23 marzo 2009

La Iglesia está de nuevo en pie de guerra. Coincidiendo con la inminente tramitación del proyecto para la reforma de la ley del aborto, los obispos han lanzado una campaña demagógica que sostiene que el lince ibérico está más protegido en España que los niños. La campaña no se circunscribe a una protesta contra la reforma legal, sino que constituye un duro alegato contra el principio mismo del aborto, lo que retrotrae el debate a los años 80. A la ofensiva se han sumado más de un centenar de académicos, que, en un manifiesto, afirman que la vida humana comienza desde el mismo instante de la fecundación. En román paladino: quien promueve el derecho al aborto, promueve el asesinato.
Llama la atención que la Iglesia y los académicos no abrieran el debate durante los ocho años de mandato de Aznar. Le hubieran pedido exigir, con protestas callejeras, que utilizara su mayoría absoluta para volver a los días idílicos en que la vida era legalmente sacra desde el momento de la concepción y las jóvenes que osaban desafiar los preceptos divinos debían viajar a Londres para perpetrar su crimen fuera de las gloriosas fronteras patrias. Pero a Aznar no se le importunó con este problema, y los abortos se siguieron produciendo bajo su Gobierno sin que la Conferencia Episcopal le pidiera responsabilidades por una presunta complicidad criminal.

La beligerancia clerical ha renacido con la llegada de Zapatero a la Moncloa. Y en esta ofensiva juegan un papel importante los términos lingüísticos. Los contrarios a la interrupción del embarazo se autodenominan "pro vida" y, a sus rivales, los tachan de "pro abortistas". Se trata de una frivolización malintencionada de lo que, para cualquier persona normal, y sobre todo para la mujer que toma la decisión de abortar, constituye un drama personal. Me niego a ser etiquetado de "pro abortista"; lo que soy es partidario del derecho de la mujer a decidir sobre un asunto crucial para su destino, máxime cuando se trata de un derecho regulado por vías democráticas en un Estado constitucionalmente aconfesional.

Las leyes no obligan a nadie a abortar; en vez de arremeter contra las normas parlamentarias, la Iglesia debería centrar sus esfuerzos en convencer a sus fieles de que se abstengan de abortar, a ver si lo consigue. Y ya de pasada, debería persuadirlos de que aporten más fondos a la causa eclesiástica, porque a muchos españoles les comienza realmente a indignar que el Estado siga inyectando dinero de todos a una Iglesia que no cesa de despreciar las reglas del juego de la democracia.