Es cierto que los parlamentarios españoles cobran salarios más bajos que los del resto de Europa. Se dan casos de altos cargos de la Administración procedentes del sector privado que pierden grandes sumas de dinero. Admitamos que algunos trabajan infatigablemente no tanto por ambición como por vocación de servicio a la comunidad o por la satisfacción de llevar a la práctica sus ideas. Pasemos por alto que en los despachos gubernamentales, además de un sueldo decoroso, se disfruta de coche oficial, chofer, asistentes, escoltas, secretarias, asesores, viajes, restaurantes y otras ventajas retributivas, todos ellas a cargo del Estado. Sin añadir otro tipo de bienes intangibles, como el prestigio social, la sensación de la propia valía y la capacidad de otorgar beneficios y sanciones. Son muchos los que minimizan dichos incentivos o prebendas en comparación con el nivel de sacrificio y, sobre todo, el riesgo que implica ejercer un cargo político.

Hasta aquí, aunque son tratados a cuerpo de rey, todo sería dignidad y grandeza. El desprestigio de la política comienza cuando salen a flote las miserias. No me refiero sólo a la operación Gürtel
–que investiga la presunta corrupción de cargos del PP, de paso por la Audiencia Nacional camino de los Tribunales Superiores de Justicia–, sino al reciente escándalo de proporciones continentales que afecta a los diputados europeos. El llamado informe Galván, redactado por la auditoria de la Eurocámara, denuncia una serie de fraudes mezquinos y cicateros. Los eurodiputados sospechosos pertenecen a 15 países y se han fundido su dotación mensual extraordinaria en contratar falsos asistentes, falsas secretarias y falsas facturas que pagamos todos los contribuyentes. Tenemos que saber sus nombres cuanto antes. ¿No les parece suficiente hacerse euromillonarios en un mandato?