Opinión · La verdad es siempre revolucionaria

La Constitución que tenemos

Ante los elogios encendidos, en su 40 aniversario, a la Constitución de 1978, que se están prodigando en todos los medios de comunicación y la recreación embellecida y bobalicona de los acontecimientos que llevaron a su aprobación, me parece imprescindible contar las verdades que se están ocultando a la ciudadanía de un texto que casi nadie ha leído. Y  enseñar a las nuevas generaciones la verdadera historia de los pactos, que se convirtieron en traiciones, que hicieron posible su aprobación y hoy mantienen su dominio.

Entre los comentarios que me han preocupado está el de una  feminista que vivió la época y que asegura que la emocionaron los conocimientos políticos y las virtudes humanas de los redactores del texto, su capacidad de entendimiento y de negociación y su altura de miras al haber sido capaces de ponerse de acuerdo por el bien del país. Este es el relato –como se llama ahora- que se ha instalado en la conciencia de los que vivieron aquel periodo y que se transmite a las generaciones siguientes. Ya se sabe, se trata de la ideología dominante. Y nos domina.

Porque ni en aquel momento, ni mucho menos más tarde, ni políticos ni historiadores ni enseñantes han querido explicar cómo aquel entendimiento, aquellos pactos, se lograron mediante la coacción y el chantaje que las fuerzas de la derecha ejercieron implacablemente sobre las de la izquierda.

Contar cómo la izquierda se rindió ante el poder de la derecha, que lo detentaba todo: el Ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la judicatura, el poder judicial, los tribunales especiales, todos los cargos institucionales, alcaldes, Diputaciones, diputados a Cortes de aquel engendro de democracia orgánica, la escuela, los medios de comunicación, con la inestimable cooperación y soporte de la Iglesia, es la tarea que en algún siglo historiadores y politólogos, decentes, tienen que abordar.

Mientras la izquierda no tenía más caudal que el valor y el sacrificio de sus militantes y la racionalidad y decencia de sus tesis ideológicas. La mayoría de los que habíamos estado librando aquella guerra estábamos en la cárcel o en libertad provisional cuando comenzó la Transición. La mayoría de los partidos de izquierda estaban ilegalizados y perseguidos, Y no teníamos ni dinero, ni poder, ni prestigio, entre amplias capas de la población que había sido bombardeada durante cuarenta años con una infame campaña de calumnias contra el comunismo.

En esas condiciones de debilidad de las fuerzas de la izquierda, asediada y perseguida por la derecha, hablar de pactos entre fuerzas iguales, apelar al sentido del consenso y la altura de miras de todos los políticos, y otras falsedades semejantes, debería sonrojar a los historiadores, analistas y medios de comunicación decentes.

La primera de las traiciones al pueblo español fue nuevamente el robo de la República que cuarenta años antes tan sangrientamente nos arrebataron.  En una entrevista patética que grabaron a Gerardo Iglesias, muchos años después, cuenta, con  la resignación que impone el tiempo transcurrido, cómo Santiago Carrillo se presentó en el Comité Central del PCE y les dijo a los reunidos, más de 200 cargos, muchos de los cuales habían luchado en la Guerra Civil y todos habían sido represaliados por el franquismo, sumando cientos de años de prisión y torturas, que había que aceptar la monarquía. Era el precio que Adolfo Suárez imponía para legalizar el partido.

-Y nosotros nos quedamos mudos mirándole. Nadie dijo nada. Después aprobamos la moción –explica Gerardo pálido de tristeza.

Se ha argumentado mucho por quienes aceptaron semejante pacto que era imprescindible tanto para lograr la legalización del PCE como para garantizar la paz en el país.

Era evidente que la terrible amenaza de la Guerra Civil seguía encogiendo el corazón de los españoles. Con ese espantajo se tenía dominadas las conciencias. Los dirigentes del PSUC, que eran diputados en el Parlamento, venían todos los fines de semana a Barcelona y nos decían, con la expresión del pánico y los susurros de la clandestinidad: “Se oye ruido de sables en los cuarteles”. La amenaza del golpe de Estado era la espada de Damocles que pendía siempre sobre nuestras cabezas. Las de los resistentes de la izquierda, represaliados, perseguidos, que habíamos invertido la salud, la libertad, la felicidad, en frenar el horror del fascismo y reclamar la devolución de la República. Y también las del pueblo español, horrorizado ante la posibilidad de repetir la tragedia que habíamos vivido.

Cuando se celebraron las primeras elecciones a Cortes la mayoría de los partidos de izquierda eran ilegales, y esta Constitución no garantiza la concurrencia a los comicios de todos los partidos en condiciones de igualdad, dadas las dificultades económicas que tienen las organizaciones minoritarias para llevar adelante las campañas electorales.

Después del 23 de febrero de 1981 publiqué en Poder y Libertad, la revista del Partido Feminista, un análisis de lo que había sido el golpe, que cumplía exactamente la definición marxiana de que si la historia siempre se repite dos veces, la primera es como tragedia y la segunda como farsa. Pero aquella farsa sirvió ejemplarmente a los defensores de la monarquía para demostrar que el pacto de la Transición, volviendo a enquistar a los Borbones en el trono de España, correspondía a una necesidad absoluta de conservar la paz en el país. O Borbones o guerra.

La monarquía, por tanto, como garante de la paz y de la democracia, puede seguir siendo impune. Ella es la que mantiene el orden actual: el reparto de la riqueza, el poder de la aristocracia, de las oligarquías, de la Iglesia, la opresión de la mujer.

Esta Constitución es el cimiento, inamovible, sobre el que se construyó el orden actual: la sumisión al imperialismo norteamericano, el absoluto dominio del Capital, el poder repartido entre la oligarquía industrial, la financiera, la rural, el mantenimiento del predominio de la Iglesia Católica, con la arrogancia con que adoctrina al 35% del alumnado de nuestro país y se apropia de 40.000 inmuebles y terrenos, y los más importantes monumentos y tesoros artísticos, sin que ningún gobierno se haya atrevido nunca a ponerle coto. Por el contrario, la financiamos y mantenemos, a pesar de que la mayoría de la ciudadanía no manifiesta poseer sentimientos religiosos.

Esta Constitución no impide, como lo hacía la de la II República, que un gobierno pueda implicarnos en una guerra infame como la de Irak, y ser apoyo de la intervención en Libia de las tropas imperialistas.

Esta Constitución no garantizó el divorcio, con ese artículo 32 que elude mencionarlo como derecho. Las feministas lo supimos bien en la larga batalla que hubo que librar por aprobarlo- en su primera versión fue un suplicio el procedimiento establecido. La última paliza que recibí de la policía fue en las calles de Barcelona en enero de 1981 en una manifestación reclamando el divorcio.

Y esta Constitución pretendió impedir el derecho de las mujeres a decidir su maternidad, con el artículo 15 que declara que “todos tienen derecho a la vida”, lo que permite la interpretación de que también el embrión está incluido en ese genérico todos.   Y buena lucha tuvimos que librar las feministas, con el Tribunal Constitucional incluido, para legalizar aquella primera ley incompleta y restringida de aborto, que llevó a la cárcel a decenas de mujeres y de médicos. Y así después de las batallas de los años 80 y de 2007, todavía tuvimos que salir a las calles hace cinco años para impedir que la reforma de Gallardón pudiera ser aprobada.

Esta Constitución no garantiza los derechos sociales. Por ello es posible desahuciar de sus viviendas a centenares de miles de personas y dejarlas en la calle, con sus enseres y niños y abuelas centenarias. Por ello se pueden reducir los recursos de la sanidad y la educación cuando llega la crisis, y cerrar ambulatorios, despedir médicos y enfermeras y profesores, amontonar decenas de alumnos en las clases y tener a los niños en barracones.

Esta Constitución no basta para garantizar los derechos civiles y políticos. Por ello, es posible detener, procesar y hasta encarcelar a titiriteros por un espectáculo jocoso, a twiteras que se burlan de Carrero Blanco, a actores y presentadores televisivos por espectáculos que no les gustan a los católicos, a los fascistas y a los ultras de los pelajes más reaccionarios, y aprobar una ley mordaza que multa y procesa a aquel que proteste a la policía.

Esta Constitución no garantiza la imparcialidad de los miembros del Tribunal Constitucional ni del Consejo del Poder Judicial, sometidos a los dictados del partido gobernante.

Esta Constitución permite el encarcelamiento, la persecución, el abandono y las devoluciones de los emigrantes, refugiados y solicitantes de asilo a países que conculcan todos los derechos humanos, como estamos viendo en los últimos años, al inhibirse en su artículo 13 del acogimiento de estas personas.

Ni siquiera el artículo 14 que las feministas acogimos con entusiasmo nos garantiza a las mujeres la protección que necesitamos, al establecer esa fórmula ambigua de que no puede discriminarse por razón de sexo. Fórmula que hoy está permitiendo a maltratadores y violadores asegurar que ellos están discriminados por dicha razón. Vean el programa de Vox.

Y, como se puede comprobar en la patética experiencia que estamos viviendo con el conflicto creado en Cataluña con los independentistas, esta Constitución no ha resuelto la cooperación y solidaridad entre las Comunidades autónomas con una organización federal, que únicamente una República puede conseguir.

Adjudicar por tanto a esta Constitución tantos méritos y colmarla de elogios no corresponde más que a la campaña de imposición continuada que los poderes del país: económicos, políticos, religiosos y mediáticos, llevan realizando ininterrumpidamente cuarenta años.  Al fin y al cabo, esto es mejor que el franquismo.

Y que, desgraciadamente, dada la sumisión de la ciudadanía y la falta de coraje de las organizaciones de izquierda, se impone sobre la verdadera crítica que se merece.