Quizá por un deseo romántico, siempre he pensado y aún sigo pensando que los jueces no se prostituyen y prevarican ni la justicia está regida por la política. No creo que los jueces empañen su honorabilidad personal y profesional y a sabiendas dicten resoluciones que estimen injustas. Y creo que el manido tópico de citar a Montesquieu para defender a ultranza la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como si fueran compartimentos aislados, ha quedado desfasado dada la variación de las circunstancias políticas desde que Montesquieu lo consignó. Hoy todo está comunicado e interrelacionado, pero ello no quiere decir que un poder deba someterse a los otros. No es lo mismo una Monarquía absoluta que una Monarquía parlamentaria.

Pero si los ciudadanos siempre han mostrado desconfianza hacia la justicia, ahora, con las modificaciones en sus estructuras introducidas por el Partido Popular, tal desconfianza no mejor, sino que empeora si se analizan objetivamente esas medidas.

Puesto que no es constitucional la elección directa por el pueblo de los cargos directivos para el gobierno de la justicia, amén de que los ciudadanos no sabrían a quién votar, y puesto que también que la elección de sus representantes por los propios jueces llevaría al corporativismo, a un gremialismo medieval y a una endogamia dañina, la única posibilidad de elección de los cargos rectores corresponde al Parlamento, como representante que es del pueblo. Lo que ocurre es que si esas normas de elección se ven alteradas porque el poder político, en este caso el PP con su mayoría absoluta, y las cambian en su propio interés, el sistema se convierte en perverso. El cambio de atribuciones y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, órgano político rector, hace que, al contrario de lo que ocurría hasta ahora, las decisiones importantes que haya de tomar, entre ellas los nombramientos de los magistrados de las altas instancias, se puedan decidir sin necesidad de acuerdos consensuados, politiza gravemente la justicia, y la sume en una espiral de intereses y favoritismos. El PP copa todas las decisiones y todos los puestos relevantes, con lo que la justicia queda a su arbitrio. No porque los jueces prevariquen, sino porque únicamente se elegirán los más cercanos y nada dudosos ideológicamente. Lo están haciendo en todos los campos (el nombramiento del Presidente del Tribunal Constitucional y parece que el del CGPJ también lo será), y de ese modo sí que la muerte de Montesquieu y de la separación de poderes se consumará. El Estado soy yo, podrá decir Rajoy desde ahora; ordeno y mando en el Gobierno, en el Parlamento y en la Justicia. Para conseguirlo no ha necesitado más de los dos años que hoy se cumplen de su llegada al poder.