29 abril, 2017

Por José Ignacio Domínguez y Restituto Valero, miembros de la UMD (Unión Militar Democrática).

Si suponemos que la tuitera Cassandra ha ofendido a Carrero Blanco y -seguimos  suponiendo-, si consideramos al delfín de Franco como una víctima del terrorismo, hemos de recordar que Carrero fue ofendido gravemente, de palabra y obra y desde las alturas del Estado, mucho antes de que se inventaran las redes sociales. La historia es como sigue:
En las postrimerías del franquismo cada ejército hacía la guerra por su cuenta, sin ninguna coordinación entre ellos, sobre todo a la hora de adquirir material. En ese estado de cosas, el Ministerio de Marina, que ya disponía de helicópteros, decidió crear su propia fuerza aérea con aviones de ala fija. Sin contar con nadie compró varios aviones que destinó a la Base de Rota. Cuando pidieron el certificado de
aeronavegabilidad al Ministerio del Aire, se encontraron con la sorpresa de que les fue denegado con carácter definitivo y los aviones estuvieron varios años aparcados en Rota, sólo los aceleraban de vez en cuando por la pista de despegue para que no se arrumbaran demasiado, pero sin levantar las ruedas del suelo.
A pesar de las trabas impuestas por el Ministerio del Aire, el Ministerio de Marina insistió en disponer de su propia aviación y decidió comprar a Estados Unidos ocho Harrier, aviones de despegue vertical ingleses que no podían adquirir directamente en el Reino Unido por el embargo de armas a Franco.
Antes de comprar los Harrier, el Ministerio de Marina llevó al portahelicópteros Dédalo, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, al golfo de León para que el famoso piloto de pruebas británico, John Farley, contratado privadamente por el almirante Pita da Veiga, comprobara a bordo de su avión si la vetusta cubierta de madera del Dédalo soportaría el peso y las altas temperaturas generadas en los despegues y aterrizajes verticales de los Harrier. La conclusión a la que llegaron es que habría que reforzar la cubierta.
Sin que se enterara el Ministerio del Aire, también se hizo otra prueba secreta en el Atlántico, a la altura de Lisboa, y allí comprobaron cómo los Harrier americanos tenían dificultades para aterrizar verticalmente en la cubierta del Dédalo por tener el buque demasiado balanceo, debido a la gran altura de la parte del casco que emerge sobre el agua -la "obra muerta" en términos marineros-. A pesar de ello, Pita da Veiga consiguió el visto bueno del Ministerio del Aire y finalmente compró sus ocho Harrier en 1973 -sólo llegaron siete porque uno de ellos se estrelló en el camino-.
Cuando decidieron la compra ya conocían los problemas de balanceo del Dédalo y también tenían constancia de que los aviones gastaban mucho combustible en las maniobras de despegue vertical, limitando aún más su escaso radio de acción de unos 350 kilómetros por lo que llegaron a la conclusión de que necesitaban disponer de otro buque más estable que el Dédalo.
Por ello, decidieron adquirir un nuevo portaaviones al que, en 1974, llamaron oficialmente Almirante Carrero y le encargaron su construcción a la Bazán. Durante los ocho años que duró el proyecto y la construcción, el barco conservó el nombre de Almirante Carrero aunque hubo varios intentos de cambiárselo. Fue en vísperas de su botadura, en 1982, cuando el Gobierno, en contra de la opinión de la cúpula militar consiguió cambiar el nombre de Almirante Carrero por el de Príncipe de Asturias.

Aquel cambio de nombre, ¿fue una humillación hacia una víctima del terrorismo comparable con los chistes aparecidos en las redes sociales varias décadas después?
Vayamos a las definiciones: según el diccionario de la Academia de la Lengua, la dictadura fascista ejercida en España desde 1939 hasta 1975, fue una dominación por el terror o Terrorismo de Estado. Franco y Carrero, fueron directamente responsables de este tipo de actuaciones. Las casi trescientas mil penas de muerte, por causas políticas en su mayoría, firmadas personalmente por el dictador no las ha alcanzado ninguno de los peores asesinos de la historia. Esto, sin lugar a dudas, constituye uno de los más claros ejemplos de Terrorismo de Estado.
Cabría pensar que aquello respondía a otros tiempos. Nada más lejos de la realidad. En el año 1968, cinco años antes de su muerte, el almirante Carrero pronunciaba el discurso tradicional sobre la política militar del país, en el acto de clausura del curso de la Escuela de Estado Mayor del Ejército exponiendo, sin ambages, que los ejércitos fueran preparándose para estar en segundo escalón, detrás de las fuerzas de orden público, para hacer frente al "único" enemigo real que se planteaba en la política de defensa: "el
enemigo interior", es decir, el pueblo en armas.
Recientemente, en Guatemala, fue juzgado por el Tribunal Primero de Sentencia Penal por los crímenes cometidos contra el pueblo guatemalteco entre los años 1982 y 1983, el general Efraín Ríos Montt, con el resultado de una condena de cincuenta años de prisión por Genocidio y otros treinta años por el delito de actuación contra los Deberes de Humanidad.
Así las cosas resulta que un órgano del poder judicial de este país, en pleno siglo veintiuno, condena a un año de prisión por apología del terrorismo, a una persona que emite cualquier opinión relacionada con estos hechos contra sujetos que han llevado a cabo actos de terrorismo.
Por lo que, volviendo a la Historia, nos preguntamos: ¿hubo terrorismo gubernamental en el cambio de nombre del portaaviones? Porque la oposición castrense a que se le quitara el nombre de Almirante Carrero al buque insignia de la Armada fue feroz. ¿Qué argumentos utilizó el Gobierno para convencer al almirantazgo de la conveniencia de retirar el nombre de Almirante Carrero al buque insignia de la Armada? Nosotros se lo explicaríamos con mucho gusto, sin ánimo de ofender a nadie, pero dados los recortes a la libertad de expresión que venimos padeciendo nos es imposible contar lo ocurrido sin correr el riesgo de que la Fiscalía nos abra diligencias de investigación por lo que no tenemos más remedio que censurar la parte fundamental de este artículo.
Es obvio que retirar el nombre de Almirante Carrero al mayor buque que ha tenido la Marina española en toda su historia fue una humillación descomunal a aquella "víctima del terrorismo" por lo que, aplicando la misma lógica que ha llevado a una sentencia condenatoria a Cassandra Vera, se debería de condenar también a los responsables de semejante humillación, con lo cual a lo mejor los jueces y fiscales que están limitando la libertad de expresión se darían cuenta de la irracionalidad de sus sentencias.
Todo esto no es aceptable en un Estado de Derecho. Podría ser normal en una dictadura donde "el fin justifica los medios", pero ya es tiempo de que se enfrenten al libro de la Historia los crímenes de la dictadura y se emita la condena unánime y definitiva de aquella forma de Estado. En todo caso, no puede ni debe quedar sin revisión la actuación de ese órgano judicial que se ha permitido un acto ilegítimo contra los principios de un Estado de Derecho.