Dinero de los pobres para los pobres
Al término de una reunión informal en la ciudad francesa de Burdeos, los titulares de Desarrollo de la Unión Europea respaldaron la creación de un fondo para ayudar a los agricultores de los países pobres que sería financiado con el dinero de la Política Agrícola Común (PAC). Los ministros consideran estas medidas "indispensables" para hacer frente al aumento de la población y el consumo.
Por otra parte, los titulares de Desarrollo han pedido a los países de la UE que definan estrategias a largo plazo para "combatir las causas profundas de la crisis", dar un nuevo impulso a la agricultura familiar sostenible y apoyar el desarrollo y las inversiones del sector privado en estos países. Además, han abogado por mejorar las "críticas condiciones" en las que se encuentra la producción agrícola en esas zonas y ayudar a esos países para que sean "menos vulnerables a la volatilidad de los precios y la escasez de alimentos".
De esta forma, la noticia de que la UE va a destinar 1.000 millones de euros para mejorar la agricultura de los países pobres me parece muy bien. El problema es que este dinero proviene del que debían y no han dado a los agricultores europeos, por lo que, sin duda, se trata de dinero de los pobres agricultores europeos que ahora pretenden dar a otros países.
Domingo Martínez /Baños de Valdearados (Burgos)

La Ley penal
Se ha venido avanzando en la humanización y seguridad de la Ley penal desde la Ilustración, con paso lento y racional. En el ensayo De los delitos y las penas, Cesare Be-
ccaria (1738-1794) abogaba por erradicar de la Justicia la tortura que era usada para la confesión del acusado: el físicamente fuerte no confesaba aunque fuera culpable, mientras que el débil lo hacía aunque no lo fuera, por evitar el dolor físico.
Sólo una muerte legal que fuese injusta justificaba el no a la pena de muerte. Un principio de la ley penal es que sólo se aplique con efecto retroactivo en el caso de que beneficie al inculpado.
Lo anterior se refiere al caso del asesinato de la joven Marta del Castillo. Un hecho absolutamente deleznable, pero si el Gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial hubieran de gobernar, legislar e interpretar la ley a golpe de emociones, de particularidades puntuales de los hechos que ocurren en la sociedad, asistiríamos a una inseguridad de la aplicación de la ley, amén de retroceder, en la mayor parte de los casos, sobre los avances conseguidos a través del pensamiento y la razón, que es como se justifica la propia civilización.
¿Cadena perpetua? Después vendría la pena de muerte. Voces hemos oído en ese sentido, en alguna ocasión, acerca de ETA. Otra cosa diferente es la seguridad de que se cumpla la pena.

La ética ausente del PP
El lunes vimos cómo el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, presentó su dimisión al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el cual se la aceptó. Bermejo ha dado un ejemplo de ética política y personal al dimitir de su cargo tras la cacería humana que viene sufriendo por parte del PP, por la simple afición a la caza y coincidir con el juez Garzón en una cacería organizada por un ex concejal del Partido Popular.
Creo que con esta dimisión se vuelve a demostrar cómo actúan los diferentes partidos. Mientras en el PSOE la ética personal y el compromiso con el proyecto y el partido hacen que cuando una actuación personal perjudica al conjunto se dimite, en el PP miran a otro lado.
El PP solicita dimisiones, pero ellos nunca ejercitan con el ejemplo, se enrocan y se protegen, incluso en situaciones de imputaciones gravísimas, como en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana. No depuran responsabilidades, como con la nefasta gestión de la catástrofe del Prestige, en la que aprovecharon para irse de caza, o en el accidente del Yak-42, donde el responsable político de esas 62 muertes se sienta aún en el Congreso de los Diputados, para mantener su estatus de aforado.
Creo que esta ética política que ejerce el PP se escenifica en su apoyo a alcaldes transfugas que, además, están imputados en varios delitos, como el actual alcalde de Castro Urdiales, o las tramas de corrupción descubiertas en Baleares, Madrid, Valencia, Murcia o Canarias que implican a sus cargos públicos.
Raúl Santiago García

Y la presa cayó
El PP ha conseguido su objetivo. Ha abatido la preciada presa que perseguía: el ministro Bermejo. No obstante, es preciso reconocer que el mérito de semejante hazaña no es del PP, sino del propio Bermejo, que se expuso irresponsablemente ante los cazadores conservadores.
Ahora bien, una vez cobrada la pieza, cabe preguntarse a quién perjudica o beneficia dicha dimisión. Y, en ese sentido, a pocos días de las elecciones vascas y gallegas, es posible que el PP hubiera obtenido más réditos electorales con el ministro de Justicia en activo en lugar de dimitido. Porque, yo me pregunto, sin un Bermejo para desviar la atención de los electores, ¿qué argumentos utilizaran ahora los dirigentes de un Partido Popular salpicado por infinidad de presuntos casos de corrupción y espionaje?
Pedro Serrano Martínez/Valladolid