Justicia y venganza: el caso de los presos y presas vascos

17 Jun 2017
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Por Luis Suárez, miembro de La Comuna

Resulta curioso que en el campo de los derechos humanos se manifieste en la sociedad un trastorno que tiene su paralelismo con la presbicia en la visión y la demencia senil en la memoria. Se trata, en síntesis, de que se perciben mejor las violaciones lejanas que las próximas. Para ilustrarlo no hay más que observar el estrecho seguimiento a la situación de los derechos humanos en países como, por ejemplo, Venezuela, y el escasísimo que se da a las violaciones que se dan aquí mismo, en nuestro país, diariamente. Este trastorno parece afectar especialmente a la clase política, muy particularmente a ese pintoresco colectivo que constituyen nuestros ex-presidentes.

¿O es que conoce alguien, por ejemplo, alguna muestra de preocupación de representantes de los partidos estatales tradicionales respecto a la situación de los presos y presas vascas?

Empecemos con algunos datos: De los actuales 399 presos y presas cumpliendo condena por delitos en su día relacionados con ETA o la izquierda abertzale, casi el 90% lo hacen en cárceles situadas a más de 400 km de su lugar de origen, donde residen en la mayor parte de los casos sus familiares; y de estos, casi el 50% a más de 800 km.

Así, se calcula que el promedio de distancia recorrida por los familiares en cada viaje para ver a la persona presa es de 1.326,4 km (entre la ida y la vuelta). Esto para una visita de 40 minutos de duración. Y el coste acumulado al cabo del año de estos desplazamientos se estima en más de 13.000 euros por familia, a lo que hay que añadir que, lógicamente, estos viajes por carretera comportan riesgos de accidentes (según la organización humanitaria SARE, en esos viajes han muerto ya 16 personas), más aún cuando los viajes han de hacerse en tiempos breves para compatibilizarlos con las obligaciones laborales y personales de los familiares que viajan.

Los sucesivos gobiernos, por otra parte, han hecho también oídos sordos a la reclamación de atención médica adecuada para los presos y presas, así como de la excarcelación para los mayores de 70 que han cumplido 2/3 de su condena y de aquellos que se encuentran gravemente enfermos.

Sigamos refrescando algunos principios de derechos humanos, y de simple lógica. Por una parte, en cualquier sociedad democrática, los presos también tienen derechos, los mismos que el resto de las personas salvo aquellos relativos a la libertad de movimiento y residencia que obviamente limita su condición de preso. En ningún caso, ésta puede justificar la no aplicación de las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Por otra parte, en estas sociedades, es objetivo de la política penitenciaria, junto al cumplimiento de la condena, la reinserción de la persona encarcelada. Reinserción que se facilita, lógicamente, mediante el contacto con sus familiares, entre otros medios.

También resulta obvio que el castigo social y penal a una persona procesada y juzgada por el delito que sea no puede extenderse a su familia, que en principio no tiene ni culpa ni condena.

Sin embargo, resulta que una política sistemática de dispersión y alejamiento como la que se aplica a las personas condenadas por terrorismo etarra, no contribuye ni facilita en absoluto su reinserción, y viola además su derecho a la intimidad y la vida familiar, reconocidos también para personas presas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y ratificados por varias sentencias del correspondiente Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Y esa misma política castiga a sus familiares al imponerles dificultades adicionales, innecesarias y arbitrarias, para el mantenimiento de una relación humana aceptable con la persona presa. Con el coste señalado, tanto en tiempo como en dinero y riesgos personales.

Esto viene a sumarse a la aplicación de legislación y medidas especiales para extender las condenas de este colectivo de presos y presas, más allá, y de forma excepcional, respecto al cumplimiento que les correspondería según las medidas comunes de contabilización y de ‘redención’ de condena.

Veamos ahora la hipocresía de la mayor parte de la ‘casta’, utilizando, para simplificar, un término al parecer ya oficialmente demodé pero bastante expresivo.

Así, la casta nos anima con insistencia a pasar página, es decir, a superar algunos de los hechos dramáticos o conflictivos de nuestro pasado, en particular aquellos que tienen que ver con los múltiples e impunes crímenes del franquismo. Valga como ejemplo de esta campaña pro-amnésica, el editorial de El País del pasado 27 de mayo, titulado precisamente ‘Pasar página’, donde a rebufo de la votación parlamentaria por la exhumación y salida del Valle de los Caídos del cadáver del genocida Franco, recrimina a quienes ‘regresan de tanto en tanto a soplar las brasas que aún titilan (…) para sacar petróleo en el presente’.

Con esa delicada imagen de ‘brasas tililantes’ se sobreentiende que el editorial se refiere a los crímenes franquistas cuya impunidad está amparada, recordemos, en una amnistía (ley de punto final, de facto) impuesta por el chantaje de los epígonos del régimen -con su intacto aparato militar y policial como principal recurso convincente- a los claudicantes partidos mayoritarios de izquierdas, en aquellos meses primeros de la transición, aún de plomo.

Y en cuanto a quienes al parecer andamos embarcados en codiciosas prospecciones petrolíferas, no hay que ser un genio para deducir que se refiere a familiares de enterrados en cunetas y fosas comunes, familiares y víctimas de asesinatos y torturas que contemplamos a los culpables campando por sus respetos, personas cuya identidad fue robada al nacer… muchas y diversas víctimas de aquellos crímenes todavía impunes. En fin, una muy humanitaria y democrática forma de retratarnos la de ese editorial, en la línea, por cierto, del ingenio de aquel personajillo de cuyo nombre no quiero acordarme que consideraba que los familiares de las víctimas sin localizar de los pelotones de Falange y otros asesinos sólo se acordaban de sus muertos cuando había subvenciones.

La hipocresía resulta evidente sólo con preguntarnos ¿por qué la casta no incluye en esto de pasar página también a las víctimas del terrorismo, y no las conmina también a dejar de molestar? ¿Por qué se debe pasar página respecto a hechos que no han sido ni investigados, ni juzgados, ni reparados, y no sobre hechos que en su mayor parte sí lo han sido? ¿Por qué se discrimina a las víctimas del franquismo al no reconocerles siquiera la condición de víctimas del terrorismo, cuando lo son de una forma especialmente perversa de éste, el terrorismo de estado?

Y, fijémonos un poquito más para detectar, junto a su hipocresía, vulgar demagogia y manipulación del dolor. No de otra forma cabe calificar la actitud del gobierno y los partidos centralistas ante el reciente anuncio de desarme de ETA; una reacción de apenas disimulado disgusto, en lugar de la celebración que sería lógica. ¿O no es motivo de celebración el hecho de que una organización armada ilegal, tras haber anunciado, en 2011, su renuncia definitiva a la lucha armada, decida su efectivo desarme mediante la entrega de su armamento?

Por su reacción podría parecer que el gobierno y su partido político prefirieran la permanencia de las armas en poder de lo que queda de ETA, y esto sólo es explicable porque el espantajo de esta organización y su pasado terrorista les sirven para periódicos rituales de exaltación solidaria con sus víctimas, a coste cero; y, sobre todo, para cohesionar sus filas españolistas y patrioteras.

Cualquier gobierno con verdadera convicción democrática aprovecharía estos pasos para tender una mano hacia los sectores sociales abertzales, ayudando a su plena recuperación para la democracia y contribuyendo a la definitiva pacificación y reconciliación en Euskadi, tal como por cierto se viene haciendo en Euskadi desde hace tiempo y desde distintos ámbitos sociales e institucionales. Pero claro, esto resulta poco vendible ante la base ultracentralista del partido del gobierno, a la que hay que seguir azuzando demagógicamente, aunque a estas alturas ya sólo sea contra molinos de viento.

Pero llamemos a las cosas por su nombre, esa hipocresía y demagogia son directamente carencia de honestidad democrática y de compromiso con los derechos humanos. ¿Derechos humanos y civiles? Depende, según para quién. Oportunismo, cálculo electoral, en suma.

Bien, pero ¿y hay alguna otra toxina política circulando en las venas de esta casta? Pues sí, por ejemplo, el totalitarismo. El veneno del franquismo, nunca expulsado del todo, que contamina nuestras instituciones y cultura política, se manifiesta cada día no solo en entidades y representantes políticos que siguen haciendo apología de ese régimen genocida con total impunidad, sino también en sectores de la judicatura y de la policía, visible sobre todo a través de la actual escalada de recorte de las libertades, con procesamientos y encarcelamientos por una interpretación abusiva, totalitaria, de conceptos como ‘apología del terrorismo’ u ‘ofensa a los sentimientos religiosos’.

Es el caso, por ejemplo, de los montajes alrededor de supuestas organizaciones terroristas anarquistas a través de operaciones policiales como ‘Pandora’ y similares, finalmente deshinchadas como los globos que eran; o de la posición adoptada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en el caso de los incidentes de Alsasua, convirtiendo una pelea de bar en un atentado terrorista.

Frente a este estado de cosas y frente al silencio cómplice de medios y partidos, es un deber moral de cualquier demócrata rechazar la política penitenciaria con que el estado se ensaña contra los presos vascos y sus familiares. El auténtico compromiso con los derechos humanos no se demuestra apoyando causas lejanas sin coste político alguno, sino mojándose también en causas que no son rentables electoralmente, sino incluso impopulares, aunque justas, a contramarea de la demagogia y el oportunismo. Valgan estas líneas como contribución personal a esa denuncia


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