El Día Internacional de la Mujer, que se instituyó hace 100 años, se celebra, una vez más, en medio de la peor crisis económica desde los años treinta. Una crisis que, en su largo coletazo, comienza a golpear con especial dureza al colectivo femenino. En el incierto escenario económico que se abre, en el que Europa se juega el futuro del Estado del bienestar, no basta ya con luchar contra la discriminación salarial de las mujeres, que lamentablemente sigue existiendo y ha de combatirse sin tregua, sino que resulta inaplazable una apuesta decidida por la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral. Para ello es necesario, entre otras cosas, revisar la organización del trabajo, desarrollar una red potente de guarderías (¿en qué ha quedado esta promesa del Gobierno?) y aplicar con más eficacia la Ley de Dependencia, de modo que la procreación o la necesidad de atención de familiares no deje a miles de mujeres al margen del mundo laboral. La crisis no debería usarse como pretexto para recortar el camino hacia la igualdad. En juego está el derecho constitucional al trabajo y también, en términos utilitaristas, el sostenimiento del engranaje social: según un estudio, si la participación de las mujeres se equiparase a la de los hombres, el PIB español podría crecer hasta un 32%. Por desgracia, en gran parte del mundo, donde la mujer apenas carece de derechos, este debate sonará a metafísica.

Por otra parte, el asesinato, ayer, de una mujer en Fuente El Saz (Madrid) por su pareja pone de manifiesto que en la lucha contra la violencia de género queda aún un largo camino por recorrer.