Otras miradas

Decisiones que cuestan vidas

Carmen San José Pérez

Médica de familia, sindicalista del MATS y militante de Anticapitalistas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta la estrategia de continuidad del Covid-19. E.P./Óscar Cañas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta la estrategia de continuidad del Covid-19. E.P./Óscar Cañas

La Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad están llevando a cabo, aunque manifiesten lo contrario, un desmantelamiento de la sanidad pública sin parangón, ahora aprovechando el abordaje de la pandemia.

Es inimaginable que, si su objetivo fuese el fortalecimiento del sector público para estar mejor preparados para los rebrotes, olas, nuevas pandemias, o simplemente para dar una atención de calidad a la ciudadanía, se tomaran las decisiones que se están tomando.

Una referencia muy breve a la situación previa del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ya reflejaba la apuesta de los sucesivos gobiernos del PP por el sector privado en detrimento de la sanidad pública, con el objetivo de que el sector sanitario público fuese un nicho más de mercado, para poder hacer negocio con los fondos públicos que se invierten en la sanidad madrileña. Y por esto no es baladí insistir en el expolio que se realiza a la población madrileña de un bien común como es la sanidad.

La Comunidad de Madrid con el mayor PIB del Estado, es la segunda CCAA que menos invierte por persona y año en sanidad (1.274 €), cuando la media es de 1.416 €[1]. La que menos gasta en Atención Primaria (AP) con un 11.5 % de la inversión total, cuando la media es del 14,6 %. Sin embargo, es la que invierte más en Atención Hospitalizada (AH) un 68,6 % cuando la media es del 61,8 %[2]. O la CCAA que hizo desaparecer la Dirección General de Salud Pública en el año 2010, recuperándola en el año 2016, pero también invirtiendo menos que la media (0,9 %), la media es del 1,1%. para hacerse una idea del mayor gasto hospitalario, hay que añadir que, de los 35 hospitales de la red pública, 11 son privados o semiprivados, aunque se financian con fondos públicos. Hoy en su mayoría en manos de fondos de inversión o 4 de ellos en manos de multinacionales como Fresenius.

La pandemia ha hecho aflorar esta situación con mayor dramatismo, pues la precaria situación del SERMAS no ha dado abasto en la atención a los pacientes de la Covid 19, ni al resto de las patologias. Las decisiones políticas cuestan vidas, demasiadas vidas… Y Madrid ha tenido un exceso de mortalidad como ninguna otra gran ciudad europea[3], Madrid 432 %, Londres 226 %, Bruselas 201 %, Barcelona 285 %.

Debido a esta orientación de la política sanitaria llevada a cabo en los últimos veinte años por el PP se sigue sin una planificación, sin un Plan de Salud, no se fijan ni objetivos ni prioridades. Con un hospitalocentrismo en detrimento de la AP que sin embargo es la que contribuye a mejores indicadores de salud, y una falta crónica de profesionales por la nefasta política de personal llevada a cabo.

A pesar de la construcción de 7 hospitales semiprivados, y 4 privados, en la pasada década, las camas no se han incrementado, pues se cerraron las de los hospitales públicos. Así al llegar el pico del SARS CoV 2 en marzo pasado las urgencias y las UCIs de los hospitales se colapsaron en los primeros días. Y la AP que debió jugar un papel esencial, no contaba con suficiente personal ni infraestructuras. La salud pública y vigilancia epidemiológica que se había desmantelado estaba sumamente debilitada y con falta de profesionales.

En plena pandemia la respuesta de la Sra Díaz Ayuso no fue cambiar el rumbo para fortalecer la salud pública y la AP, poniéndolas en el centro de la planificación para atender las necesidades de la población más golpeada. Insistió de nuevo en abrir un hospital como el IFEMA, y llevar allí profesionales de AP, cerrando centros de salud, consultorios, todas las urgencias extrahospitalarias (SUAP) y recortando los horarios.

Tampoco hizo nada por mejorar la atención que recibían los/as usuarias de las Residencias de las Personas Mayores, cuando se sabía que eran unos de los colectivos más vulnerables. De hecho, desde su gobierno se dieron órdenes para no ingresar a estas personas en los hospitales. Quizás no todos estos pacientes hubiesen necesitado una UCI, pero si necesitaban ser atendidos con todas las medidas necesarias, pero tampoco se dotaron de profesionales ni material las Residencias.

La situación del personal sanitario y "no sanitario" de hospitales, residencias y centros de salud ha sido de total abandono y falta de protección, más allá de la propaganda que desplegó la Sra Díaz Ayuso. Se careció de lo más esencial como mascarillas, guantes, gafas o equipos de protección individual desde un primer momento. Esto derivó en la elevada cifra de contagios entre las y los trabajadores de la sanidad madrileña.

Y llegó la desescalada…

Las normas para acceder a las distintas fases, en cuanto al sistema sanitario se refieren, debían garantizar que en cinco días los Servicios de Salud pudieran contar entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes, y disponer en un plazo también de cinco días de entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por 10.000 habitantes. Se exigía también el reforzamiento de la AP y la salud pública, dado que se preveía que deberían jugar un papel esencial en el diagnóstico precoz y seguimiento de los contagios en el postconfinamiento.

Pues bien, la Comunidad de Madrid estaba y está muy lejos de contar con poder habilitar ese número de camas, ya que solo cuenta con 22 camas instaladas por 10.000 habitantes. Y no parece que quien no quiso poner bajo el control del sector público la sanidad privada en los peores momentos de colapso de los hospitales públicos, lo vaya a hacer con los nuevos rebrotes. Tampoco se ha fortalecido la AP, cuyo personal ya denunció que faltaban 600 profesionales de medicina de familia y 150 pediatras, 2000 enfermeras y más de 600 administrativas. Además, se enfrenta a las numerosas bajas y días de vacaciones sin suplir por lo que hay centros de salud cerrados.

Los contagios que se están dando a lo largo del mes de julio por los rebrotes no pueden ser seguidos con la celeridad que cabría esperar por la inexistencia de personal que los rastree. De los 600 contratos prometidos solo se tienen 182 para más de 6,5 millones de personas. Cuando se calcula que se deberían contar con 40 por 100.000 personas aproximadamente. Cierto que esto no incluye la labor que se lleva a cabo con personal de los centros de salud. Pero si esta se encuentra bajo mínimos, no se puede esperar que contribuyan activamente al seguimiento de todos los contagios.

Las últimas ocurrencias

La pasada semana la Sra Díaz Ayuso anunció algunas medidas en un plan de choque contra los rebrotes. Extendió la obligatoriedad del uso de la mascarilla, ya que junto con Canarias era la única CCAA en la que no era obligado su uso en espacios exteriores y en interiores que no hubiese distancias de seguridad. Rebajó a 10 personas el número máximo en espacios públicos. También anunció por enésima vez que aumentará el número de rastreadores, y la creación de una "cartilla Covid-19", para "que las personas que no contagien puedan seguir una vida normal". Sin embargo, nada nuevo sobre la escasez de profesionales de salud pública, cuando debiera ser el "cerebro", la guía del SERMAS en la situación de pandemia.

A la vista de los 8.453 fallecimientos acumulados a 31 de Julio, la siguiente es Catalunya con 5.686, de un incremento importante de rebrotes en las últimas semanas, y de la tardanza en el seguimiento de los contactos de casos Covid-19 para realizarles el estudio serológico, Madrid no ha cumplido con lo que se comprometió en la desescalada.

No ha contratado los 600 profesionales para la AP que aseguró, más bien todo lo contrario al seguir cerrados centros de salud y otros con reducción de horarios, y sin funcionar las urgencias extrahospitalarias. Pero quizás lo más grave es que ante la falta de personal se ha extendido como prioritaria la atención telefónica frente a la presencial. Todo este caos está poniendo en peor situación la atención a toda la patología no Covid-19, y ya se ha hecho mención al exceso de mortalidad en Madrid.

Tampoco se han incrementado las camas hospitalarias, sino que se han cerrado cerca de 1.300 de ellas en estos meses de verano. Y no se ha aumentado el número de rastreadores como habían asegurado. Sin embargo, la última ocurrencia ha sido la de crear una cartilla Covid-19 para aquellos que tengan inmunidad, algo sobre lo que se han pronunciado en contra numerosos organismos entre ellos la OMS, al carecer de respaldo científico.

Pero la Sra Díaz Ayuso en lugar de dar un giro de timón para preparar la sanidad madrileña para los próximos rebrotes, olas o nuevas pandemias, que vendrán, anuncia ocurrencias sin ningún fundamento, la última con la gravedad de que constituye toda una discriminación que no se podrá usar para buscar trabajo como ella opina: "No descarto que en el futuro saber tu inmunidad sea necesario para empleos".

Decisión tras decisión podemos comprobar como empeora la situación de la sanidad madrileña. Pero nada de esto se podrá revertir sino confluyen en importantes movilizaciones ciudadanas y del personal sanitario todas las reivindicaciones, huelgas y luchas que se están dando por una sanidad pública, universal y de calidad. Decisiones que cuestan vidas... Nuestras vidas

NOTAS
[1]     https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm
[2]     https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/UltDatos.htm
[3] https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/januarytojune2020#table-524f0f34