Mariah Carey fue la autora de la frase más antológica entre las antológicas. En una entrevista en televisión, dijo: “Siempre que veo la tele y salen esos pobres niños hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar. Quiero decir, me encantaría ser así de flaquita, pero no con todas esas moscas, y muerte, y esas cosas”. Groucho Marx sentenció: “Nunca sería miembro de un club que me admitiera a mí como socio”. Gerardo Díaz Ferrán confesó: “No hubiese elegido Air Comet para volar a ningún sitio”. Mariah es cantante, Groucho era humorista, Gerardo es presidente de la patronal española y dueño de Air Comet.
Díaz Ferrán sigue siendo hoy presidente de CEOE, aunque el que fue respaldo unánime de sus iguales comienza a resquebrajarse… ¿O no, dada su reacción ante los problemas, que ya se sabe que los líderes son los que se crecen en la adversidad?
Por lo pronto, en el cierre de Air Comet se está quitando el muerto de encima, la cosa no va con él, la culpa es de otros, a mí que me registren… ¿Hará lo mismo cuando fracase de nuevo el Diálogo Social?
Ya sabemos que Díaz Ferrán no se hubiera subido a sus propios aviones, con todos esos huelguistas armando bulla porque llevaban meses sin cobrar. Según el presidente de la patronal, si él no lo hubiera hecho, ¿cómo es que los clientes seguían comprando billetes aun viendo en la prensa los problemas de Air Comet?
Y los propios empleados –que acaban de ser despedidos una vez el presidente de CEOE ha presentado un ERE para toda la plantilla– tampoco debían saber hacer las cuentas: Díaz Ferrán ha cifrado en 80.000 euros la deuda total de su empresa con ellos, mientras que los sindicatos consideran que eran siete millones de euros. Ya se sabe que es una mala costumbre protestar para reclamar lo que es tuyo.
Pero no son los únicos que han perjudicado a la empresa del presidente de la patronal. También los bancos se han portado mal, según el empresario, porque no le han concedido créditos suficientes –intolerable, está claro que su caso es único…– y la puntilla final se la ha dado un juez británico, también perverso según Díaz Ferrán, que decretó el embargo de los ingresos futuros de Air Comet para hacer frente a un crédito impagado de 17 millones de euros concedido por el banco alemán Nord Bank.
“Bien gestionada”
A pesar de todo eso, para Díaz Ferrán, Air Comet “es una empresa bien gestionada”. Así que no entona el mea culpa sino más bien el yo no he sido.
Bancos, juez, crisis… Esos son los culpables para Díaz Ferrán del cierre de Air Comet. Siguiendo esta línea argumental de que la culpa es de los demás, Gobierno, sindicatos… ¿son los responsables de la falta de pacto social?
A pocos días de que se retome el Diálogo Social, la situación empresarial de Díaz Ferrán se complica. El cierre de Air Comet, con sus 666 trabajadores en la calle (ese es el número de la bestia, el demonio también forma parte de la conspiración contra el líder ratificado de CEOE) y casi cien mil billetes vendidos, puede arrastrar y perjudicar mucho al buque insignia del grupo empresarial que mantiene con Gonzalo Pascual, Viajes Marsans, que ha avalado y prestado dinero a Air Comet.
Además de las deudas de Air Comet, por más de cien millones de euros, Díaz Ferrán tiene que hacer frente a un crédito impagado de 26,5 millones de euros concedido por Caja Madrid, presentar garantías por 18 millones de euros en su compañía de seguros Mercurio, y debe cuatro millones de euros a la Seguridad Social por cotizaciones sociales no pagadas en su empresa Newco y otros 16 millones en Air Comet.
Momentos de crisis los vivimos todos. Cómo se sale de ellos es lo importante. Por ahora, Díaz Ferrán se exculpa de responsabilidad y ni se le ocurre dimitir como presidente de CEOE. Y, sin querer dar clases a alguien con tanta fortaleza y respaldo, a su responsabilidad de responder como empresario ante clientes, empleados, socios y jueces, se debería añadir su responsabilidad ante la sociedad como presidente de una CEOE imprescindible para el Diálogo Social.
Hace cuatrocientos millones de años, los futuros seres humanos tomamos la decisión de arrastrarnos fuera de los mares, vivir en la tierra y respirar oxígeno. La consecuencia fue que hoy nos están vedadas tres cuartas partes de la superficie del planeta. No podemos respirar agua ni tampoco soportar la presión.
El agua es 1.300 veces más pesada que el aire, de modo que según desciendes cuando buceas, la presión aumenta lo equivalente a una atmósfera (todo el peso del aire que tienes encima de ti cuando caminas por la calle) cada 10 metros de profundidad. La Torre Caja Madrid, uno de los cuatro rascacielos construidos donde los antiguos terrenos del Real Madrid, tiene 250 metros de altura.
Ahí arriba, el cambio de presión es inapreciable. A la misma profundidad bajo el mar, los pulmones se comprimen al tamaño de un melocotón. Pero, como estamos hechos principalmente de H2O, el cuerpo se mantiene a la presión del agua que lo rodea y no resulta aplastado en las profundidades, de modo que el problema de bucear no es el cuerpo, sino las burbujas: los gases del interior de los órganos sí se comprimen y descomprimen muchísimo con los cambios de profundidad.
El 80% del aire que respiramos es nitrógeno. Al someter a presión al cuerpo, el nitrógeno se transforma en pequeñas burbujas que pasan a la sangre y a los tejidos. Si la presión cambia demasiado rápidamente, como ocurre en una ascensión rápida hacia la superficie, las burbujas atrapadas en el organismo empiezan a bullir igual que hacen las de una botella de cava al abrirla, atascando vasos sanguíneos, privando a las células de oxígeno y causando dolor de cabeza, vértigo, trastornos neurológicos… puede que incluso la muerte.
La única solución es la paciencia: hay que subir lentamente, permitiendo que las burbujas de nitrógeno se vayan diluyendo solas. Si lo haces bien, evitas esa enfermedad del buzo: respiras y te descomprimes correctamente. Y has llegado al mismo sitio que si hubieras intentando el ascenso a toda velocidad: arriba.
Rescate de los grandes
En economía, al parecer nos está ocurriendo lo mismo ahora: mientras muchos buzos subimos centímetro a centímetro, hay otros que empiezan a acumular burbujas demasiado rápidamente porque quieren llegar arriba ya mismo. Si se les deja, en mitad del ascenso es probable que tengamos que volver a parar para rescatar a los que necesiten urgentemente otra descompresión. De forma que no es sólo su problema, sino el nuestro.
Lo dicen el premio Nobel Joseph Stiglitz o Joaquín Almunia, nuestro comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea. Ambos acaban de alertar de que los bancos, después de los gigantescos planes de salvamento con dinero público que se han instrumentado para ellos en todo Occidente, vuelven a ser tan grandes que se puede generar el mismo problema de nuevo: que son demasiado enormes como para dejarlos quebrar. También gentes como el especulador arrepentido George Soros o Nouriel Roubini, otro de nuestros economistas brillantes, alertan de la renovada y desmotivada euforia bursátil, la subida de las materias primas, la deuda pública… Es decir, vuelven las burbujas financieras, los buceadores de riesgo se han cansado del fondo y quieren volver a toda pastilla a la superficie.
En la historia de la economía se habla de muchas burbujas que han causado gravísimos problemas. La primera fue la de los tulipanes holandeses en la primera mitad del siglo XVII. Luego está la de las “compañías de acciones”, en el XVIII, cuando cientos de europeos empezaron a invertir en las compañías que estaban colonizando América y el mercado se colapsó; la crisis de los especuladores del ferrocarril en el XIX; el crash de 1929, la crisis del petróleo de los años 70 del siglo XX, el boom inmobiliario de los 80 y los 90, el derrumbe de los “dragones asiáticos” (que provocó, entre otros, el propio Soros), el pinchazo de la burbuja punto com a partir de abril de 2000 y la crisis financiera internacional y las hipotecas subprime desde 2008.
Ahora quizá se esté generando de nuevo una gran burbuja de nitrógeno, mucho más rápidamente que en la crisis anterior (apenas dos años). Todo lo cual quiere decir que los humanos no aprendemos de nuestros errores: nunca debimos salir del agua.
Franns Rilles Melgar Vargas, inmigrante boliviano de 33 años sin papeles, trabajaba 12 horas diarias por 700 euros mensuales en una panificadora de Gandía. Días atrás su brazo izquierdo quedó atrapado por una máquina amasadora que se lo amputó por encima del codo. Pero lo que ha conmocionado a todo el país es la reacción de los patronos: dejarle sangrando en la calle a unos metros del hospital amenazándole para que no dijera cómo había ocurrido… y volver a la panadería para limpiar las huellas del accidente tirando el brazo a un contenedor. Con la misma despreocupación y falta de conciencia con la que habían tirado a la basura durante meses los derechos de Melgar y de sus compañeros, también sin papeles.
Sobrecogedor, pero no extraordinario. La explotación de los inmigrantes sigue estando a la orden del día. La siniestralidad laboral que sufre el colectivo de inmigrantes es superior a la de los trabajadores nacionales debido a su precariedad e indefensión. Dimitri Solomon, un inmigrante sin papeles falleció en un accidente laboral tras ser aplastado por el tractor que conducía cuando fumigaba una finca agrícola en Almiserá (Valencia). Un joven ecuatoriano murió aplastado por un montacargas mientras pintaba el local de la empresa. La muerte de un obrero rumano destapó que en el chalet donde trabajaba el fallecido se alojaban y trabajaban cinco trabajadores polacos que recibían 20 euros al día.
La reacción de estos empresarios sin escrúpulos es siempre la misma: echar la culpa al inmigrante. En el caso de Melgar dijeron que estaba borracho –los médicos que le atendieron en el hospital lo negaron rotundamente–. Al joven ecuatoriano fallecido llegaron a acusarle de ser un delincuente que había entrado a robar en las obras. Pero ni la Guardia Civil ni el juez se tragaron ese cuento y el empresario y sus hijos fueron condenados a dos años de cárcel. En el caso de Dimitri, la empresa dijo que trabajaba por su cuenta y que había alquilado el tractor. No coló la excusa y el Juzgado de lo Social nº 9 de Valencia condenó a la empresa a pagar una indemnización de 180.000 euros a su viuda.
Estos son casos donde el peso de la ley ha caído –aunque no con toda su fuerza– sobre patronos explotadores. Pero ¿cuántos hay que no se conocen?
Más riesgo
Según datos de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, los inmigrantes que llegan a España sufren el mayor número de accidentes laborales, un 30% más en proporción que los trabajadores nacionales. Dramas humanos, incluso con prácticas esclavistas, se destapan de forma reiterada en los accidentes laborales donde se junta la economía sumergida, la falta de escrúpulos de algunos empresarios y la nula protección de los derechos humanos. Va mucho más allá de la prevención de la siniestralidad laboral, un área en la que, por otra parte, España ocupa un lugar destacado en el lado negativo de la tabla.
El año pasado, fallecieron 831 trabajadores por siniestro laboral, cinco más que en 2007, y se produjeron 922.253 accidentes laborales, 99.814 menos que el año anterior. Los accidentes han disminuido, especialmente en el sector de la construcción, pero las cifras pueden llamar a engaño porque también la actividad económica ha descendido y en la construcción, por ejemplo, hay medio millón de parados más, por lo que difícilmente pueden ellos sufrir siniestralidad laboral.
Evitar 300.000 muertes
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que cada año en el mundo mueren aproximadamente 2,3 millones de hombres y mujeres a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, incluyendo cerca de 360.000 accidentes mortales y cerca de 1,95 millones de enfermedades mortales. Cerca del 4% del PIB mundial se pierde por ello. Si todos los Estados utilizaran mejor la prevención de accidentes, podrían evitarse unas 300.000 muertes
¿Cuánto tiempo se le dedica en el marco del Diálogo Social o del G-20 a debatir cómo se va a acabar con la explotación laboral, en especial de los inmigrantes? Lo pregunto más que nada por saber si avanzamos algo en humanidad o sólo en productividad.
El derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución, pero en ningún lugar se dice que tenga que ser en propiedad. Ni tampoco que haya que proporcionar ayudas fiscales a todo comprador, sea un albañil o el hijo de un Botín, el banquero que se ha convertido popularmente en la unidad de medida de todas las injusticias sociales. Tal vez por eso, Moncloa llamó a Hacienda y dijo: “Oye, ¿os acordáis de esa idea que lleváis tanto tiempo proponiendo, la de suprimir la deducción por vivienda? Mandadla”. Pocos días después, la supresión de la deducción por compra de vivienda se convertía en el anuncio estrella del debate sobre el estado de la nación. Veinte años de economistas expertos –tan teóricamente dispares como, por ejemplo, Rato y Sebastián– reconociendo que la deducción fiscal para la adquisición de vivienda no es justa ni equitativa y, hasta que no ha llegado la crisis y el ahogo de los promotores inmobiliarios, un Gobierno no ha tomado la decisión. No hay nada como que la necesidad apriete.
En España, apenas el 11% de la vivienda está en alquiler, mientras que en otros países representa el 40%, incluso el 50%. Una de las herencias que el franquismo dejó al pueblo es el afán de tener vivienda en propiedad, no hay otro país con un porcentaje tan elevado como el nuestro. Tres factores han contribuido decisivamente: uno, que la letra de la hipoteca era y es igual o incluso menor que un alquiler; dos, que la vivienda se ha convertido en una inversión-refugio, ya que hasta ahora nunca bajaba su precio (sí lo hizo en términos reales una única vez en 1993, pero no en términos nominales), y tres, que era de lo más rentable fiscalmente desde hace décadas.
La puntilla
Pero, antes de que alguno siga la estela del discurso de Mariano Rajoy y diga que “esto es la puntilla para las clases medias”, echemos cuentas. Según los datos de la Memoria Tributaria y del Presupuesto de Gastos Fiscales, el ahorro medio en la declaración de la renta para un contribuyente que esté pagando la hipoteca es de 860 euros al año. Eso significa que, en un plazo de veinte años, se ahorraría en el IRPF más de 17.200 euros si no cambiara la deducción. Veamos qué ha pasado con el precio de la vivienda: se ha duplicado entre 1997 y 2007. Eso quiere decir que una casa que valía 100.000 euros pasó a valer 200.000 y una de medio millón de euros se plantó en el millón. Aunque parezca estratosférico, en los carteles de las agencias inmobiliarias de las grandes capitales no es extraño ver esas cifras. El beneficio fiscal ha acabado trasladándose al precio. La deducción puede representar el 10% del precio y eso es también lo que sube debido al beneficio fiscal.
Según el Colegio de Economistas, la deducción supone un incremento medio del 8,3% del precio.
El coste actual para el Estado de la deducción por vivienda es de más de 4.300 millones de euros y eso que se ha reducido tras sucesivas podas, entre otras la realizada por el Partido Popular con Rodrigo Rato como vicepresidente económico, que puso límites a la inversión con derecho a deducción.
Sin embargo, la supresión de tal deducción para los que adquieran su vivienda habitual a partir de 2011 y tengan rentas superiores a 24.000 euros no va a representar un gran ahorro para el Estado –probablemente, menos de 400 millones– porque se mantiene la deducción para todos los que ya la aplican y para los que compren en los próximos 18 meses. Hasta el año 2020, según los cálculos de Hacienda, no tendrá pleno efecto presupuestario.
También está por ver su efecto de estímulo a la compra de vivienda. Los constructores y promotores ya le plantearon a Zapatero esta medida pero con una variación importante: que se aumentara la deducción más de un 50% sobre la vigente y se anunciara, a la vez, su supresión a partir de 2011. Este planteamiento era inasumible para el PSOE ni iba a conseguir el apoyo de la izquierda parlamentaria. La decisión fue salomónica: se lanza el aviso para impulsar las ventas de pisos, pero sin favorecer a las rentas altas.
Ahora está por ver que en 2011 de verdad desaparezca la deducción. Lo que seguro se modifica es el límite de 24.000 euros, que probablemente se elevará hasta los 30.000 euros. Es el margen que se dejó Zapatero para negociar en el Congreso.
Los pactos de no agresión son moneda corriente en los consejos de administración de las grandes empresas. Allí se juntan los altísimos directivos y sus consejeros, representantes de los principales accionistas. Entre todos se ponen las condiciones de retribución, generalmente estratosféricas, y luego aprobadas en las juntas de accionistas. Como entre profesionales no se pisan la manguera, la brecha salarial con los empleados de base no para de crecer.
Un ejemplo: el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, obtuvo el año pasado 1.900 euros a la hora. Galán está al nivel de grandes futbolistas, por debajo de Beckham (3.700 euros por hora) o de Messi (3.200 euros a la hora), pero por encima de Kaká (1.700 euros por hora). No es un caso aislado. Hay directivos que ganan cuarenta, incluso ochenta veces más que la retribución media de uno de sus empleados. De eso saben en Telefónica, Santander o BBVA. ¿Está justificada tanta diferencia entre lo que ganan unos y otros? La respuesta parece clara.
El Senado de EEUU, tierra de promisión para la libertad de empresa, avergonzó a los máximos directivos de la gran banca y la industria del automóvil por sus sueldos y gastos escandalosos. ¿Quién ha venido en su jet privado?, preguntó el senador a los presidentes de General Motors, Chrysler y Ford. Todos lo habían hecho. A la siguiente comparecencia, acudieron en coche habiéndose desprendido de algún que otro avión. ¿Basta una reprimenda pública del Pueblo? Fijo que no. En su programa para las elecciones europeas, el PSOE propone limitar los sueldos de los directivos. También Platini, presidente de la UEFA, ha solicitado que se limiten los salarios de los futbolistas. ¿Puede una ley limitar la libertad salarial? ¿Será sólo un guiño electoral?
