El análisis que el gobernador del Banco de España ha hecho de las cajas de ahorros en su última comparecencia pública es más propio de un recién llegado que de alguien con casi cinco años de antigüedad en el cargo. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ atribuyó la culpa de la situación que atraviesa el sector a quienes desaprovecharon la bonanza económica para proceder a su reforma. Aludió con más o menos sutileza a los políticos que llevaron las riendas del país antes de la crisis, fuesen del PP o del PSOE, y a su predecesor, JAIME CARUANA. Lo que no dijo Fernández Ordóñez es que él mismo, en calidad de secretario de Estado, tuvo responsabilidades en el Ministerio de Economía entre 2004 y 2006. Tampoco se le escuchó la menor autocrítica, pese a que cuando aterrizó en el Banco de España aún existía margen de maniobra para prevenir algunas de las cosas que luego han ocurrido.

La queja del gobernador se refería particularmente a la profesionalización de las cajas de ahorros, por la que lleva batallando ya algunos años, aunque con una fuerza moral muy relativa, ya que el suyo también es un cargo de designación política. Es verdad que para conseguirla se necesita un amplio acuerdo, sobre todo entre los dos grandes partidos, que se han manifestado a favor de transitar ese camino, pero casi siempre de boquilla. Sin su resistencia a perder poder en unas entidades que representan más de la mitad del sistema financiero español, la gestión de las cajas de ahorros se hubieran despolitizado hace tiempo.

Ahora bien, por lo que atañe al reforzamiento de su solvencia, Fernández Ordóñez no tiene derecho a llamarse a andana. Con la exhaustiva información que maneja, sabía que tarde o temprano iba a convertirse en un problema. Y si no, le hubiera bastado con escuchar las advertencias que en marzo de 2009 lanzó ante el Parlamento JUAN RAMÓN QUINTAS, presidente de la CECA. Sin embargo, las nuevas exigencias de capital apenas tienen tres meses de vida y sobre eso algo debería explicar el Banco de España.