su estructura de costes, pero también y sobre todo de sus previsiones en cuanto al comportamiento de la demanda, las políticas de sus competidores y el margen de beneficios con que decidan operar. El proceso es muy distinto en lo que concierne con los trabajadores, cuyas retribuciones dependen crucialmente de su capacidad de negociación y presión, que no ha dejado de deteriorarse en las últimas décadas, frente a los empresarios que los contratan.

Es necesario reparar, en tercer lugar, en que un eventual aumento de los salarios -cosa que, como acabo de señalar, no está sucediendo en la actualidad; de hecho, la pérdida de capacidad adquisitiva, con tasas de inflación disparadas, es muy importante y afecta a la mayoría de las personas trabajadoras- podría compensarse a través de diferentes mecanismos no inflacionistas, esto es, que no tensionarían al alza los precios: introduciendo mejoras en la productividad del trabajo, moderando los beneficios, reduciendo los pagos en concepto de dividendos o poniendo límites a las retribuciones de los directivos y altos ejecutivos.

En cuarto lugar, el pensamiento conservador y las patronales sostienen que el crecimiento de los salarios -no sólo en tiempos de crisis, sino como criterio general- supone un factor de perturbación en el buen funcionamiento del engranaje económico, al lastrar los beneficios empresariales, de los que dependería la inversión y, en consecuencia, la mejora de la productividad, la competitividad de la firma y, finalmente, el mantenimiento del empleo. Nada más lejos de la realidad. Un escenario de aumento de las retribuciones de los trabajadores -levantando la bandera del trabajo decente- tendría un impacto favorable sobre la demanda agregada -tirando del consumo y también de la inversión-, creando las condiciones para mejorar la productividad global de la economía y, de esta manera, contener las tensiones inflacionistas. Contribuiría, en fin, a superar una cultura depredadora, muy extendida entre nuestra clase empresarial, consistente en sostener el negocio en la sobreexplotación de los asalariados.

En quinto lugar, la supuesta relación inversa entre el nivel de desempleo (su reducción) y la inflación (su aumento) no existe. Este es uno de los argumentos favoritos de los economistas conservadores, que de nuevo apunta a que son los salarios, que aumentarían cuando se consiguen altos niveles de ocupación (reduciéndose el desempleo), el factor determinante en el comportamiento alcista de los precios. Argumento que, además de falso, es peligroso e inaceptable, pues justificaría la necesidad de un cierto desempleo, que éste se convirtiera en un objetivo de la política económica, para mantener la inflación en un nivel aceptable. La evidencia empírica pone de manifiesto, sin embargo, que los altos niveles de ocupación han sido compatibles con una dinámica de bajos salarios, sin que, en cualquier caso, la trayectoria seguida por estos haya jugado un papel central en la evolución de los precios.

Diferentes medios de comunicación se han hecho eco en estos días del generalizado retroceso de los salarios reales, aquí y en el resto de países comunitarios; en paralelo, el crecimiento de los precios se mantiene y se mantendrá en los próximos meses en cotas elevadas. Ante esta situación, no se trata sólo de denunciar la evidente injusticia de que los costes de la inflación caigan sobre las espaldas de las personas trabajadoras. Hay que ir mucho más allá. Hay que defender la existencia de una lógica distinta de la que imponen los mercados gobernados por los intereses de las elites corporativas y financieras. Esa defensa tendría que traducirse en una movilización social y política a la altura de este desafío, pues, finalmente, como deberíamos saber y como nos enseña la historia, es aquí donde se dilucida el reparto de los costes de la inflación.