La imagen del torturador franquista Antonio González Pacheco, Billy El Niño, en un sarao policial invitado por el comisario José Manuel Mariscal de Gante y Mirón y tan pichi, ha vuelto a sorprender a quienes suelen sorprenderse. Quizás debería escribir "solemos". La cara de idiotas que nos deja la sorpresa es la misma que se nos queda cuando vemos a miembros de la Policía nacional empujando, zarandeando a ancianos, la misma que se nos quedó cuando soltaron a La Manada, acusados solo de abuso, cuando Trump ganó las elecciones, o ahora que un hombre acusado de agresión sexual ha ganado por votación política una plaza vitalicia en el Supremo de EEUU, cuando un político racista, homófobo, violento, declaradamente machista y partidario de la tortura pueda gobernar Brasil.

En todas estas ocasiones, alguien se pregunta "¿Cómo no lo hemos visto venir?". La pregunta del idiota.

El 18 de junio de este 2018 entregamos más de 260.000 firmas al Ministerio de Interior, recogidas una a una, para que le retiraran las medallas al siniestro policía. Tres meses después, el pasado 7 de septiembre, se anunció desde el Gobierno que le retirarían la medalla al mérito policial. Cabe aquí recordar que se la concedió Rodolfo Martín Villa, y lo hizo en plena Transición, en 1977, cuando nadie ignoraba la macabra trayectoria del sujeto. Y también recordar que Jesús de Polanco nombró a Martín Villa en 2004 presidente de Sogecable (Grupo Prisa) y algo después, en 2012, el ministro Luis de Guindos, consejero del Sareb o banco malo.

Y las medallas siguen en el pecho del torturador. Y el torturador sigue en las celebraciones policiales. Y nosotros, ay nosotras, ¿cómo nos lo podíamos imaginar?

De igual manera, y todo construye la misma torre de infamia, no nos cabía en la cabeza la posibilidad de que la Policía sacudiera y golpeara a ciudadanas y ciudadanos de todas las edades, ancianas, niños, en colegios por el peligro que suponía ir armadas con urnas. Oh.

Existía hasta hace nada un consenso no escrito por el que ciertas formas de represión tenían un límite. Y el límite lo marcaban por un lado las "armas" de la desobediencia, pero por otro, y muy especialmente, la edad de los desarmados. Según dicho consenso no explícito, cuatro niños pueden pisar una bandera, e incluso prenderle fuego, pero jamás serán golpeados por ello por la policía. ¿Por qué? Porque son niños. Ni siquiera si plantan cara a los agentes. Son niños. En las brutales intervenciones policiales que tuvieron lugar el 1 de octubre del año pasado en Cataluña, dicho consenso se quebró. Y esa quiebra llega para quedarse. Vimos, y con nosotras lo vio el mundo entero, cómo la policía empujaba y golpeaba a ciudadanos y ciudadanas que se manifestaban en colegios armados con urnas de plástico, a madres con criaturas, a ancianas y ancianos que se protegían levantando los brazos, a gentes cuyo delito era protestar, sin armas, sin violencia de ningún tipo. Después, cuando vimos hace poco cómo empujaban a los pensionistas frente al Congreso, ya no nos sorprendió. Al menos no sangraban.

Después del "a por ellos" multiplicado, después de las bobadas escupidas por el entonces ministro Juan Ignacio Zoido; después de que se publicara en todos los medios tras la manifestación del 20 de septiembre que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart eran dos individuos violentos subidos a dos coches de la Guardia Civil, mientras lo que hicieron no fue otra cosa que llamar a la calma a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, y lo que era más difícil, conseguirlo; después de enterarnos de que las fuerzas del orden habían dejado sus armas dentro de los coches en plena calle, contraviniendo todo reglamento... Después de todo eso, oh, pensamos que cómo no habíamos visto venir la posibilidad de los golpes –"a por ellos" –, de la ciudadanía aporreada y empujada.

Si a alguien le cabe duda de lo que digo, este documental, 20-S, lo narra estupendamente:

¿Y cuál ha sido el papel del Poder Judicial en todo este desaguisado? Cubrir las espaldas del Ministerio de Interior y de las fuerzas del orden encarcelando a activistas pacíficos con la acusación de violencia y rebelión. Una violencia, según el juez Pablo Llarena, comparable a un golpe de estado con tiros. Hay que tener cuajo.

Pero voy más allá. El torturador González Pacheco, Billy el Niño, recorre las calles en libertad con su pensión multiplicada en medallas porque fue otra miembro del Poder Judicial quien consideró que sus tropelías, detalladas y atrozmente narradas por decenas de víctimas de sus torturas, no podían considerarse "exactamente torturas". Y que si algo había sucedido, el delito había prescrito ya. Dicha magistrada, Concepción García Espejel, la "Concha" de Cospedal, es hoy presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Oh. Y cuando se le informó de que las torturas no prescriben, ya que son crímenes de lesa humanidad, respondió la infame: "No todo delito de tortura es, per se, delito de lesa humanidad, porque tales delitos conllevan necesariamente como presupuesto inexcusable que los mismos ‘se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil’, lo que no se aprecia en el caso". O sea, que preside lo Penal de la Audiencia una señora que apoya la tortura como medio.

Pero claro, nosotras, nosotros, ¿cómo íbamos a verlo venir? ¿Cómo podíamos llegar a imaginar, en este contexto, que el torturador condecorado por el Estado, absuelto por el Poder Judicial e intocado por los sucesivos gobiernos socialistas, iba a ser invitado a la copita policial de los Santos Ángeles Custodios?

Las afrentas al derecho y el decoro, los ataques a la democracia, siempre se ven venir. La cuestión es no mirar, en ese preciso instante, hacia otra parte. Y luego, la pregunta del idiota.