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Una lección de democracia desde Estrasturgo

La sentencia que ha dictado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, condenando al Estado español por haber vulnerado el derecho a la libertad de expresión del líder abertzale Arnaldo Otegi, tiene enorme trascendencia por partida doble. Primero, por subrayar el alcance del derecho de cualquier ciudadano a emitir opiniones y valoraciones, derecho que, a juzgar por el fallo del tribunal, no estaba suficientemente garantizado en una sociedad con más de 30 años de experiencia democrática. Segundo, y no menos importante, por considerar que la figura del rey no debe tener unos resortes especiales de protección, superiores a los de cualquier ciudadano, cuando es destinatario de opiniones que puedan ser consideradas hostiles u ofensivas.

Otegi fue condenado por llamar al monarca, en 2003, "jefe de los torturadores", en un contexto de extrema tensión en el que se acababa de clausurar el diario Egunkaria y habían sido detenidos algunos de sus directivos en medio de torturas, como fue reconocido judicialmente. El Tribunal Supremo condenó a Otegi a un año de prisión por injurias al rey, pero no ingresó en la cárcel por carecer de antecedentes penales. El político vasco se encuentra en prisión desde 2009, pero por la acusación de intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Los jueces de Estrasburgo, que seguramente no están contaminados por la política interna española, han puesto así en entredicho el artículo 490 del Código Penal, que castiga de manera especial las injurias a los reyes, y ha defendido la libertad de expresión. Nunca sobra una lección de democracia.

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