Ángela Alemany. Abogada feminista

Un programa de televisión que se llama Detrás de la verdad, de 13TV, anunció que tenía en su poder los  vídeos que  grabaron los acusados que están siendo juzgados por violación por la Audiencia Provincial de Pamplona, grabaciones que difundieron posteriormente entre su círculo de amigos, vanagloriándose de la agresión cometida y jaleándose como si hubieran conseguido un logro.

Tras el anuncio se exhibieron imágenes de dichos vídeos, al mismo tiempo que se estaba celebrando el juicio a puerta  cerrada en la Audiencia Provincial de Pamplona. Dicho Tribunal, en aras de preservar la intimidad de la víctima, optó por que la vista no fuera pública y que esas imágenes en ningún caso fueran conocidas por la opinión pública.

Esta cadena de televisión, saltándose la legalidad, decide vulnerar la intimidad de la víctima sin su consentimiento, conducta que reúne todas las características para que pueda ser tachada de delictiva, ya que nuestro Código Penal castiga con penas de cárcel a aquel que descubra o vulnere secretos que afectan a la intimidad de otra persona sin su consentimiento y los difunda, y en este caso, además, se tiene conocimiento del origen ilícito de dichas grabaciones, al ser un caso público y notorio.

A esto hay que añadir que, en este caso, han difundido un material que es idóneo para lesionar la dignidad de las mujeres por representar una grave humillación y menosprecio para las mujeres en general y en especial para todas aquellas mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual.  

Para poder llevar a los tribunales a esta cadena de televisión por la emisión de este material hay dos vías: una denuncia directa de la víctima o el inicio del procedimiento por parte de la fiscalía con una posterior ratificación por parte de la persona perjudicada.

Hasta el momento,  estos hechos no han sido motivo de persecución por parte de la fiscalía. En mi opinión, la justicia debe abrir diligencias inmediatamente contra 13TV porque la difusión por televisión de estas imágenes, grabadas en el contexto de la comisión de un delito de agresión sexual, no atenta sólo contra la víctima del delito (lo cual ya sería por sí solo motivo para ello), sino que atenta contra todas las mujeres y especialmente contra todas aquellas que han sido víctimas de una agresión sexual y que ven cómo una televisión puede exhibir las imágenes grabadas de una agresión sin que se adopte medida alguna por los tribunales.  

La libertad de expresión permite expresar cualquier idea y difundirla, pero esta libertad colisiona en este caso con otros bienes jurídicos que son acreedores de una mayor protección, y además esa mayor protección conlleva que esa conducta se considere delito.

Esta cadena de televisión sabría sin duda que estas imágenes no podían ser emitidas por atentar contra la intimidad de una persona, por ser material probatorio en un juicio y por ser una grabación obtenida de forma ilícita, pero además se emitieron cuestionando a la víctima y denigrando y humillando a las mujeres, especialmente a las víctimas de agresión sexual. Por todo ello, debe iniciarse su persecución sin necesidad de denuncia previa, por la gravedad de los hechos y por su repercusión social.