La noticia pasó desapercibida. Sucedió hace una semana, una pequeña nota de agencia decía: “El Pentágono retira los cargos contra uno de los acusados de los atentados del 11-S (del 2001)”, nada menos que Mohamed Al Qahtani, supuesto “secuestrador número veinte” de aquél fatídico día, el que no llegó a subir a “su avión”. La acusación ha sido retirada, aunque el Pentágono se niega a dar mayores explicaciones, pero abogados que han seguido el caso afirman que se debe a que el tribunal militar que lo juzga no ha podido obviar las acusaciones –parece que probadas—de confesiones arrancadas bajo tortura y poco en cuanto pruebas objetivas.
Es la punta del iceberg del basural en el que esta Administración Bush ha intentado sumergir todas las garantías procesales del llamado “proceso debido”, llevándose por delante una decisiva conquista del siglo XVII y de la Revolución Inglesa, cual es el “habeas corpus”. Pero el lector poco informado quizá no sepa lo peor.
¿Cuántos de los casi ochocientos que han estado detenidos años y años en Guantánamo han sido procesados? A día de hoy, seis, y menos el caso aquí citado, quedan en cinco. Cinco de ochocientos: éste es el altísimo rendimiento de la lucha antiterrorista desplegada por el Pentágono y la Casa Blanca. Esto sin contar Abu Ghraib, y la que vendrá a continuación. En la base de Bagram, en Afganistan, los Estados Unidos retienen en idénticas condiciones a más de setecientos presos, y van a construir otra nueva, para mil cien presos. El nuevo presidente tendrá mucho patio por barrer.
Pere Vilanova
Haití nunca llega a los titulares de prensa con buenas noticias. Esta vez han sido los disturbios provocados por el precio de los alimentos, la crisis del Gobierno de René Preval y la muerte de un soldado nigeriano de la Misión de Estabilización de la ONU (MINUSTAH) en Puerto Príncipe. Suma y sigue en una situación donde no cabe el debate sobre Estados fallidos o Estados en formación, porque estamos claramente ante el primer caso.
Si Naciones Unidas no hubiera intervenido en el año 2004, Haití habría sufrido una catástrofe. No es eso, ni la necesidad de mantener el contingente, lo que se discute. Se trata de mejorar el funcionamiento de una fuerza pequeña para un país de 8,3 millones de habitantes y sobre todo de una financiación internacional que no está a la altura de las circunstancias. Ver Haití desde la crónica del desempleo, la pobreza y la violencia es quedarse cortos. Hablamos de un país improductivo, que vive de las remesas y la cooperación y que carece de infraestructuras hasta el punto de que en su capital sólo hay dos semáforos que funcionen.
Pero Haití también es un problema ético. Ciertos sectores de la izquierda, que en esto y otras cosas coinciden con la extrema derecha, habrían preferido que no se hiciera nada. No es extraño que estén en vías de desaparición. Porque si queremos cambiar las cosas, tendremos que actuar. Quién, cómo y para qué se interviene; ésa es la cuestión. Lo demás son formas hipócritas de decir: que se pudran.
Jesús Gómez
Gracias a Mariano Rajoy, sabemos que España es un país repleto de inmigrantes ilegales, aficionados al crimen. No está solo. Sarkozy, elementos de la CDU alemana y también de los laboristas británicos han convertido la lucha contra la supuesta avalancha de forasteros malvados en el eje de su razón de ser política.
Ahora, la Unión Europea va al rescate de estos salvapatrias. El comisario para Seguridad, Justicia y ¡Libertades!, Franco Frattini, hombre de Berlusconi, ha apadrinado un plan para sellar las fronteras de la UE contra la entrada de “terroristas, inmigrantes ilegales o delincuentes”. Mezclar la inmigración ilegal con la delincuencia o incluso el terrorismo es de una bajeza moral insoportable y propicia que se encienda la mecha del racismo.
Frattini propone un gran despliegue de tecnología para recabar rasgos biométricos y guardarlos en un banco de datos. No son pocos los críticos que aseguran que ese tipo de información no sirve para luchar contra la inmigración ilegal y es una pérdida de recursos. Sería conveniente dedicar más esfuerzos a mejorar las situaciones que causan la inmigración y propiciar la integración de los nuevos conciudadanos.
El afán de tener un control absoluto sobre las fronteras y sobre cada sujeto que se mueva dentro del Estado es propio de regímenes totalitarios. Las fronteras de una sociedad libre, por definición, no pueden ser impermeables, por mucho que así nos lo quieran hacer creer ciertos dirigentes.
Thilo Schäfer
En 2002, no muchos meses después del 11-S, la CIA y el Pentágono decidieron ser más creativos en sus métodos de interrogatorio. Ya tenían en su poder muchos supuestos terroristas capturados en Afganistán y había que sacarles toda la información posible. Rebuscaron entre los archivos y encontraron lo que necesitaban. La mejor fuente de información estaba en un programa de los años cincuenta llamado SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape).
SERE fue un programa de entrenamiento preparado para pilotos que pudieran caer en manos del adversario y que debían ser preparados ante la posibilidad de sufrir un duro interrogatorio. Lo más probable es que los carceleros fueran soviéticos o de algún país aliado de la URSS, por lo que se hacía pasar a los pilotos por las técnicas que se suponía que utilizaban los enemigos. No se trataba tanto de arrancar uñas o romper huesos. Cosas más sutiles: privación del sueño durante días, obligar al preso a mantener posiciones físicamente insoportables, exposición a calor o frío extremos de forma sucesiva, y la técnica llamada en inglés waterboarding.
En un amargo giro del destino, esas técnicas soviéticas han terminado siendo utilizadas por el Pentágono en Guantánamo y por la CIA en sus prisiones secretas.
Waterboarding es una palabra que persigue a la Administración de Bush desde entonces. Consiste en colocar al preso sobre una superficie inclinada, taparle la boca con un trozo de tela y volcar sobre él litros y litros de agua. El preso siente que se está ahogando y de hecho es lo que ocurre, porque en breves segundos el agua empieza a inundar sus pulmones. En menos de dos minutos, dirá todo lo que quieran escuchar sus torturadores. Así fue cómo Jaled Mohamed, el arquitecto del 11-S, contó todos los pormenores de los atentados.
La técnica tiene numerosos precedentes. Human Rights Watch sostiene que su origen se remonta a la Inquisición española, cuando se le denominaba tormento de toca (según la definición de la RAE, “el tormento que consistía en hacer tragar agua a través de una gasa delgada”). Está demostrado que los jemeres rojos de Camboya la emplearon con frecuencia. En ambos casos, la idea no era evidentemente obtener información, sino arrancar una confesión sin importar que fuera falsa.
Bush incluyó en 2002 ésta y otras formas de tortura entre las técnicas de interrogatorio permitidas a la CIA. Por las consecuencias jurídicas que quizá debían afrontar en el futuro sus agentes, la CIA decidió en algún momento del año pasado no volver a utilizarla. Sin embargo, las autoridades norteamericanas se resisten a descartarla por completo.
Llamémosle ambigüedad calculada, quizá para asustar a futuros terroristas, como si no supieran a lo se enfrentan si son detenidos en países como Egipto, Arabia Saudí o Siria. Más parece que en EEUU el poder quiere que quede claro que las libertades y los derechos constitucionales son prescindibles en la llamada guerra contra el terrorismo. Ningún poder legislativo ni judicial, por no hablar de la sociedad civil, tiene derecho a inmiscuirse en los planes del poder ejecutivo, sea en el campo de batalla o en las más oscuras mazmorras.
Sólo así se entiende que el próximo fiscal general de EEUU, Michael Mukasey, el presunto defensor de la legalidad, se niegue en público a denominar tortura a la técnica de waterboarding. En su comparecencia ante el Senado, que tiene que confirmar en votación su nombramiento, Mukasey ha enfurecido a los demócratas al adoptar una actitud evasiva cuando le han preguntado sobre el tema.
No es el primero que lo hace. La mayoría de los candidatos republicanos a la presidencia ha mantenido en los debates posturas aún más inmorales. Sólo el senador John McCain ha sido tajante al sostener que cualquier forma de tortura es incompatible con los principios democráticos. En el mejor de los casos, los demás se referían a “cualquier método que sea necesario” para arrancar la información. Al ex gobernador Mitt Romney no le pareció suficiente y afirmó que si fuera presidente multiplicaría por dos Guantánamo, probablemente para hacer sitio a más celdas.
Dice mucho del estado actual de la política norteamericana que políticos que crean que no es condenable infligir un daño físico y mental como el que se padece al sufrir un simulacro de ahogamiento puedan llegar a convertirse en presidentes. Son los mismos que alegan que la civilización occidental no sobrevivirá si los Gobiernos no responden con la máxima dureza al nuevo “fascismo” representado por los terroristas. Para defender la libertad y la democracia están dispuestos a torturar, siempre que no se sepa con exactitud qué técnicas utilizan los carceleros. Lo mismo que han hecho siempre las dictaduras más siniestras.
En España, fue Felipe González el que dijo que el Estado también se defendía en las alcantarillas, esos lugares donde no se leen los derechos a los detenidos y hay barra libre para torturar. Es la mentalidad que terminó creando los GAL y que, años después y en otros países, se plasmó en Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA. No se puede negar al Estado la capacidad de mancharse las manos de sangre.
No es tan inusual que gente que trabaja para el Estado cometa delitos. Ha ocurrido en muchas democracias y seguirá ocurriendo. Lo que de verdad sorprende en los tiempos que corren es que esos políticos lleguen tan alto. Ahora no son frases que se escapan, sino una estrategia definida y coherente al servicio de unas ideas autoritarias. Habrá que pensar que la culpa ya no es de esos políticos, sino de los votantes. Tenemos a los torturadores que nos merecemos.
Iñigo Sáenz de Ugarte
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Imágenes antiguas de torturas similares al waterboarding, según Human Rights Watch.
