¿Por qué se hacen los recortes?

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

No hay plena conciencia ni conocimiento a nivel de la población de que los recortes de gasto público, incluyendo de gasto público social, son (además de totalmente innecesarios y contraproducentes para incrementar la eficiencia económica del país y el bienestar de la población) resultado del enorme poder de lo que se llamaba antes la clase capitalista (y que en EEUU se llama la Corporate Class, es decir, la clase de los propietarios y gestores de las grandes corporaciones financieras, industriales y/o de servicios que dominan la economía del país) sobre sus instituciones políticas y mediáticas. Esta clase ha adquirido unos beneficios extraordinarios como consecuencia de unas políticas fiscales que les han permitido alcanzar unos niveles muy elevados de riqueza, a costa de empobrecer al Estado, el cual, a fin de cubrir los déficits públicos (resultantes de la merma de ingresos como consecuencia de los beneficios fiscales a los miembros de tal Corporate Class) están recortando y recortando el gasto público, incluyendo el social.

Soy consciente de que esta observación será inmediatamente ignorada, marginada o definida por los establishments financieros y económicos  (como Fedea y otros centros de investigación económica financiados por la Corporate Class) como “demagógica”, el insulto menos hiperbólico de los muchos que utilizan. Pero veamos los datos, que los que utilizan dicho término sistemáticamente ignoran. Uno de los países donde la información fiscal es más detallada es EEUU.

El impuesto de sociedades (el impuesto sobre los beneficios) era en EEUU, como promedio, en los años 60 y 70 del pasado siglo, el 52% de los beneficios. De cada dólar que las grandes empresas conseguían como beneficios, 52 céntimos iban al gobierno federal. En realidad, los ingresos procedentes de este impuesto representaban el 33% de todos los ingresos al Estado federal. Pero todo esto cambió con la elección del Presidente Reagan, el gurú de los neoliberales (economistas como Sala i Martín y los de Fedea). Este Presidente bajó dicho impuesto al 35%, con lo cual los ingresos al Estado federal procedentes de este tipo de impuesto bajaron a un 9% de todos los ingresos al Estado federal. Pero además de bajar los impuestos a los beneficios, Reagan facilitó la desregulación de la movilidad de capitales, es decir, facilitó que las grandes empresas desplazaran sus actividades económicas a otros países, con lo cual las empresas dejaron EEUU en busca de mano de obra barata y también en busca de paraísos fiscales o países (como Irlanda) con impuestos de sociedades mucho más bajos, como el 12%. El resultado de todo ello es que las grandes empresas, aunque nominalmente pagan el 35% (uno de los porcentajes más altos de la OCDE, el club de países más ricos del mundo) de sus beneficios en impuestos, en la práctica pagan mucho menos, y algunos de ellos, mucho mucho menos. Entre ellas está Amazon (6%), Apple (14%), General Electric (16%), Coca-Cola (16%), Sheraton Hotels (8%), Carnival Cruise (0,6%), Google (17%), Boeing (7%) y un largo etcétera. El Congreso de EEUU acaba de publicar un informe que ha documentado lo que la población ya sabe, que es que las grandes empresas no pagan lo que deberían. Cerca del 70% de la población de EEUU considera que las grandes empresas pagan muy pocos impuestos (incluso aquellas que están casi cumpliendo lo que se les exige por ley, como Exxon (37%), Whole Foods (35%), Best Buy (35%), Gap (35%) y otras). La bajada de impuestos sobre los beneficios iniciada por el Sr. Reagan significó una gran bonanza para esas compañías y sus accionistas.

Para compensar las bajadas, el mismo Presidente Reagan subió los impuestos de todos los demás (es decir, del 99% restante de la población) y lo hizo, no solo una, sino dos veces (ver James Livingston, “If Companies Are People…”, The New York Times, 14.04.13). Subió los impuestos sobre la renta y muy en especial sobre la renta derivada del trabajo –a costa de bajar los de la renta derivada del capital- y también subió las cotizaciones a la Seguridad Social, incrementando en la práctica la aportación de los trabajadores. El presidente Reagan fue una bendición para la Corporate Class y una pesadilla para casi todos los demás. Los impuestos sobre la renta del trabajo pasaron a representar, junto con las cotizaciones sociales, el 80% de todos los ingresos al Estado.

Estas medidas incrementaron la regresividad de la política fiscal de una manera muy acentuada. El Estado pasó a depender en gran medida de las rentas del trabajo, que contribuyeron de una manera muy marcada a las arcas del Estado a costa de que las rentas del capital bajaran su contribución muy acentuadamente. Es más, la carga sobre las rentas del trabajo incrementó también su regresividad, de manera que las rentas más bajas pagaron porcentajes mayores en impuestos que las rentas altas. La manera de financiar la Seguridad Social, incluyendo las pensiones públicas, es a base de cotizaciones sociales sobre el salario del cotizante hasta una cierta cantidad máxima (113.000 dólares), por encima de la cual no se paga. Esto explica que, mientras el 20% de trabajadores con salarios más bajos paga a la Seguridad Social un 7,3% de su nómina, el 1% superior en salarios paga solo un 0,9%. Todos estos cambios han contribuido al enorme crecimiento de las desigualdades que ha ocurrido desde el inicio de la era neoliberal con el Presidente Reagan.

Argumentos que se dan a favor de las desigualdades

Estas políticas no podían promoverse con el argumento de que estaban beneficiando a los súper ricos. Aunque los datos son claros y contundentes, la narrativa liberal no puede ser tan clara y cruda. De ahí que deba vestirse de seda. Es decir, se tiene que presentar que estas políticas, aunque beneficien a los ricos (y la evidencia es tan contundente que no pueden negarlo), benefician también a todos los demás. ¿Cómo? Las respuestas son varias. Veámoslas una a una y la evidencia de que la avalen o no la avalen.

1. Las desigualdades son buenas porque el hecho de que los ricos tengan más dinero quiere decir que ahorrarán más. Con ello habrá más capital para invertir y crear empleo (lo de “crear empleo” siempre aparece en letras mayúsculas). La evidencia existente, sin embargo, no avala este supuesto. En realidad, las tasas de inversión y crecimiento económico en EEUU fue mayor en la época 1960-1980 que en la de 1980-2000. De hecho, uno de los periodos con menor ahorro, menor inversión y menor crecimiento económico fue durante el periodo 2001-2003, cuando el Presidente Bush redujo de una manera muy acentuada los impuestos del capital y de las rentas superiores. Mientras, el incremento de las rentas del capital se tradujo primordialmente en actividades especulativas que configuraron las sucesivas burbujas, siendo la más importante la inmobiliaria. Por otra parte, estos recortes de impuestos significaron un enorme agujero en los ingresos al Estado, determinando el incremento del déficit estructural del Estado federal. Cuando apareció la crisis, al final de su mandato, tal déficit se intentó reducir a base de recortar el gasto público, incluyendo el social.

2. La eficiencia económica requiere un aumento de las desigualdades a fin de estimular e incentivar el aumento de la productividad. Esta postura que alcanzó niveles de dogma en la sabiduría convencional, ha perdido su credibilidad. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha terminado aceptando que el elevado nivel de desigualdades interfiere en la eficiencia económica, obstaculizando el estímulo económico basado en la demanda doméstica, impulsada por una mayor capacidad adquisitiva de la mayoría de la ciudadanía, resultado de medidas redistributivas que transfieran fondos de las clases pudientes con escaso consumo y elevada especulación hacia las clases populares, cuyas elevadas necesidades determinan un inmediato consumo en las áreas de la economía productiva. En realidad, la evidencia muestra que la mejor manera de estimular la economía no es bajando los impuestos (que por regla general beneficia a las rentas superiores), sino subiendo los impuestos de estos sectores pudientes y, con los fondos obtenidos, crear empleo entre los grupos sociales con menor empleo.

3. No hay que subir los impuestos a los “súper ricos”, pues ellos ya gastan gran cantidad de recursos en pagar impuestos. Este argumento lo hacen economistas liberales que, por regla general, muestran en gráficos como el 1% de renta superior (los súper ricos) ya paga el 20% de todos los impuestos. Hacerles pagar más es un “expolio” –así lo dicen en sus programas televisivos- donde “dan lecciones de economía”. Lo que estos autores no dicen es que este 1% posee el 40% de toda la riqueza del país y más del 20% de toda la renta. Que paguen solo el 20% de todos los impuestos  muestra claramente la regresividad de las políticas fiscales, pues si estas fueran progresivas, los súper ricos pagarían mucho más que el 20% de los impuestos.

La situación en España

Una de las áreas donde hay más opacidad en España es en quién paga impuestos y cuánto paga. Uno de los indicadores de la baja calidad de la democracia en España es precisamente la falta de información fiscal. Ahora bien, existen más que indicios de que lo que he estado describiendo sobre EEUU es incluso más acentuado en España. Así, el impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas es de los más bajos de la OCDE y mucho más bajo que en EEUU. Es un 30% en lugar de un 35% (. Pero, como también ocurre en EEUU, la tasa real, a diferencia de la nominal, es incluso tan baja como la de EEUU (un 10%).

Otra semejanza es que los gobiernos españoles, incluyendo el del Sr. Zapatero, han bajado los impuestos creando un déficit estructural que se ha intentado corregir a base de recortes. Por ejemplo, la bajada de impuestos del 2006 contribuyó al  déficit de casi 27.000 millones de euros de 2008, que más tarde se intentó reducir a base de recortes. Se congelaron las pensiones para conseguir 1.500 millones de euros, cuando podrían haberse conseguido más recursos (2.500 millones) recuperando el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones (más de 2.500 millones). Algo semejante ocurrió con el gobierno Rajoy, que ha recortado 6.000 millones de euros en sanidad, cuando podría haber conseguido más dinero anulando la bajada del impuesto a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, consiguiendo 5.200 millones de euros.

En cada uno de estos recortes se ve que lo que determina que se hagan es el poder de la clase social que estará afectada con tales recortes. Así de claro. Y de ello no se habla en los medios de mayor difusión. Y a esto le llaman “democracia y libertad de expresión”.

Artículo publicado en la revista Sistema el 6 de junio de 2013