Acatar las decisiones judiciales no implica necesariamente compartirlas. Los propios jueces tienen la potestad de emitir votos particulares cuando discrepan de una sentencia o un auto adoptados por la mayoría del tribunal. Sin embargo, pocas veces un voto particular ha criticado con tal dureza una resolución judicial como el que ha emitido el magistrado José Ricardo de Prada contra la decisión de sus dos colegas de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de mantener la imputación de un delito de colaboración con banda terrorista contra el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y otras dos personas en el caso Faisán.

De Prada pone el dedo en la llaga al denunciar cómo un chivatazo que abortó –o más bien congeló transitoriamente– una operación policial contra ETA en el contexto de un proceso de paz, y que a lo sumo podría constituir un delito de revelación de información, ha sido instrumentalizado con fines políticos hasta el punto absurdo y cruel de imputar de colaboración con la banda a una persona cuya sola hoja de servicios en la lucha antiterrorista desbarata de entrada esa delirante hipótesis. Todo ello con tal de minar al Gobierno. A De Prada, como a muchos ciudadanos, le llama la atención que esta sea la "primera causa penal en la historia de España por hechos de esta naturaleza", en alusión a los procesos de paz, y reprocha a sus compañeros de sala por haber utilizado de manera "sesgada" y "descontextualizada" la jurisprudencia del Supremo y de no haber hecho "el esfuerzo de deslindar lo político de lo jurídico". El escrito de De Prada constituye, en el fondo, un alegato contra los intentos de utilización perversa del sistema democrático.