Todo avance político tiene una reacción. Cuanto más significativo sea dicho avance, más esfuerzos dedicarán sus opositores a impedirlo para conservar las relaciones de poder existentes. La ley Sólo Sí Es Sí es sin duda uno de los grandes avances de este ciclo político y del gobierno de coalición frente al cual han desplegado una campaña por parte de la derecha judicial, mediática y política sin precedentes.

¿Por qué Sánchez ha decidido reformar esta ley antes de que la ciudadanía, el conjunto del Gobierno y los y las diputadas conozcan los datos oficiales sobre revisiones de sentencias firmes, y antes de que el propio Tribunal Supremo haya emitido criterio? ¿Por qué lo hace en contra de la jurisprudencia previa y del criterio emitido por la Fiscalía General del Estado a través de una circular que dice exactamente lo mismo que llevaba tiempo diciendo el Ministerio de Igualdad sobre el hecho de que las revisiones no son consecuencia de la ley sino de la incorrecta aplicación de ésta y del derecho transitorio, que las penas se pueden y deben mantener, y que hay que recurrir dichas revisiones como ya está haciendo? ¿Por qué no ha aceptado ni una sola de las propuestas que le ha ofrecido como cesión el propio Ministerio de Igualdad con voluntad de llegar a un acuerdo o a las que le han ofrecido los grupos de la mayoría de la investidura plurinacional y feminista? ¿Por qué retroceder frente a lo que marcan los organismos internacionales de derechos humanos y arriesgarse a ser el primer país en retractarse respecto del Convenio de Estambul?

En primer lugar, porque ha cedido ante esa ofensiva de la derecha judicial, mediática y política. El feminismo está siendo el epicentro de los proyectos democratizadores que plantean una salida a la crisis neoliberal abierta, así como el  impulsor de las grandes transformaciones sociales y económicas. Sin duda tanto en España como en muchos países de Latinoamérica los gobiernos populares y progresistas seguramente no existirían sin la fuerza del movimiento feminista. La derecha y la extrema derecha han entendido perfectamente la relevancia de esa fuerza en este ciclo (de hecho más que buena parte de la izquierda aún) y por eso han identificado los avances feministas y el Ministerio de Igualdad como su principal enemigo durante la legislatura.

La ley Sólo Sí Es Sí, que significa convertir en cambios legislativos y derechos uno de los ejes fundamentales de lo que está planteando el feminismo en el mundo entero, ha tenido muchos objetores desde el principio. Algunas feministas plantearon en su momento que era una ley punitivista por el simple hecho de que implica un cambio de esquema del Código Penal. Un planteamiento que ayudó a invisibilizar de facto toda la parte integral de la ley y a minusvalorar la importancia que tiene para el feminismo acabar con un Código Penal pensado desde una lógica patriarcal para superar la cultura de la violación. Una cultura de la violación que tiene como base para perpetuarse la normalización de las violencias sexuales, la presunción de responsabilidad hacia las mujeres de la violencia que sufrimos y con ello, el silencio y la impunidad.

Por su parte la derecha y la extrema derecha difundieron sin cesar el discurso contrario a través del bulo de que iba a ser obligatorio un contrato para mantener relaciones sexuales, de que el consentimiento ya estaba en el anterior código penal y que esta ley supondría una vulneración de la presunción de inocencia de los hombres. El giro vino cuando unos cuantos jueces comenzaron a reducir penas y ahora, en vez de punitivista, las feministas del Ministerio de Igualdad pasaron a ser cómplices con los agresores sexuales. ¿En qué quedamos?

La razón de que la ley haya recibido como crítica un argumento y su contrario es que sus objetores no compartieron nunca el cambio de paradigma que implica situar el consentimiento como eje en las relaciones sexuales, que supone (lejos de simples cambios técnicos) una verdadera revolución frente a la cultura androcéntrica y patriarcal para acabar con la impunidad (que es lo contrario de la justicia) de las violencias sexuales. Esas bajadas de penas, consecuencia de decisiones judiciales, fueron utilizadas por los medios de comunicación para crear una campaña de terror sexual en las claves del populismo punitivo de la extrema derecha contra los avances feministas. Y hoy la reforma del pacto PSOE-PP lejos de subir penas o siquiera afectar a las revisiones (ni las pasadas ni las que se producirán) vuelve al Código Penal de La Manada y de facto vuelve a dejar impunes y sin respuesta algunas agresiones sexuales. Vuelve a mandar el mensaje de que si no tienes heridas, el Estado no te cree. Hace que en nuestro país continúe habiendo nada menos que un 92% de las agresiones sexuales que no se denuncian, algo que es el objetivo primordial de la ley Sólo Sí Es Sí.

Hubiéramos necesitado que Sánchez tuviera la valentía que en su día tuvo Zapatero para hacer frente a la ofensiva, pero va a entregar nuestros derechos a la derecha. Cuando los jueces se resistieron a aplicar la ley 1/2004 contra la violencia de género, planteando por parte de los propios juzgados casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad y aumentando los sobreseimientos un 158% (dejando a las mujeres que se atrevían a denunciar en absoluta vulnerabilidad y riesgo),  Zapatero entendió que la decisión correcta era implementar más y mejor la nueva ley que sin duda era un cambio de paradigma en la lucha contra las violencias. Más recursos, más protección a las víctimas, y más formación a los operadores jurídicos para que el Estado acompañase los cambios que impulsó el movimiento feminista y la mayoría de la ciudadanía de nuestro país. Ayer y hoy dedicar todo el esfuerzo posible a que el Estado sea capaz de acompañar los avances feministas es realmente lo único que se puede hacer frente a las resistencias de sectores conservadores del Estado, lo único que plantea una solución al problema de las revisiones.

En segundo lugar, la explicación de la votación PP-PSOE que vamos a ver este jueves obedece a una lógica de disputa interna del Gobierno de coalición y del tablero político de nuestro país. Obedece de hecho a una operación política del PSOE frente al espacio transformador de su izquierda. Sabe cualquiera en este país que el socio mayoritario nunca ha llevado bien que el Ministerio de Igualdad caiga del lado de su socio minoritario aunque fuese el propio Sánchez el que lo cediese. Quizás la centralidad del feminismo en la disputa ideológica con la derecha la entendieron tarde. Sabe cualquiera también que todos los avances feministas del gobierno de coalición se han hecho con palos en las ruedas por parte del PSOE, por la disputa de poder a la que me he referido, o por no comprender las coordenadas del feminismo de la última ola. Deben saber también que la operación de derribo contra Irene Montero y Podemos que había detrás de la actitud de buena parte del PSOE y de buena parte de la progresía mediática no consiguió sus objetivos, y que ya no es eso lo que está en juego.

Hoy el riesgo está en que la reforma suponga una desprotección para los derechos de las mujeres en el futuro, y en el hecho de que la resolución de este debate que ha copado los medios durante los últimos meses genere un terrible precedente que le de más victorias futuras a la derecha. Frente a este riesgo sin duda es esperanzador ver que cientos de colectivos feministas han convocado concentraciones en todo el país contra la reforma PSOE-PP para defender el avance que el propio movimiento consiguió hace unos años, y que hay ya en torno a 1.500 feministas, muchas de ella juristas, que han decidido mojarse por fin y tomar partido firmando un manifiesto que llama al Congreso a no aprobar esta reforma. Han entendido que aunque el PSOE haya decidido utilizarlo para beneficio propio, esto no va de una disputa entre dos partidos del Gobierno de coalición, sino entre avances feministas y reaccionarios.