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Matar al mensajero

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Dicen que la Justicia es lenta y su acción inexorable pero, de vez en cuando, acelera el paso y cambia la deriva.
La ciudadanía alucina al comprobar el celo con el que la autoridad judicial examina las escuchas telefónicas ordenadas por sus compañeros, invalidándolas como prueba, mientras su esperpéntico contenido es publicado por los medios de comunicación y leemos cómo cargos públicos exigen su parte de botín de acciones corruptas. Anulada la escucha, la acusación queda en el aire a pesar de quedar demostrado el delito.

José Aranda, que era el fiscal jefe de la Audiencia Nacional cuando el caso Banesto, fue cesado y relevado por Fungairiño, precisamente, que le había abroncado por el secretismo con el que se llevaba a cabo la investigación. El entonces fiscal general del Estado, Ortiz Úrculo, se opuso al nombramiento porque Fungairiño estaba pendiente de una sanción y lo echaron. Le sustituyó Cardenal, que le ascendió sin problema. La investigación de la estafa comandada por Mario Conde se cargó al fiscal general del Estado y al de la Audiencia Nacional.
La trama Gürtel también parece tóxica. Conocemos la suerte del juez que destapó el caso, Garzón. Otro afectado es Ángel Luna, que presentó un informe en Les Corts Valencianes donde se relata cómo la trama se embolsó una cantidad estimada en tres millones de euros con motivo de la visita del papa. El PP lo va a sentar en el banquillo y Juan Montero, del Tribunal Superior de Justicia valenciano, con una celeridad sorprendente, puede condenarle a prisión por negarse a revelar de dónde sacó el papel, a pesar de que el contenido del informe es cierto.
El que denuncia la corrupción, lo paga caro.

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