Después de las salidas a Bolsa de Caixabank, Bankia y Banca Cívica el pasado mes de julio, ahora llega el turno de Loterías y Apuestas del Estado, cuya OPV está previsto que reciba mañana mismo la preceptiva luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En volumen, esta OPV será de lejos la más importante de la historia de España, pues el Gobierno espera cosechar con ella la friolera de 7.000 millones de euros; es decir, poco menos de lo que alcanzaron en su día, por ejemplo, las de Iberdrola Renovables y Criteria juntas.

Si en el caso de Caixabank, Bankia y Banca Cívica había un amplio consenso político sobre la conveniencia de facilitar la entrada de inversores privados en el ámbito de las cajas de ahorros, la colocación de Loterías, en cambio, cuenta con el abierto rechazo del PP. Mientras que el Gobierno se niega a malgastar esta oportunidad de reducir el déficit público con los ingresos obtenidos, los responsables económicos del primer partido de la oposición consideran que en realidad esto es pan para hoy y hambre para mañana. Sólo en 2009, Loterías ganó 2.900 millones, que fueron a parar directamente a las arcas de Hacienda; sin embargo, los beneficios que se generen año a año tras la OPV será inevitable compartirlos con los nuevos accionistas.

Por las peculiares características del negocio del juego y por cómo se ha diseñado la operación, es altamente probable que esta consiga seducir al pequeño ahorrador que ahora alimenta las imposiciones a plazo de las cajas y de los bancos. Loterías es un negocio saneado, muy poco expuesto a los ciclos, y su rentabilidad para el inversor se calcula que puede rondar el 8%, un porcentaje muy superior al de cualquier depósito y que ha provocado el presumible malestar de las entidades financieras. Además, la empresa presidida por AURELIO MARTÍNEZ ha decidido que el pago de los dividendos sea mensual, cosa que constituye sin duda un atractivo añadido.

Como el objetivo es sacar a Bolsa alrededor del 30% del capital, Loterías tiene que ser valorada por encima de los 23.000 millones de euros para que el Gobierno cumpla su objetivo inicial de recaudación. Con los mercados funcionando en condiciones normales, esa cifra no sería descabellada, toda vez que equivale a ocho veces el beneficio. Pero, tal y como andan las cosas, habrá que ver si los inversores institucionales, que a la postre fijan el precio, están por la labor o se impone el principio de que, mientras más bajo pujen ahora, más dinero ganarán luego.