Se celebra el 24 de abril, una triste fecha: el segundo aniversario de una reforma sanitaria, que ha excluído a cerca de 900.000 personas de nuestra sanidad pública y además otras muchas se quedan sin su medicación por no poder pagarla.

Enfermas crónicas, inmigrantes, pensionistas....  Por favor, señores y señoras del Gobierno: retiren esta ley injusta. Por favor, Gobierno español: restituya el modelo acorde con el principio de universalidad en la asistencia sanitaria.

Como decíamos en un artículo un grupo de profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública, se produjo hace dos años un retorno al pasado de más de 30 años en los que llevábamos mejorando nuestros derechos sociales y nuestra tranquilidad. Hicimos una vuela al Seguro de Girón de Velasco. Pasamos de la titularidad que daba el derecho a la asistencia sanitaria ante cualquier enfermedad por nuestra condición de ciudadanos a otro sistema en el que el derecho a la asistencia sanitaria está relacionado con nuestra afiliación o no al sistema de la Seguridad Social. Es decir, con la condición de asegurado/a y/o beneficiario/a. Ha sido una grave pérdida, que ha fracturado el actual sistema intentando que las clases medias emigren al sector privado y dejen el sistema público solamente para los trabajadores, los pensionistas y los pobres. Por tanto, un sistema así, que no es "protegido" por el uso de las clases medias urbanas, es un sistema que irá deteriorándose progresivamente y acabará lúgubre y sin financiación suficiente ya que los que utilicen los servicios privados acabarán negándose a financiar con sus impuestos nuestro recién desmembrado sistema nacional de salud.

Las consecuencias que está teniendo la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 está afectando la salud de los sectores más vulnerables de la población. Y además, hay muchas personas que están siendo rechazadas por el sistema público de salud con barreras administrativas, de desconocimiento y de exceso de celo a las que se están viendo sometidas. A pesar de las continuas declaraciones de responsables políticos tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas insistiendo en que nadie se queda sin atención sanitaria en España, siguen produciéndose:

1. denegaciones de asistencia a menores de edad y mujeres embarazadas -cuando ésta es obligatoria,
2. facturaciones de la asistencia en urgencias,
3. casos de personas con enfermedades crónicas sin seguimiento ni tratamiento,
4. falta de control de enfermedades transmisibles e
5. imposibilidad de detectar situaciones como la violencia de género, al no tener las personas inmigrantes acceso a la atención primaria, donde se identifican la mayoría de estas situaciones.

Médicos del Mundo ha publicado el día mundial de la salud el informe "Dos años de reforma sanitaria: más vidas en riesgo", en el que se refleja que la reforma sanitaria agrava la inequidad territorial entre comunidades autónomas en el acceso a la salud dependiendo del territorio en el que se viva, además de los efectos del copago farmacéutico para quienes menos recursos tienen, y de las embarazadas y los niños migrantes que encuentran obstáculos para recibir atención, a pesar de que están entre las excepciones recogidas en la legislación. Y además, ha entregado en el Ministerio de Sanidad más de 43.000 firmas reclamando el retorno a la cobertura sanitaria universal. En su documento, Medicos del Mundo analiza detalladamente los mecanismos ideados por cada región para lidiar con las dificultades de aplicación de la reforma sanitaria. Unas medidas que no son más que "parches" que intentan paliar el importante caos y el grave sufrimiento que ha generado la legislación. Esta reforma estructural del sistema sanitario se justificó en términos de austeridad. Sin embargo, dos años después, la sociedad española desconoce el ahorro supuestamente producido. Durante los dos años transcurridos desde su aprobación, diferentes mecanismos de derechos humanos europeos y de Naciones Unidas vienen advirtiendo al gobierno español sobre las consecuencias de los recortes en políticas sociales y, específicamente, sobre el impacto de la reforma sanitaria en los colectivos de población más vulnerables.

En este entorn, el informe detalla que:

• 10 comunidades autónomas han dispuesto medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular sin recursos.
• 8 de ellas en forma de "programa complementario" para el colectivo de personas no aseguradas ni beneficiaras sin recursos (los "programas especiales" creados por las comunidades autónomas han tenido escasa efectividad ya que sólo 1.470 personas han logrado cruzar con éxito la travesía burocrática necesaria para beneficiarse del programa gallego; apenas 500 han accedido al programa aragonés y sólo 145 al canario, una cifra ridícula si tenemos en cuenta que 48.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria en las islas.)
• Dos CC AA (Andalucía y Asturias) reconocieron el derecho a la atención sanitaria de igual manera que el resto de la población residente
• La prestación farmacéutica es regulada de manera desigual entre las distintas comunidades, limitándose por lo general a cubrir únicamente algunos supues
• Entre el resto de comunidades se han definido condiciones de acceso a la atención médica -sin emitir tarjeta sanitaria- en determinados supuestos y con criterios diferentes entre unas y otras.

Junto a Médicos del Mundo, colectivos de profesionales sanitarios y miles de personas a título individual se han opuesto a esta legislación que socava los principios de nuestro sistema público de salud. También el Tribunal Constitucional ha declarado que el ahorro no puede colocarse por encima de los derechos humanos. En la argumentación de su auto de la semana pasada por el que levanta la suspensión sobre la legislación foral navarra - que daba cobertura a las personas excluidas por la normativa del gobierno-, el Tribunal utiliza la información aportada por Médicos del Mundo en la comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en de junio de 2013 para acreditar los perjuicios que se derivarían del mantenimiento de la suspensión de la norma navarra, recurrida por el ejecutivo central.

Una regresión que nos afecta a todos y todas, ya que no solo las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, también el resto de la población está sufriendo las consecuencias de este injusto cambio de modelo, puesto que han de hacer frente a copagos en los medicamentos. La situación de precariedad económica de muchas familias en España hace que los copagos supongan una barrera infranqueable para el acceso a los fármacos, que les impide en ocasiones completar sus tratamientos.

AL igu al queMédicos del Mundo pedimos al Gobierno español que restituya el modelo sanitario acorde con el principio de universalidad de la asistencia sanitaria. Por su parte, las comunidades autónomas, de manera transitoria hasta recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, deben poner en marcha acciones para hacer efectivo en su territorio el pleno cumplimiento y respeto del Derecho a la Salud de forma que se consiga:

1. poner fin de manera inmediata a las prácticas de facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria;
2. garantizar de manera efectiva la atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas;
3. garantizar el acceso a los servicios de salud y prestación farmacéutica tanto para las personas inmigrantes excluidas del Sistema Nacional de Salud como para las nacionales que encuentran en el copago una importante barrera de acceso;
4. divulgar ampliamente de forma adecuada y hacer cumplir las medidas diseñadas a todo el personal adscrito al sistema de salud autonómico.

Lo necesitamos todos. Por favor