Son los presupuestos más expansivos hasta ahora, tal como ya presentó la ministra. 458.970M€. El detalle que ella no contó es que no lo son porque la fiscalidad progresiva (más dura con los de arriba) haya pasado a ser una fuente de recaudación mayor. De hecho, es al revés. A las grandes hidroeléctricas les bajan el impuesto especial de la electricidad hasta el 0,5% y les perdonan el impuesto de producción eléctrica de momento hasta final de año. El impuesto de sociedades lo establecen con el tipo impositivo mínimo del 15% porque lo marcó la OCDE y el G20 y la misma ministra ha reconocido en sede parlamentaria que sólo afectará al 0,1% de las empresas.

Hay más dinero por la entrada de los fondos europeos. 27.633M€. Y a pesar de que muchas voces de izquierdas celebran la entrada de los fondos públicos, todavía no se ha aclarado qué contrapartidas supondrán. Y la pelea por la reforma laboral de estos días entre la ministra Díaz y la ministra Calviño ha terminado con una fórmula que nadie sabe al detalle qué implica: se derogarán los aspectos de la reforma laboral en acuerdo con el acuerdo de coalición entre los dos partidos de gobierno –que solamente se centra en algunas de las medidas de 2012, obviando las del 2010-, respetando el acuerdo con Bruselas –que sigue siendo una incógnita en detalle-. Por el otro lado, los fondos para inversiones verdes no incorporan la repartición de la riqueza, van en su gran mayoría a grandes corporaciones. Son las que pueden acceder al circuito que establece el RD 36/2020 para poder optar a los PERTE, y las que pueden llevar a cabo macroproyectos en tiempo récord.

Álvaro García Linera habla de esto como aquel corpus de normas, leyes, decretos y otros mecanismos que simulan imparcialidad mientras aseguran una distribución de los recursos según los privilegios del corpus político que está permanentemente en conflicto. En el caso español, uno de los conflictos grandes para la distribución del poder es entre las instituciones y las grandes corporaciones, y queremos recordar, por ejemplo, que una de las grandes consultoras, Deloitte, fue contratada al mismo tiempo por el Ministerio de Transición ecológica para distribuir fondos y por la empresa CEPSA para optar a estos.

Esto no es ningún "Green New Deal". No se regula el mercado –ni el de alquiler según la nueva ley de vivienda-, ni se crean impuestos que redistribuyan la riqueza (salvo la tasa Google aprobada hace meses), ni hay un gran pacto entre el capital y el trabajo (los datos de la EPA, optimistas con la tasa de paro de octubre, también revelan que el 60% de los nuevos contratos son temporales y que somos de los estados con la cuota de paro juvenil más alta de la Unión Europea), ni las inversiones "verdes" cuestionan las grandes empresas responsables de las mayores tasas de CO2. De momento es un traspaso de dinero público en grandes cantidades a las grandes corporaciones.

Además, en los presupuestos no hay impuestos verdes. Se sube el especial del tabaco, se baja el IVA de la luz y el estado deja de recaudar para no tocar los beneficios de las eléctricas, que ya amenazaron con cerrar centrales nucleares si perdían algún privilegio.

Ni verde, ni nuevo trato.