El estado de Arizona (EEUU) se ha convertido estos días en el foco de una encendida polémica con motivo de la promulgación de la ley SB 1070, que tipifica la inmigración irregular como delito. Si la norma es ya una aberración en sí misma, algunos apartados del texto resultan especialmente inquietantes por la perversidad que encierran. Por ejemplo, el que faculta a los agentes policiales a arrestar a ciudadanos cuando tengan "sospechas razonables" de que son sin papeles. No hay que ser muy agudo para advertir el trasfondo racista que encierra esa expresión –la sospecha razonable– y deducir que la enorme comunidad hispana será el blanco principal de su aplicación.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, probablemente suba en popularidad gracias a la ley; agitar las pasiones primarias contra el inmigrante suele granjear el aplauso de segmentos de la población, sobre todo en tiempos de dificultades económicas. Eso lo sabe muy bien el PP, que ha eludido adoptar medidas drásticas contra el presidente del partido en Badalona, Xavier García Albiol, por distribuir un folleto que, mezclaba, en malintencionado cóctel, la palabras "delincuencia" y "suciedad" con fotos de rumanos de etnia gitana. La líder del PP en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, considera que ha zanjado el asunto tras pedir perdón a los rumanos que se "hayan podido sentir ofendidos" y expresar su "respeto" a los inmigrantes que llegan a "trabajar de manera legal y contribuir a la creación de riqueza". Ni un reproche, ni un expediente sancionador, ni una invitación a la rectificación a García Albiol, que ha insistido en que los gitanos rumanos vienen a "delinquir". Este dirigente no necesita ni siquiera de "sospechas razonables" para dictar sentencia.

García Albiol es uno de los políticos de éxito del PP. Ha llevado al partido al segundo lugar en Badalona y, según las encuestas, podría arrebatar el liderazgo al PSC en las próximas elecciones locales. Con 4,6 millones de parados, las tentaciones de explotar sentimientos xenófobos tal vez aumenten, en especial en aquellos municipios con fuerte presencia de extranjeros. La obligación moral de los partidos es detener con contundencia esa corriente. Los silencios o las ambigüedades sólo pueden interpretarse como complicidad.