La derecha ultraliberal, aquí en España como en los Estados Unidos, o sea, aquí en la Tierra como en los Cielos, tiene una aversión enfermiza a lo que considera una intrusión del estado en la vida de los ciudadanos. Ya sea en las relaciones económicas, ya sea en la enseñanza pública, ya sea en la sanidad. Por ello, los españoles no salíamos de nuestro estupor al enterarnos de que la mitad de la población estadounidense, jaleada por el Tea Party, se oponía a la ampliación de la cobertura de su Seguridad Social, una institución que para nosotros es uno de los mayores logros del estado del bienestar. Porque el bienestar es la ausencia de enfermedad, como la felicidad es la carencia de dolor.

Nuestros ultraliberales, comandados por Esperanza Aguirre, esa presidenta de Madrid que atesora una ignorancia enciclopédica y que hace tiempo que empuja a la sanidad pública madrileña hacia la gestión privada, están tomando al asalto nuestro sistema sanitario y de enseñanza. El primero quieren convertirlo en la mayor fuente de ahorro, aunque se resienta con ello la calidad de la asistencia; y la enseñanza privada, como bien aprendieron de las religiones, es su fábrica de hacer adeptos.

Aguirre (¡me cuesta tanto pensar que es una Esperanza!), pide la dimisión del ministro Gabilondo por haberse atrevido a sugerir que no se recorten presupuestos en la educación, pan para hoy y hambre para mañana. Y sus hermanos en el Señor de Cataluña han ordenado a los médicos avanzar las altas médicas y restringir ciertas pruebas diagnósticas.

Y es que los pobres, cuando le cogen el gustillo a que les lleven el desayuno a la cama, no hay quien los levante.