Acaba de salir en Francia un libro que muchos políticos y dirigentes europeos deberían leer. No hace falta que lo lea Silvio Berlusconi, ni tampoco Nicolas Sarkozy. Inútil es que lo lean Jean-Marie o Marine Le Pen, o Brice Hortefeux. “La Caza de Niños. El Efecto Espejo de la expulsión de los Sin Papeles”* es un libro, no para quienes impulsan la Europa-Fortaleza, sino para aquéllos que, con la esperanza de poder quitar algunos ladrillos a los muros y volver más humana la fortaleza, aceptan entrar en tratos con la Administración Sarkozy.
En la obra, el filósofo y psicólogo infantil Miguel Benasayag, en compañía de Angélique del Rey, dan un paso más en el conocimiento del desaguisado social y humano que es la deportación de niños sin papeles. Los autores, con ayuda de la ya célebre Red Educación Sin Fronteras (RESF), se concentran en algo hasta ahora totalmente desconocido y bastante escalofriante. Se trata del efecto que causa la expulsión de niños sin papeles, su desaparición del cole, en sus pequeños camaradas de clase, en los chavales que se quedan y que observan los pupitres vacíos.
Conocido es el sufrimiento humano y el drama social del extranjero expulsado. Pero, al mismo tiempo, ¿Qué pasa en la cabecita del chaval que se queda? ¿Qué siente el colegial cuando le explican –o no le explican– cómo y por qué ha desaparecido su amigo? ¿Qué ciudadano del futuro se está construyendo con ese clima?
La tesis del psicoanalista, basada en entrevistas exploratorias y en testimonios, nos envía a los fundamentos antropológicos de nuestra sociedad, que siguen existiendo pese a los I-Pod.
“Se considera normal que unos policías vengan a la escuela de nuestros hijos a llevarse a algunos de sus amigos. Para que esa percepción de normalidad sea creada sin recurrir explícitamente a fundamentos racistas, ha hecho falta un auténtico trabajo de insensibilización de la población, que implica la creación progresiva de nuevas normas, un proceso que, por cierto, no es exclusivo de Francia, sino que se observa en muchos Estados de la Unión Europea”
“A través de esas normas, percibimos como normal (…) la separación entre los Sin y los Con , una separación que existe desde que el mundo es mundo, pero que es a priori paradójica en nuestras sociedades modernas, sociedades que siguen afirmando defender los derechos humanos y la igualdad entre todos los humanos independientemente de sus orígenes”.
“Los niños que asisten, de cerca o de lejos, a las expulsiones de sus compañeros del cole se ven sumidos en una situación análoga a la que viven los niños que corren un peligro derivado de su propio círculo familiar”, ya que “ese gesto autófago es el de una sociedad que devora a sus propios niños y se auto-condena a vivir un futuro cada vez más brutal”.
“El expulsado es, por excelencia, la víctima propiciatoria, el cabeza de turco sacrificado para garantizar la unidad del grupo”.
“Permitir que el poder designe de forma definitiva a aquéllos que serán cabezas de turco equivale a pervertir la educación de los niños: en la escuela donde hay víctimas propiciatorias, también se forman los lobos del futuro”.
Tras siete años de poder, desde el ministerio de Interior o la presidencia, Nicolas Sarkozy ha conseguido restaurar una sociedad de Sin y de Con, auténtica regresión social lograda precisamente en el país donde más y con más fuerza los jóvenes black-blanc-beur se consideraban iguales ante la ley. Ahora, para continuar la obra que permite que se considere normal la autofagia, París necesita proseguir el “trabajo de insensibilización de la población, que implica la creación progresiva de nuevas normas”, cosa que implica aval europeo.
Todos los llamados a participar en la creación del Pacto europeo sobre inmigración impulsado actualmente por Nicolas Sarkozy, con apoyo de Silvio Berlusconi, deberían tener presente esa duplicidad ya inscrita en carne y hueso en la realidad francesa.
* Miguel Benasayag, Angélique del Rey y varios militantes de RESF: “La Chasse aux Enfants. L’effet miroir de l’expulsion des Sans Papiers”. Con prólogo de Stéphane Hessel. Ed. La Découverte, coll. Sur le Vif. Paris, abril 2008 // www.educationsansfrontieres.org // www.resfmiroir.org
Andrés Pérez / París
Jóvenes negros enfurecidos empuñan machetes. La policía dispara a matar. Mujeres y niños, quemados vivos en una iglesia. La herida tribal que desgarra muchos países africanos vuelve a supurar en Kenia. Ya tenemos explicación para entender otro conflicto étnico en África. Llegan las declaraciones desde medio mundo en favor de una solución pacífica, los llamamientos a la reconciliación y los viajes de los mediadores. Como siempre, demasiado tarde y por razones interesadas.
Cuando un país relativamente estable, con tensiones internas como en otros muchos sitios, celebra unas elecciones caracterizadas por el entusiasmo de la población y la ausencia de incidentes graves y sólo unos días después se hunde en un sangriento agujero, no hay que ser muy inteligente para deducir que algo pasaba antes de lo que pocos querían hablar. Lo que ocurría no era muy diferente a lo que sucede en países africanos menos afortunados que Kenia.
El hambre y las enfermedades son los males más citados cuando se habla de la tragedia de África. En realidad, su auténtica maldición es la corrupción y todas sus consecuencias. Es ahí donde la responsabilidad de los países occidentales se hace más evidente. Es difícil sostener que a corto o medio plazo se pueda rescatar del subdesarrollo a todo un continente, incluso con cantidades astronómicas de dinero. Pero si Occidente adoptara una política de tolerancia cero hacia la corrupción, como se podría haber hecho en Kenia hace tan sólo cinco años, los resultados serían muy diferentes.
No es un problema sólo de falta de recursos económicos. Tomemos un dato referido a Nigeria, un país que tiene una producción diaria de 2.200.000 barriles de petróleo. Desde 1960, Nigeria ha perdido 400.000 millones de dólares por culpa de la corrupción y la mala gestión económica. Toda la ayuda occidental a África en ese periodo ha sido de unos 650.000 millones.
La corrupción organizada no sólo provoca pérdidas económicas, carreteras que no se reparan, hospitales y escuelas que no se construyen o salarios que no se pagan. Destruye la confianza de los ciudadanos en el Estado, transforma a las fuerzas de seguridad en una milicia cuyo sueldo consiste básicamente en los sobornos y termina por convertir las elecciones, si se celebran, en una mascarada. Hay tanto dinero en juego que el resultado de las urnas no puede quedar a expensas de los votos.
Esa banda de hipócritas puritanos que recibe el nombre de Partido Laborista británico se ha empeñado en aislar a la dictadura de Robert Mugabe. La última idea de Gordon Brown es impedir una gira por el Reino Unido de la selección de cricket de Zimbabue. Una iniciativa tremendamente valiente. Quizá hasta Mugabe dimita y se pegue un tiro, en ese orden. Es obvio que Mugabe es un dictador execrable con el que ningún contacto es admisible.
Pero esos gestos le salen gratis a Brown, porque en Zimbabue no hay ya intereseses económicos que proteger ni aliados en el Gobierno que defender. El Gobierno británico, del que Brown era el número dos, podía haber mostrado tanta firmeza en febrero de 2005, cuando John Githongo, nombrado precisamente por el presidente Kibaki para luchar contra la corrupción en Kenia, tuvo que refugiarse en Londres porque sus denuncias sobre el robo organizado de los recursos del país no sólo estaban siendo desoídas sino que podían terminar costándole la vida. Presentó pruebas fehacientes de cómo Kibaki había vulnerado las promesas que le había catapultado a la presidencia en las elecciones de 2002.
Londres no reaccionó. En realidad, sí hizo algo. Como cuenta Michael Holman en el Financial Times, las ayudas británicas a Kenia subieron de 30 millones de libras en 2003 y 2004 a 50 millones en los dos años posteriores.
Quien roba el dinero de los contribuyentes, en un país en el que la pobreza ha aumentado en los últimos 15 años, no tendrá escrúpulos que le impidan hacer lo mismo en las urnas. En especial, si cuenta con padrinos poderosos.
El Gobierno de Kenia es uno de los principales aliados de Londres y Washington en el este de África en la denominada “guerra contra el terrorismo”. Ocurre algo similar en Nigeria y Etiopía. Los fraudes electorales y otros desmanes peores son perdonados si en fechas posteriores se anuncia la detención de presuntos miembros de Al Qaeda. Como en la guerra fría, África sólo es un tablero secundario en el que sacrificar los peones prescindibles. Para unos la prioridad es la amenaza del terrorismo, para otros, el caso de España en Guinea Ecuatorial, los intereses de las empresas petrolíferas.
El horror adormece las conciencias y provoca agudos ataques de amnesia. Ahora todos hablan de los efectos perniciosos del tribalismo, del odio desatado entre kikuyus y luos, como si fueran hechos irreversibles ante los que poco podemos hacer. En
realidad, mucho antes de que una turba incendiara esa iglesia de Kenia en la que perecieron mujeres y niños, podríamos haber apagado el fuego. No rebusquemos entre las cenizas las razones de la tragedia. No están tan lejos de casa.
Iñigo Sáenz de Ugarte
Hay ofertas que parecen tan atractivas que levantan sospechas. Al presidente Rodríguez Zapatero le acaba de tocar el chollo del mes con la liberación y entrega a domicilio de las azafatas españolas que habían sido detenidas en Chad.
En Moncloa no se lo podían creer: Un domingo en que todo el mundo libra, tu colega del Elíseo coge su avión y se va a Chad para sacar de una mugrienta cárcel a unos paisanos suyos y, de paso, a cuatro ciudadanas españolas.
Y no sólo eso. Encima, a la vuelta, su avión presidencial toma un desvío a Madrid para entregar a las cuatro mujeres en persona, lo cual te permite montar un show completo en la base madrileña de Torrejón, con banderas, cámaras y familiares emocionados, y todo esto en la mejor franja televisiva. Un regalo considerable, puesto que Zapatero ni siquiera comparte los colores políticos con el presidente Nicolas Sarkozy.
El viaje relámpago de Sarko fue una escenificación planeada desde el principio. Resulta impensable que la liberación de los siete presos no hubiera sido pactada anteriormente, porque un político tan calculador como Sarkozy no se arriesgaría a volver de Chad con el avión vacío. En Francia se preguntan ahora qué habrá ofrecido Sarkozy a su homólogo chadiano para que suspenda el sistema judicial del país. En España cabría preguntarse qué deuda ha contraído Zapatero con Sarkozy. ¿Cuánto ha costado el espectáculo de Torrejón?
L’addition, s’il vous plaît.
Thilo Schäfer
La ONU hace bien en recordar que la violación sigue siendo empleada como arma de guerra, que las víctimas casi nunca hallan asistencia, psicológica y médica, que cuando tienen la valentía de denunciar el crimen que han sufrido suelen toparse con tribunales ineficaces o a menudo corruptos que aparcan sus casos. La ONU tiene la visibilidad, es decir, el poder para poner los asuntos encima de la mesa, en la pantalla del televisor y en la conciencia del mundo. Pero quienes analizan los conflictos en los que la violencia sexual se ceba con mujeres y niñas consideran que la ONU puede hacer mucho más, y mucho mejor.
“Hay que incorporar a más mujeres a las misiones”, estima Rosemary Kaduru, responsable del proyecto de apoyo a mujeres líderes en África del Club de Madrid.
“Cuando las mujeres son parte del proceso, el resultado cambia siempre”, opina Kaduru. “La misión de la ONU en Liberia, dirigida por una mujer, creó una sección específica para tratar la violencia sexual y han hecho una gran tarea de sensibilización. Han logrado que las víctimas salgan, empiecen a hablar, y lo que es más, que se las escuche”, explica.
En los últimos años la credibilidad de la ONU para trabajar la cuestión de la violencia sexual sobre el terreno, en las situaciones de conflicto en las que se despliega, se ha visto muy dañada debido a los escándalos que han protagonizado algunos cascos azules.
En la República Democrática de Congo (RDC) se investigaron cerca de un centenar de casos de explotación sexual, protagonizados por cascos azules que ofrecían comida o pequeñas cantidades de dinero a las menores locales a cambio de mantener relaciones sexuales con ellas.
Fueron menos de cien casos investigados en una misión de 17.000 personas, y no se trataba de violaciones –se consideraron casos de explotación sexual–, pero el daño a la imagen de la ONU fue irremediable, y muchos se preguntaron si los cascos azules estaban para proteger a la población vulnerable o explotarla.
A raíz del escándalo, el ex secretario general de la ONU Kofi Annan decretó una “política de tolerancia cero con la explotación sexual”, pero algunos casos similares se han repetido en otras misiones.
En la vecina Burundi, sin embargo, no hubo un escándalo parecido. El país era más pequeño, pero la misión de la ONU tenía 4.500 efectivos, una cifra considerable. Al mando de la misión se hallaba una mujer, la canadiense Carolyn McAskie.
Anneke van Woudenberg, investigadora en la RDC de la organización Human Rights Watch, sí cree que “la mera presencia de las fuerzas de paz de la ONU puede ayudar a minimizar los abusos sexuales”.
“Muchas violaciones ocurren cuando las mujeres van a buscar agua o leña y prevenir la violencia es tan sencillo para los cascos azules como garantizar la seguridad del trayecto, pero eso requiere hablar con las mujeres y, lamentablemente, casi todos los miembros de las misiones de paz son hombres”, explica.
Kaduru coincide: “En todas estas resoluciones, los que se sientan en la mesa a redactarlas no han experimentado de primera mano las dificultades que en la práctica impiden resolver el problema. Falta ese vínculo”.
Isabel Coello
