Cuando lo legal no es lo correcto

01 nov 2012
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Una de las pintadas más famosas de Mayo del 68 rezaba “la obediencia empieza por la conciencia y la conciencia por la desobediencia”. Corren tiempos en los que es bueno recuperar la cita anónima, ahora que por toda Europa está tratando de asentarse una nueva corriente política, un modelo más parido de este capitalismo caduco, que Ignacio Ramonet ha bautizado como “democracias autoritarias”. España es un buen ejemplo del advenimiento de este modelo en el que el Estado comete el error de imponer al ciudadano la obligación de obedecer antes, incluso, de saber qué es lo que va a mandar. Y lo hace, a sus ojos, con el peso de la ley que le otorga una mayoría absoluta conseguida en las urnas.

A pesar de que en absoluto es un tema menor pero obviando la llegada fraudulenta del PP al poder -incumpliendo todo su programa electoral-, ¿qué sucede cuándo esa ley en la que se escuda el Gobierno no es correcta? Decía Santo Tomás de Aquino que la ley injusta no es ley, sino una corrupción de ésta. Llegados a ese extremo, ¿qué legitimidad real puede tener esa ley? ¿Que obligación moral tiene el individuo para con esa ley? La única que cabe es desobedecerla, porque de hacer lo contrario, esto es, seguirla al pie de la letra, lo único que haría es contribuir al perjuicio de la colectividad.

Leyes que limitan económicamente, sin ninguna progresividad económica, el acceso al Estado de bienestar más esencial, ¿pueden ser legítimas? Leyes que convierte el acceso a la Justicia en un privilegio de las clases más adineradas, ¿de veras hace algún bien al Estado de derecho? Sufrimos una hipertrofiada crisis institucional y constitucional cuya única manera de combatirla es la desobediencia civil, un término que ha sido objeto de estudio por infinidad de filósofos como Habermas, si bien me parece mucho más interesante la visión de Hanna Arendt en su eterna concepción de la lucha contra las tiranías.

El argumento esgrimido por los detractores de la desobediencia civil no es otro que reivindicar las vías para la participación ciudadana a través de las cuales se pueden cambiar las leyes. Sin embargo, si de algo se han encargado estas nuevas democracias autoritarias es de desarticular la efectividad de estas vías, no dejando más opción que romper con la obediencia al corpus legal y, si me apuran, sin asumir tampoco las consecuencias de ello porque, ¿acaso es justo recibir un castigo por incumplir una ley que no se considera tal? Es uno de los apuntes más atinados que hace Arendt en su concepto de desobediencia civil, señalando que someterse a estas penas no responde más que a reminiscencias religiosas que aún arrastramos, como el ideal de autosacrificio.

Sin embargo, en esta lucha por lo justo, no debe haber lugar para mártires. Ese es, precisamente, uno de los grandes errores del poder al enfrentarse a los desobedientes, a los que trata como sujetos individuales cuando, en realidad, es una masa social con entidad propia. Precisamente por este motivo, hoy más que nunca resulta crucial que la solidaridad se extienda a lo largo y ancho de la sociedad, nacional e internacional. En este sentido, encuentros como el que tiene lugar estos días en Madrid, Agora99, es una muy buena noticia.

Una solidaridad que ya hemos apreciado en protestas como las educativas, en donde profesores, padres y alumnos se han unido contra medidas injustas. Esa solidaridad es el músculo de la desobediencia, es el motor de un Estado en el que deberíamos empezar a ver unidos a médicos y pacientes, a conductores de transporte público y a viajeros, a manifestantes y a Policía. A fin de cuentas, todos y cada uno de ellos sustentan la legitimidad real del Estado de derecho, que no puede apoyarse únicamente en la ley cuando quien la dicta no está a la altura.

El próximo 14 de noviembre, con motivo de la huelga general, es un buen momento para hacer gala de esa solidaridad, para demostrar a las democracias autoritarias como la española, la portuguesa o la griega, que el éxito de un Estado y su propia estabilidad no radica más que en el respeto de la leyes justas y, cuando éstas no lo son, es preciso combatirlas. Y si el Gobierno únicamente sabe o quiere responder a los desobedientes encarcelando injustamente, entonces, el único sitio donde habrá justicia será entre rejas, hasta que rebose.

La sociedad, el pueblo tiene derecho a la revolución, a la resistencia legítima más allá de lo que el Gobierno de turno tilda o no de legal. El pueblo es el poder más alto e independiente, el que con su moral revolucionaria jamás debe reconocer a un gobierno que premia a quienes defraudan y explotan, al tiempo que recorta derechos y libertades de los más desfavorecidos. Un pueblo jamás debería consentir que su gobierno sea también gobierno de corruptos y depredadores financieros y no haga nada para reducirlos. Y por todo ello, es misión del pueblo desarmar cuanto antes estas democracias autoritarias dando una nueva lección de que el Estado de derecho, como la misma Constitución, no son construcciones acabadas y es la colectividad, y sólo la colectividad entendida como el conjunto de minorías activas, quien marca su devenir.