Pere Ortega, Centre Delàs de Estudios por la Paz
El régimen político español nacido en 1978, hoy se ha convertido en un sistema inservible y corrupto, y en ese sentido escasamente democrático. Ahí están los escándalos mayúsculos que rodean a la monarquía, al Tribunal Constitucional y a los grandes partidos que han  gobernado el Estado central y muchas de las autonomías (también Cataluña); sin olvidar las inútiles leyes que regulan las elecciones y la financiación de los partidos.

Un régimen político que hoy se ve perturbado por la demanda de una consulta sobre la autodeterminación en Cataluña. Una demanda ampliamente apoyada – así lo indican las encuestas - por la población catalana. Esta reivindicación está fundada por el desprecio mostrado por las instituciones políticas que gobiernan España, que comenzaron con la sentencia del Tribunal Constitucional que, en 2010, anulaba diversos artículos e interpretaba otros de forma restrictiva del Estatuto aprobado por el Parlamento y refrendado por la ciudadanía catalana. Sentencia que frenaba las aspiraciones de un mayor autogobierno. Luego el gobierno del PP ha continuado añadiendo agravios contra Cataluña: una ley de educación que es una agresión a la enseñanza del catalán; no cumplir los compromisos de financiación para paliar el déficit fiscal contemplado en el Estatuto vigente; impedir un impuesto sobre depósitos bancarios; o aprobación de leyes estatales que hacen retroceder derechos, como la de seguridad ciudadana o el aborto.

Tanto despropósito ha hecho que en Cataluña aumente la desafección hacia el gobierno central español y refuerza las posiciones soberanistas que reclaman el denominado "derecho a decidir". Para unos, conseguir la independencia; para otros, la construcción de nuevas formas de relación federal o confederal en España.

Esta combinación de factores ha acentuado la crisis del régimen político que aparece hoy agotado, incapaz de ofrecer un futuro esperanzador a la ciudadanía. Así, en Cataluña, múltiples voces se manifiestan por una nueva transición política que permita ampliar la democracia hoy en manifiesto retroceso. Cierto es que muchas de estas voces reclaman, en Cataluña, la independencia, pero no todas. También las hay y numerosas, que apoyando la consulta reclaman no separarse de España, sino crear un estado federal o confederal que de plena satisfacción a las demandas de autogobierno. Como prueba la pregunta aprobada por los partidos catalanes favorables a la consulta. Pregunta que aunque ambigua y abierta a diferentes interpretaciones, responde a una realidad social: la existencia de dos almas en Cataluña, una federal y otra que quiere la independencia.

Pues en Cataluña hay mucho federalista con una identidad compartida, que se siente igual de cómodo con la cultura catalana cómo con la castellana y hermanado con las otras culturas de la península, que utiliza dos lenguas como vehiculares y vive esta situación con absoluta normalidad.

Entonces, la consulta que se reclama en Cataluña debería tener un amplio respaldo entre la población del resto de las comunidades, especialmente entre las gentes de izquierdas que quieran romper con la hegemonía españolista de la derecha que nos gobierna, pues puede ayudar a la ruptura del estado actual; abrir un nuevo proceso constituyente que obligue a renegociar las relaciones territoriales y posibilite una reforma que reconozca que España es multicultural y que la comunidades históricas deben tener plena capacidad de autogobierno; también podría abrir la posibilidad de la aparición de nuevas fuerzas políticas que accedan a las instituciones y que abran un nuevo reparto de poderes mucho más democrático que el actual.

Apoyar la consulta en Cataluña es, sin duda, beneficioso para recuperar los derechos democráticos hoy perdidos por las políticas aplicadas por el Partido Popular.