Otras miradas

El nuevo FRONTEX hará realidad el sueño racista y xenófobo de Salvini

Jon Rodríguez

Asesor en materia de migraciones y candidato de Izquierda Unida al Parlamento Europeo

Jon Rodríguez

FRONTEX, el dispositivo de la Unión Europea para el control de las fronteras, se convirtió hace dos años en la Agencia Europea de Guardias de Fronteras y Costas (AEGFC). Aquella decisión, tomada por la Comisión Europea y los gobiernos de los Estados miembros, se anunció sin darle mucha publicidad y tiene unas implicaciones mucho más profundas que un mero cambio de nombre, ya que el nuevo cuerpo ha visto multiplicadas exponencialmente sus competencias, capacidades y recursos.

Desde entonces, la AEGFC se ha ido desplegando poco a poco. En una primera fase, en la frontera terrestre entre Bulgaria y Turquía, con una novedad fundamental con respecto al viejo FRONTEX: por primera vez esta Agencia de la UE dispone de personal propio, lo que en la práctica rompe con una cuestión importante, que es que los Estados comunitarios ya no tienen que ceder a sus guardas de frontera y poner sus propios materiales para la gestión de las fronteras.

Con un director nombrado a dedo, la capacidad de fiscalizar la actividad de la AEGFC es prácticamente nula y la rendición de cuentas queda limitada a la presentación de un informe anual. Este déficit democrático, muy común en todas las agencias de la UE, no ha impedido su desarrollo y cada vez es más frecuente ver a agentes europeos en diferentes fronteras externas.

La política migratoria se ha convertido en un elemento central del proyecto político europeo y la financiación de la AEGFC ha crecido exponencialmente con respecto a FRONTEX, con una inversión en 2018 por valor de más de 250 millones de euros, y 11.300 millones de euros reservados para el periodo 2021-2027. La Comisión Europea, sin embargo, en su ambición por implementar una política migratoria cada vez más agresiva, considera que esto no es suficiente y por eso acaba de presentar una nueva propuesta de reglamento para regularla. Esa propuesta recibió el visto bueno del Parlamento Europeo este jueves y entra en una última fase de diálogo a tres bandas entre Eurocámara, Comisión y Consejo.

De aprobarse tal y como está redactada, la naturaleza de esta Agencia cambiará completa y definitivamente, profundizando en el proceso de externalización de fronteras y de construcción de una Unión Europea racista, en la que las personas migrantes están destinadas a morir en el mar.

La primera novedad de esa vuelta de tuerca propuesta por la Comisión Europea es que la AEGFC tendrá por primera vez una dimensión interna, es decir, tendrá capacidad de controlar las fronteras internas de la UE. Esto significa solo una cosa: que la ausencia de fronteras entre los Estados de la Unión es una ficción cuando no tienes un pasaporte europeo. Y de este modo, se condicionará la libertad de movimiento de las personas migrantes en la UE, no permitiéndolas viajar o fijar libremente su residencia como cualquier otra ciudadana o ciudadano. Esto propiciará, además, que las personas demandantes de asilo sean penalizadas si, por cualquier motivo, deciden presentar su solicitud en un Estado diferente a aquel por el que han entrado en la UE, pudiendo incluso perder su acceso a este derecho internacionalmente reconocido.

El nuevo reglamento supone también una merma en la soberanía de los Estados para gestionar sus fronteras. Es un camino emprendido en Grecia, donde Bruselas tomó el mando después de acusar a Atenas de no estar haciendo lo suficiente para controlar sus costas e instauró el sistema de hotspots. Y como con los viejos mantras neoliberales que impusieron sobre los pueblos de Europa en los años más duros de la crisis, la migración se convierte ahora un elemento central en el que la posición fijada desde Bruselas se antepone a cualquier medida que puedan tomar los Gobiernos democráticamente elegidos.

De este modo, un Estado no podrá nunca implementar una política migratoria alternativa, por ejemplo, facilitando el cruce de sus fronteras de forma segura para que las personas no se pongan en manos de las mafias o mueran en el mar. U, otro ejemplo, no deportando a personas a países como Afganistán o Sudán, con los que la UE tiene acuerdos para este fin, pese a las graves situaciones de violencia y represión que se vive allí. Pero si por cualquier cosa, un Estado miembro decidiera llevar la contraria a la Comisión Europea y poner en práctica una política decididamente respetuosa con los derechos humanos, la AEGFC podrá actuar de forma unilateral en ese Estado, poner a sus propios agentes a custodiar las fronteras y organizar las deportaciones que estime oportunas. La Europa fortaleza hacia la que vamos no es sólo racista y xenófoba, sino que supone un ataque frontal a la democracia en nuestros países.

Otro de los elementos centrales del nuevo FRONTEX es que su campo de actuación en terceros países va más allá de aquellos que tienen frontera con la UE. La AEGFC puede incrementar a discreción su actual presencia, por ejemplo, en Estados africanos, armando y entrenando a sus cuerpos de guardas de costas y fronteras -muchas veces auténticas milicias o grupos armados con el uniforme de un Estado ante el que no necesariamente responden-, como ocurre hoy en Libia. Pero esas capacidades se verán ampliadas y, en lugar de colaborar solo con fuerzas locales como hasta ahora, podrán desarrollar sus propias misiones.

Esto significa que la Agencia podrá controlar la frontera entre dos terceros estados o, tal y como se recoge explícitamente en el texto presentado en el Parlamento Europeo esta semana en Estrasburgo (y que cuenta con el apoyo entusiasta del Partido Popular Europeo), organizar deportaciones desde un tercer estado. No es más que hacer realidad el sueño xenófobo del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, de deportarlos a todos antes de llegar a Europa. Una estrategia que, por otro lado, va en línea con la financiación de centros de detención (auténticos centros de tortura), que ya estamos pagando con los impuestos de toda la ciudadanía comunitaria en Marruecos o Turquía.

Sede de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). EFE
Sede de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). EFE

Esta última dimensión exterior de la Agencia es verdaderamente preocupante también por la propia extensión global que se le da. No existe ningún límite en los países en los que puede actuar y así vemos como el control de fronteras europeo se aleja cada vez más de los propios límites geográficos de la UE y se adentra en África y Asia. Esta imposición sobre terceros estados tiene una naturaleza claramente neocolonial y condiciona la recepción de fondos de cooperación a la aceptación de las políticas migratorias escritas en Bruselas.

El reglamento presentado por la Comisión incluye además la capacidad de los agentes de la AEGFC de participar en las misiones exteriores que ya tiene en marcha la UE en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa. Una de estas misiones es EUCAP Sahel, que se desarrolla en Níger y en Mali con el objetivo de entrenar a cuerpos policiales y militares, o las otras misiones que, con el mismo objetivo, se desarrollan en países como Somalia o Uganda y que tienen entre sus fines afianzar el control del Estado sobre el territorio o la llamada lucha antiterrorista. Aunque vaya a ser uno de los elementos que más diferencias susciten en las negociaciones entre Comisión, Consejo y Parlamento de los próximos meses, que esta cuestión se ponga sobre la mesa es indicativo del nivel de coincidencia entre la agenda de fuerzas políticas xenófobas y la de las instituciones europeas.

Como vemos, a pesar de que la AEGFC sea un cuerpo civil, podemos ver cómo las políticas migratorias de la Europa fortaleza tienen una forma cada vez más militarizada, incluso cooperando con la OTAN como sucede en la Operación Sophia. El objetivo de la UE es imponerlas a cualquier coste. La reformulación que se plantea del nuevo FRONTEX es una pieza fundamental en la construcción de una política migratoria agresiva, dictada por las fuerzas de la extrema derecha, que trata reescribir la legislación internacional y limitar derechos antes garantizados. Por ello, antes de que sea demasiado tarde, es necesario reaccionar y frenar estas medidas xenófobas y neocoloniales, o será imposible revertir las políticas que han convertido el Mediterráneo en una fosa común donde, sólo en lo que llevamos de 2019, han muerto 209 personas en su ruta hacia Europa.