Opinion · Otras miradas

¿Quién paga al periodista?

Pascual Serrano

Periodista

De todos los debates en torno al futuro del periodismo hay uno que creo debería ser fundamental: ¿de dónde procede el dinero para costear el gasto de la información? O dicho de otro modo, ¿quién paga al periodista y, secundariamente, el resto de gastos por la cobertura de las noticias?

Es fácil, desde la izquierda, insistir en que la información es un derecho ciudadano pero de poco sirve si no resolvemos quién paga a los que producen una información elaborada, rigurosa, plural y veraz. Mientras sigue sin resolverse esta cuestión, la casuística es amplia. Desde periodistas que deben dejar la profesión porque no les salen las cuentas para sobrevivir, a medios que pasan el cepillo entre sus lectores para lograr fondos con los que enviar un corresponsal, periodistas empotrados en ONG´s o ejércitos que cubran sus gastos o directamente gobiernos que los van comprando. Aunque gran parte de la sociedad cree que el sistema de “compra” de contenidos de los gobiernos es mediante el control de los medios públicos, la realidad no deja de mostrar lo contrario. Además del panorama del uso de la publicidad institucional como mecanismo de sembrar apoyos y adhesiones entre los medios privados, encontramos el descaro de pagar a medios y periodistas por publicar noticias o textos ideológicamente afines.

Recientemente se ha conocido que el Ministerio de Asuntos Exteriores español premiará con 12.000 euros el mejor trabajo de un medio extranjero sobre “el papel de España en el mundo”. Se trata de los Premios de Periodismo Palacio de Viana, que se dividen en cuatro categorías y tienen una dotación económica total de 36.000 euros, 12.000 euros por cada una de las tres categorías a los mejores trabajos periodísticos (queda fuera de la dotación económica la cuarta categoría que premia la trayectoria profesional). La tercera de ellas es para el “Mejor trabajo periodístico sobre el papel de España en el mundo publicado en medios de comunicación extranjeros impresos o en línea”, es decir para quien hable bien de España.Como era de imaginar, el principal candidato para criticar el galardón es Carles Puigdemont desde Alemania, quien en un tuit dijo que era “un premio de 12.000€ (públicos) para sobornar a corresponsales que ‘hablen bien de España’”. Pero precisamente en estos días, la corresponsal de Le Monde en España, Sandrine Morel, en el libro En el huracán catalán revela que el PDECat ofreció al diario francés poner publicidad en sus páginas a cambio de que hablara bien del proceso independentista. Morel explica la conversación que mantuvo en el bar de un hotel en Barcelona con un director de comunicación del PDECat en junio del 2017. “Hablamos en un tono informal, acerca del referéndum del próximo 1 de octubre. Le expongo mis dudas sobre su legitimidad, sobre las garantías que pueden ofrecerse en el caso de una consulta organizada unilateralmente, sobre las consecuencias que entrañará retar a Madrid”, relata Sorel. Y prosigue: “Él se siente molesto ante mi escepticismo. Considera que estoy siendo demasiado crítica con el independentismo. Y me suelta una frase que me deja helada: ‘Si compramos dos páginas de publicidad en Le Monde, escribirás lo que tus jefes te digan’… Al ver mi indignación, me responde avergonzado: ‘Bueno, así funcionan las cosas aquí’”.

Efectivamente, así funcionan las cosas aquí porque también se ha sabido que, en Sevilla, Ciudadanos paga mensualmente a un periodista del diario ABC con dinero público. Lo hace con los fondos de la asignación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira al grupo político. Según el digital Rambla Libre, “los artículos que le prepara Ciudadanos al periodista son publicados literalmente”. “La portavoz de Ciudadanos lo que hace es comprar la noticia y el periodista la publica, luego nos pasa una factura en concepto de publicidad, pero lo que en realidad prima es que se diga lo que le hemos mandado, aunque nada sea ético es lo que se hace mes a mes”, cita la fuente de Rambla Libre.

El resultado de todo esto no podía ser otro. El último Índice de Confianza Social, que elabora semestralmente la Universidad Ramon Llull y la escuela de negocios Esade, sitúa la credibilidad de los españoles en sus medios de comunicación en los 98,9 puntos sobre 200, lo que supone una pérdida de casi diez puntos respecto a la medición hecha en marzo del año pasado. Es la nota más baja de todo el histórico del ICS.

Y no es el único estudio. Según el informe Trust in Media 2018, elaborado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a través de los datos recabados mediante el Eurobarómetro, los españoles se sitúan entre los seis países con menor confianza en sus periodistas, igualados con Grecia y sólo por delante de Reino Unido, Serbia, Macedonia y Malta.

Tampoco es que en el resto de Europa la situación esté para tirar cohetes. Porque si, según el Eurobarómetro, solo el 19% de los españoles tiene una confianza alta y el 33%, media, en los medios de información, los promedios europeos se quedan en el 21 y el 36%, respectivamente.

Y si vamos al otro lado del Atlántico el panorama tiene una evolución igual de desoladora. La encuesta Gallup en Estados Unidos (Americans trust and confidence in the mass media) cada año bate el recórd de falta de confianza de los medios. Desde un 72% que se fiaba de los medios en 1976 se ha pasado a un 32% en 2016, ocho puntos menos que el años anterior.

En Estados Unidos tuvo gran repercusión el escándalo, revelado por The Miami Herald, de que diez conocidos periodistas residentes en Florida recibieron pagos de decenas de miles de dólares de una oficina del gobierno federal por participar en programas de Radio y TV Martí, medios destinados a socavar el gobierno de Fidel Castro. Lógicamente debían mantener la misma línea de opinión en el resto de medios para los que trabajaban.

Y volvemos al asunto con el que comenzamos, en estos tiempos de crisis del periodismo y de los medios de comunicación es necesario pensar en quién queremos que pague la información y el trabajo de los periodistas. Si los ciudadanos no queremos hacerlo desde nuestro bolsillo, y si tampoco queremos que lo hagan de forma transparente y controlada nuestras administraciones a través de medios públicos, pocas opciones van quedando. Las que acabamos de repasar son algunas, y muy preocupantes.