Artículo 47 de la Constitución. Derecho a una vivienda digna y asequible. Esta semana en el Pleno del Congreso se ha conseguido que se cumpla. Se ha materializado el ejercicio de un derecho recogido en la Carta Magna ejerciéndolo de manera real y efectiva. La primera Ley de Vivienda de la democracia. De nada sirve tener una Constitución que establece un marco de derechos si esos derechos no se ejercen de forma real y efectiva con la ciudadanía. Y con esta Ley de Vivienda se sigue construyendo el Estado de Bienestar junto con la Sanidad, la Educación, las pensiones y la dependencia. Desde una visión socialdemócrata y progresista. Porque el futuro da la razón al progreso.

Tres años de intenso trabajo para poder aportar más esperanza a la ciudadanía incluidas las partidas presupuestarias que cada año a lo largo de esta legislatura han multiplicado por seis lo invertido en esta materia por el Partido Popular.

Ha merecido la pena. Porque sabemos que el desempleo y la imposibilidad del acceso a una vivienda digna son dos de las variables que empujan a la pobreza y a la desigualdad. Y frente a aquellos que quieren que la vivienda continúe siendo un artículo de lujo, avanzamos con esta ley en beneficio de todas y todos y pone los cimientos, nunca mejor dicho, para dar respuesta a uno de los problemas más graves de nuestro país.

Es nuestra obligación, la de los poderes públicos, reorientar la política de vivienda para resituar el modelo de negocio frente al modelo de derecho. La vivienda debe ser eje de cohesión. No es un producto más. Es un derecho y los derechos se cumplen y se ejercen.

Construir vivienda pública. Limitar precios del alquiler. No defender el negocio de los fondos buitre del ladrillo. Aumentar el porcentaje de parque público de vivienda. Estas son algunas de las cuestiones que regula esta ley. Nos coloca a la vanguardia en el reconocimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada.

Pero no todos los grupos políticos lo ven así. La derecha y la ultraderecha del hemiciclo han votado en contra. La consideran un bien de lujo y no como un bien de primera necesidad. Ya habían "apuntado maneras" cuando aprobaron la ley del suelo en el 98 que abrió tantas puertas a la especulación y que provocó todo lo que provocó cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. Su modelo es antagónico, su concepción de vivienda como mercancía y no como derecho.

Algunos de los nacionalistas de derechas también han votado en contra alegando invasión de competencias. En Euskadi, comunidad autónoma a la que pertenezco, que es competente en esta materia como el resto de comunidades autónomas, la Ley de Vivienda de 2015 reconoció el derecho subjetivo a la vivienda, y ya supuso un avance sustancial en este ámbito pero ya entonces el PNV votó en contra con argumentos muy cercanos a los del Gobierno del PP, y alegando que "reconocer el derecho subjetivo actuaría como un efecto llamada" que no ha sido tal. Ninguna sorpresa pues.

Porque... ¿En qué invade competencias esta ley? ¿En la posibilidad de desarrollar políticas de vivienda para jóvenes? ¿En reforzar políticas de alquiler? ¿En que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas? ¿En que las diputaciones incentiven políticas fiscales para fomentar el mercado de viviendas a precio más asequible?

Ahora se trata de trabajar de forma coordinada desde todos los ámbitos de la Administración pero esta ley respeta estrictamente las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales en materia de vivienda.

La realidad es que la pretensión de esta ley es evitar la especulación en el mercado inmobiliario y en eso los votos en el hemiciclo han retratado a cada grupo político.

Mi grupo parlamentario lo tiene claro. Con mucho orgullo decimos que hemos votado afirmativamente a una ley que afronta el problema de la vivienda para que se convierta de problema en derecho. Esta ley, mal que les pese a algunos e intenten confundir, va a servir de paraguas legal para fomentar políticas de carácter social desde todas las administraciones. Desde todas.