Escribía hace unos meses sobre la creciente dificultar de distinguir entre lo que en inglés llaman "Homeland Security" (la seguridad interior, vinculada a los grandes riesgos, tipo terrorismo) y la "community safety" (la seguridad del día a día, la vinculada a la policía de proximidad y a la calidad de vida) en políticas públicas de seguridad.

Especialmente desde el 11-s, las fronteras entre los dos términos se han ido esfumando, a como mínimo haciéndose borrosas. De repente, miedos "exteriores" justifican controles cotidianos, y los mecanismos cotidianos de seguridad se centran en el "otro" como amenaza nacional en potencia.

En parte todos somos cómplices de esta situación: sea por cómo hemos digerido los grandes atentados del siglo XXI (en esta parte del mundo), o por el énfasis mediático global en la relación terrorismo-migración-inseguridad, muchas veces nuestros miedos cruzan esa frontera entre "security" and "safety" y reproducen las dinámicas preventivas y basadas en el profiling tan en boga actualmente.

Pero una cosa es que un ciudadano/a, en una conversación de bar, mezcle la inmigración con el terrorismo con la pobreza con el velo, y la otra es que lo hagan los responsables de las políticas de seguridad, que conscientes de que este tipo de asociaciones de ideas atentan contra derechos básicos (presunción de inocencia, sin ir más lejos), entran en el juego de confundir términos.

El caso reciente de la ciudad británica de Birmingham es paradigmático: hace unas semanas, la policía instaló más de 200 cámaras de videovigilancia para combatir "la delincuencia, el desorden y los comportamientos antisociales" en algunos de los suburbios de la ciudad con un mayor porcentaje de población musulmana.  Estos fueron los objetivos que se les comunicaron a los pocos representantes de las zonas a los que se les informó de la iniciativa policial, hasta que hace unos días The Guardianhizo público que los 3 millones de libras de financiación del proyecto provenían del fondo de Terrorismo y Temas Relacionados. Es decir, que el objetivo no era proteger a los habitantes de esos barrios de la pequeña delincuencia, sino proteger al resto del país de esos ciudadanos, terroristas potenciales por su confesión religiosa y lugar de residencia.

De nuevo, la distancia entre los objetivos declarados y los reales de las políticas securitarias se convierte en un abismo que entierra garantías democráticas, principios fundamentales, exigencias mínimas de responsabilidad política y la necesidad de justificar los altos costes de unas políticas que, hasta la fecha, han demostrado ser incapaces de hacernos sentir más seguros.

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P.D.

Algunas actualizaciones de posts anteriores:

Nuevas notícias sobre el mosquito anti-jóvenes, aquí

Análisis de Statewatch del programa lib-dem sobre vigilancia en Gran Bretaña, aquí