La cárcel como vertedero

             

Al paso que vamos, la primera reforma de la Constitución para la que lograrán acuerdo los dos grandes partidos será la eliminación del artículo 25.2 que establece que las penas de prisión deben orientarse “hacia la reeducación y reinserción social.” Hace tiempo que la cárcel dejó de ser un taller donde reparar las piezas defectuosas de la sociedad para convertirse en un mero instrumento de castigo, o peor aún: un vertedero, un depósito de residuos tóxicos que no sabemos manejar. La expresión “que se pudran en la cárcel” apunta en ese sentido: basura irrecuperable.

El endurecimiento del discurso no tiene fin: tras extender la prisión provisional, prometer penas más duras o cuestionar los beneficios penitenciarios, llega ahora la libertad vigilada para los que ya cumplieron su pena. Empezamos por pederastas y terroristas, claro, para evitar cualquier escrúpulo compasivo. Pero ya puestos, nadie nos garantiza que no la ampliemos pronto a otro tipo de delincuentes. De hecho, muchos critican la medida por defecto, no por exceso: ¿por qué sólo a los violadores y terroristas? ¿No hay acaso otros delincuentes multirreincidentes? Además, ¿quién decidirá la aplicación de esas medidas? ¿Un juez sometido a la presión de la habitual “alarma social”?

Hace años que Foucault nos despertó del sueño ilustrado penitenciario: de reeducación, nada, vino a decir: la cárcel no es más que una fábrica de delincuentes y de delitos, un instrumento más de control social. La propuesta de vigilar al que ya cumplió su pena es un reconocimiento del fracaso de la prisión en su función reeducadora. Uno entra en el trullo y sale igual o peor de lo que entró. Cuanto más tiempo dentro, más colgado se queda, más le cuesta reinsertarse al salir. Si además lo sometemos a vigilancia, más difícil se lo ponemos.