No hemos llegado a mitad de la legislatura. Está lejos el horizonte de las elecciones generales. Pero esta nueva etapa es decisiva para consolidar la dinámica del cambio de progreso y garantizar su continuidad y refuerzo en la próxima legislatura. Aunque el Gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos y sus confluencias no tiene mayoría parlamentaria, hay una mayoría relativamente sólida de acuerdo de legislatura, apoyo a los presupuestos y estabilidad gubernamental, en el que son importantes la colaboración de los nacionalismos periféricos, en particular ERC y PNV. En pugna por su prevalencia entre las derechas, toda la estrategia del Partido Popular, en colaboración con VOX y Ciudadanos, para dividir y hacer caer al Ejecutivo y adelantar las elecciones generales ha fracasado.

Tras la fase más dura de la crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia, habiendo desplegado un amplio escudo social y frenado la estrategia de bloqueo y crispación de las derechas, el Gobierno progresista y el bloque de la investidura comienzan otra etapa con nuevos retos: la recuperación económica de la mano de los planes y la financiación europea; la culminación de la ambiciosa agenda social frente a la aguda crisis socioeconómica, y el encauzamiento de la cuestión catalana y la crisis territorial. La reciente remodelación del Gabinete expresa su voluntad de avanzar en esos retos y aspira a agotar la legislatura hasta finales de 2023 (o primeros del 2024), con la tarea de consolidar la victoria del bloque progresista en esas elecciones generales y asegurar el cambio de progreso en la siguiente legislatura.

Aparecen tres dilemas relevantes a dilucidar: ¿Tiene suficiente consistencia el proyecto y las fuerzas progresistas, representado por el actual sistema de alianzas, para liderar otra legislatura y profundizar en su agenda reformadora, frente al supuesto avance electoral de las derechas pero aisladas del bloque nacionalista? Aparte de la pugna en las derechas, con la probable absorción de Ciudadanos por parte del Partido Popular y la persistencia de VOX, con la correspondiente derechización de ambos ¿se va a modificar el mapa de las izquierdas con una recomposición de sus equilibrios estratégicos y representativos, con mayor o menor prevalencia del Partido Socialista, y las inclinaciones centristas de un sector del mismo, respecto del espacio del cambio, con una agenda firme de progreso?. ¿Va a avanzar un proceso colaborativo y confluyente entre las fuerzas del cambio (Unidas Podemos junto con En Comú Podem y Galicia en Común, con Más País-Compromís, así como con otros sectores diferenciados del PSOE), que no solo permita ampliar el campo electoral común y su reflejo institucional sino promover una mayor activación cívica?

Es imprescindible un análisis riguroso de las tendencias sociales y electorales para enmarcar los respectivos proyectos de país, básicamente tres: conservador, socioliberal y transformador. Con la particularidad de que el Gobierno de coalición progresista y el propio sanchismo ha tenido que expresar un acuerdo (mínimo) entre los dos últimos proyectos y fuerzas progresistas.

No obstante, los dos próximos años son decisivos para consolidar o no esa dinámica democrática y social y sus equilibrios políticos y de legitimidad ciudadana, así como posibilitar su continuidad con un nuevo impulso para la siguiente legislatura. Esa trayectoria probable genera el nerviosismo que subyace en el propio poder establecido y las derechas, así como el intento de la neutralización de la presión reformadora progresista.

La agenda socioeconómica, democrática y sanitaria

Pues bien, con sus límites, los mejores indicadores sobre estos temas los facilita el CIS, del que recojo los datos de su último Estudio 3330, Barómetro de julio 2021, con una elaboración propia, expresada en varios gráficos, para facilitar la comprensión sintética de estas tendencias y permitir la aproximación a las respuestas respecto de esos interrogantes.

En primer lugar, como punto de partida, explico los principales problemas existentes en España según la percepción de la ciudadanía, que deberían definir la gestión institucional en esta etapa y el proyecto de cambio de progreso a medio plazo. El CIS pregunta por tres opciones: el primer problema, el segundo y el tercero. O sea, sumados podrían llegar hasta el 300%. Enumera unos cincuenta problemas. Aquí he desechado los que apenas son seleccionados por un porcentaje de pocas décimas y el resto los he agrupado en tres grandes bloques.

En el primero, ‘Paro y problemas socioeconómicos’, he agregado diversos problemas económicos y sociales incluido, además del paro y la crisis que son los más destacados, aspectos como la precariedad laboral y la educación. Como se pueden elegir de forma compatible, ya sean dos o tres de ellos, aparecen como prioritarios más del 100% de veces (105,4%); significa que la gran mayoría social ha respondido, al menos, con uno de este tipo de problemas socioeconómicos en una de las tres opciones, mayor que la suma de las otras dos. En el segundo, ‘Problemas políticos’, incluyo la inestabilidad política y la falta de acuerdos entre partidos, el mal comportamiento de los políticos, la corrupción...; aquí la suma llega al 55,8% de veces, en torno a la mitad que los problemas socioeconómicos. El tercero, ‘Peligros para la salud’ es el más homogéneo, integra fundamentalmente el impacto del coronavirus y su gestión, al que el Estudio dedica una amplia investigación demoscópica: es muy preocupante para el 35,4% de las personas encuestadas.

Una parte de la población ha elegido un problema de cada uno de los tres tipos (socioeconómicos, políticos, salud), y otra parte ha elegido dos de tipo socioeconómico y uno de los otros dos. Es evidente la desproporción de la amplitud percibida socialmente respecto de los tres tipos de problemas. A título orientativo y de forma simplificada para comparar en términos de porcentaje, más intuitivo, tenemos las siguientes proporciones: 35,1%, la problemática socioeconómica; 18,6% la política, y 11,8% la pandemia.

Se puede añadir que la independencia de Cataluña, sumadas las tres opciones, llega al 5,8% de la población, y que la violencia de género solo es considerada por el 1,1%, así como el racismo por el 0,4%. En estos casos, como en algunos otros que, como digo, no llegan al 1% y no los he considerado, hay que advertir que el CIS selecciona los tres primeros problemas, y ello es compatible con respuestas más abiertas sobre si tal o cual problema preocupa a la gente, cosa que es evidente y masivo para circunstancias como la desigualdad de género o el cambio climático, que aquí apenas aparecen entre las prioridades de la población.

En resumen, esta radiografía nos está mostrando las preocupaciones principales de la sociedad. En primer lugar, se muestra la cuestión social y económica, superior a la suma de las otras dos, con la demanda de empleo decente y protección social en primer plano; en segundo lugar, la temática política que interpreto en la doble vertiente de exigencia democrática y eficacia en la gestión institucional; en tercer lugar, la política sanitaria que lleva aparejada la garantía de unos servicios públicos de calidad que reduzcan la incertidumbre de la pandemia.

Se deducen unas conclusiones muy claras para definir la gestión gubernamental y el proyecto reformador progresista, en disputa entre sus tres orientaciones antedichas aunque en su actual polarización entre derechas e izquierdas (con la colaboración nacionalista): la agenda socioeconómica y laboral, con algunos retos inmediatos (SMI, precariedad laboral, ley de vivienda, política energética, reforma laboral, fiscalidad progresiva...) y la financiación europea adicional para la recuperación económica (verde y digital); la agenda democrática, de eficacia política y legitimidad institucional, incluido la regulación del marco plurinacional y territorial, así como de los grandes poderes constitucionales (empezando por el judicial y la Corona), y la agenda sanitaria, con garantías de seguridad y servicios públicos.

En esta nueva etapa, la gestión de las distintas representaciones políticas se va a confrontar con estas demandas sociales mayoritarias, en el marco por la configuración de nuevos reequilibrios de poder institucional. Su evaluación por la ciudadanía va a ser fundamental. Va a seguir estando mediada por una profunda y prolongada pugna sociopolítica, cultural y mediática, para ampliar la legitimidad de las fuerzas en presencia. Todo ello permitirá articular los correspondientes electorados y sus posibles desplazamientos para las siguientes elecciones generales.

Es un proceso intermedio para configurar las mayorías parlamentarias determinantes para continuar una senda de progreso social y democrático, frenarlo con el riesgo de una involución autoritaria y regresiva, o bien gestionar un simple continuismo centrista. Este plan intermedio, muy querido por los poderes económicos y europeos, tiene difícil traducción política para el Partido Socialista, por la oposición visceral de las derechas políticas y, por otro lado, por las demandas cívicas de reformas sociales y democráticas y la persistencia del espacio del cambio de progreso y las fuerzas nacionalistas; pero la tendencia es fuerte.

En la segunda parte, me centraré en el posicionamiento de voto para las próximas elecciones generales y en el perfil ideológico en el eje izquierda / derecha, especialmente del electorado de las izquierdas, con el objeto de comprobar su dimensión, afinidad y complementariedad.