Ernest Maragall y Ernest Urtasun
Eurodiputados

El pasado 8 de diciembre el Grupo de Los Verdes/Ale en el Parlamento Europeo publicamos un informe en el que denunciábamos las prácticas de optimización fiscal del grupo Inditex. Como respuesta al informe, el grupo Inditex reaccionó negando 200 de los casi 600 millones de euros en que cuantificábamos su ahorro impositivo global.

Estos 200 millones podríamos discutirlos, siempre que lo hiciéramos con toda la información en la mano y con plena transparencia sobre las cuentas, las transacciones internas y los circuitos financieros utilizados, aunque seguimos pensando que nuestra estimación se acerca mucho a la realidad.

En cualquier caso ni que fueran "sólo" 400 millones no cambiaría la gravedad de la cuestión que la respuesta de Inditex confirma: la pieza central de la estrategia de optimización fiscal de Inditex es la transferencia de la propiedad intelectual a una filial holandesa, donde se explota dicha propiedad intelectual mediante el cobro de royalties a sus tiendas de terceros países.

Hablamos de un mecanismo frontalmente contrario a las recomendaciones de la OCDE, que exige haber originado la propiedad intelectual en el mismo país que ofrece ventajas fiscales a su explotación. De otro modo, como es el caso que nos ocupa, se permite a las grandes corporaciones la transferencia de beneficios a un país de baja tributación.

Un mecanismo, pues, que se convertirá en ilegal si las recomendaciones de la OCDE se convierten en norma, proceso en el que nos encontramos ahora a nivel de la UE. Pero además, esta ingeniería se convertiría en inútil, al menos para transferir beneficios dentro de la UE, si, como esperamos, prospera la propuesta de tributación consolidada que hace la Comisión Europea. Esta propuesta cuenta con el apoyo del Parlamento, pero corre el riesgo de ser bloqueada, como hasta ahora, desde el Consejo por parte de aquellos Estados que practican dumping fiscal, es decir la competencia desleal.

Este es precisamente el objetivo de los informes publicados por el grupo parlamentario Verdes/Ale, que ya antes del referido a Inditex publicó otros sobre IKEA y BASF. No lo hacemos tanto para denunciar empresas concretas, sino para evidenciar la necesidad de una legislación diseñada para evitar los actuales incentivos al dumping entre países.

Como mejor ejemplo, el (falso) crecimiento de un 26% del PIB irlandés del último año, gracias a la gran atracción de empresas derivada de una tributación sobre los beneficios empresariales que es entre la mitad y un cuarto de la media continental. Es evidente que el crecimiento de Irlanda, más formal que real, es a costa de otros países y, además, está provocando una carrera para disminuir los impuestos en todas partes. Esto genera unas pérdidas fiscales de más de 100.000 millones de euros al año en el conjunto de la UE, según los estudios de la propia Comisión y el Parlamento europeos. De ahí que aumenten las deudas públicas o se recorte el estado del bienestar, sin que en contrapartida haya el mayor crecimiento que profetizan los teóricos de los "menos impuestos-más actividad económica". De hecho, nunca la UE había tenido un nivel tan bajo de inversión como ahora, cuando las empresas y grandes fortunas menos contribuyen.

Volviendo al grupo textil, en su comunicado también confirman la existencia de una filial en Irlanda, desde donde centraliza actividades de comercio electrónico, seguros y préstamos internos del grupo en las mejores condiciones fiscales, y otra en Suiza, en el cantón con más baja fiscalidad, especializada en las compras a proveedores de todo el mundo de unos productos y mercancías que no pasan físicamente sino contablemente, y donde la opacidad impide, de momento, llevar hasta las últimas consecuencias los estudios sobre este tramo fundamental del grupo Inditex.

En el caso de Irlanda podremos acabar con su dumping vía tributación consolidada, puesto que los beneficios se asignarán a cada país en función de las ventas y actividad real. En cambio, evitar el dumping de Suiza exige una cooperación fiscal en el marco de la OCDE o, más aún, de Naciones Unidas. Necesitaríamos algo así como el marco de cooperación del que disponemos para luchar contra el cambio climático.

Digámoslo claro y fuerte: la globalización económica ha encogido el mundo y pide una globalización política equivalente si queremos que sea en beneficio de todos y no de unos pocos. La globalización acentúa la interdependencia y obliga a buscar nuevas formas de gobernanza multilateral y multinivel. Al igual que la competencia entre empresas sólo tiene virtudes siempre que sea dentro de un marco político que evite las externalidades negativas y fomente las positivas; la competencia entre países puede convertirse en fatal para todo el mundo sin un marco legal que evite las estrategias de dumping social, fiscal o medioambiental. Unas estrategias que benefician a un país determinado en detrimento de los demás y sólo mientras estos otros no lo imiten y comiencen una espiral regresiva como, desgraciadamente, parece que ya estamos sufriendo.